La irrupción de las gasolineras 'low cost' pone en alerta al sector en Aragón

Los empresarios convencionales aseguran que incumplen una serie de normativas.

Imagen de archivo de una gasolinera aragonesa
Una gasolinera convencional
HA

En tiempo de crisis, cada ciudadano tiende a mirar cada vez más su bolsillo, y en los carburantes no es para menos. A pesar de que el sector ha enlazado años de descenso de consumo y que el precio del gasóleo y la gasolina se encuentra en la actualidad más controlado, son muchos los usuarios que prefieren conducir un poco más en busca de esa gasolinera en la que han detectado que pueden ahorrar unos cuantos euros a la hora de llenar el depósito. Un rol que antes jugaban las gasolineras de cooperativas agrícolas que permitían repostar a cualquier usuario, pero que, ahora, están copando en toda España las llamadas gasolineras 'low cost'.


Este tipo de establecimientos ha tenido un gran auge desde que hace poco más de un año el Gobierno central decidiera liberalizar la competencia en el sector ampliando el suelo disponible para estas instalaciones. Su funcionamiento y rentabilidad -tanto para el propietario como para el consumidor- se basa en la reducción de personal, llegando a implantarse en el último año las denominadas 'gasolineras desatendidas', que ofrecen autoservicio las 24 horas del día sin que haya ningún empleado. Una fórmula que permite una reducción del precio del litro de entre 7 y 14 céntimos, pero que ha suscitado las críticas de los empresarios de las estaciones convencionales, que creen que, además de no dar empleo, incumplen una serie de normativas de seguridad y de atención al cliente.


En Aragón esta fórmula tan radical aún no se ha asentado apenas, aunque sí que han proliferado en los últimos dos años las gasolineras que cuentan con un par de empleados en horario de mañana y tardes y que, durante la noche, singuen prestando autoservicio sin personal. Un modelo "completamente legal y que cumple con todas las normativas estatales", según explican desde la DGA, que es la encargada de dar luz verde a la apertura de cualquier centro de este tipo de los que afirman que manejan cada día más solicitudes.


En total, de las más de 400 gasolineras que existen en la Comunidad, se estima que en la actualidad más de una veintena responden al modelo 'low cost', localizadas sobre todo en centros comerciales y zonas de gran tránsito. Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR) y dueña de una gasolinera en Zaragoza que da empleo a 17 personas, es una de las empresarias que se oponen a las gasolineras desatendidas. "Entendemos que estas gasolineras incumplen varias normativas de consumo en lo relativo a la atención al cliente. Nosotros por ejemplo si un cliente nos pide que justifiquemos la calidad del combustible estamos obligados a realizar pruebas inmediatas. Además, creemos que es evidente que ante cualquier emergencia este tipo de instalaciones no están preparadas para abordarlas como es debido", recalca Soto, explicando que desde AESAR van a solicitar una reunión con el departamento de Industria para explicar punto por punto lo perjudicial de estos establecimientos.


Entre la serie de perjuicios que los empresarios convencionales estiman que pueden ocasionar las gasolineras desatendidas, destaca también la falta de atención a personas minusválidas, la falta de control sobre si algún cliente fuma en los alrededores, o la imposibilidad de reponer cualquier desperfecto o riesgo que suceda durante el servicio, aunque la Administración recalca que a todas estas instalaciones se les está pidiendo que instalen sistemas antiincendio automáticos.

Cada comunidad ha actuado de forma distinta


Desde que comenzara el particular 'boom' de las 'low cost', algunas Comunidades Autónomas han tomado la cabeza en su implantación. A día de hoy, en Cataluña, Valencia o Madrid se aprueba mensualmente la apertura de una media de 8 de estas bombas, que han prosperado mediante un sistema de franquicias en la que cualquier inversor puede entrar.


Sin embargo, no todas las autonomías han aceptado de tan buenas maneras la novedad. En Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz las ha vetado a petición de los sindicatos, situación que ahora también se está debatiendo en Asturias.