Agapito advierte al juez que lo recusará "si sigue instruyendo" el caso "al dictado" de la prensa

El dueño del Real Zaragoza considera una "grave ilegalidad" que se le retire el pasaporte porque se publicara que iba a viajar al extranjero. Le acusa de tener "un criterio predeterminado" sobre su culpabilidad

Agapito Iglesias.
Agapito advierte al juez que lo recusará "si sigue instruyendo" el caso "al dictado" de la prensa

El dueño del Real Zaragoza y del grupo Codesport, Agapito Iglesias, ha pasado al ataque. En un duro escrito dirigido al juez del caso Naves, Francisco Picazo, le advierte que lo recusará "si sigue instruyendo" las diligencias "al dictado de lo que publican los medios de comunicación" y adoptando medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, "absolutamente injustificadas y arbitrarias".


Los abogados del empresario, Javier Sánchez-Junco y Miguel Ángel Alemán, son tajantes al aseverar que Picazo tiene ya "un criterio predeterminado sobre su culpabilidad" pese a las "numerosas diligencias" que acreditarían la inexistencia de indicios de delito. Por todo ello, avisan al juez de que si persiste en su forma de actuar "a buen seguro" solicitarán que sea apartado "inmediatamente de la investigación por una evidente pérdida de imparcialidad".


La defensa tendrá que mover ficha en cuestión de días, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza debe resolver el recurso de reforma contra la retirada del pasaporte, que el dueño del Zaragoza entregó a los dos policías que se personaron en su domicilio de Madrid el día 9 para darle la cédula de notificación.


Agapito Iglesias está más que molesto por los dos últimos autos del juez, en los decidió retener cualquier dinero que obtuviera de la venta del Real Zaragoza y prohibirle la salida del país. En ambos escritos citó a los medios de comunicación.

Para justificar su decisión de trabar cualquier ingreso por la venta del club deportivo, el instructor del caso Naves hacía mención expresa a una noticia de este diario en la que se informaba de la marcha de la venta del club: "Por este Juzgado de Instrucción se ha tenido conocimiento a través de la edición miércoles 7 de mayo del rotativo Heraldo de Aragón que el imputado en las presentes actuaciones Agapito Iglesias García tiene cita en esta misma fecha en una notaría de Madrid con unos empresarios aragoneses con la intención de vender el tanto por ciento de sus participaciones del Real Zaragoza".


Dos días después, Francisco Picazo volvía a emitir un auto, el de la retirada del pasaporte, en el que se constata su solicitud al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía de rastreo del supuesto viaje del empresario a Perú, del que había informado otro periódico aragonés. "No es de recibo dirigir la instrucción de un proceso penal en función de las noticias que se publican en los medios de comunicación, que es lo que lamentablemente está haciendo el instructor y que, por desgracia, se está convirtiendo en una práctica habitual", señalan los abogados. Y añaden que lo "absolutamente indignante" es que acordara la retirada del pasaporte, que afecta al derecho fundamental de libertad de circulación, "en base" a informaciones periodísticas."Presunción de culpabilidad"

La defensa de Agapito Iglesias subraya que en un proceso penal debe regir "el principio de presunción de inocencia y no de culpabilidad". De paso, critica al juez por haber constatado por el informe policial que dicho viaje a Perú "no se iba a producir", aunque pone de manifiesto que, de haber sido cierto, no tenía "nada de particular" por tratarse de un empresario que viaja al extranjero.


A su juicio, que el juez resuelva de oficio medidas cautelares en base a lo que publican los medios de comunicación "constituye no solo una gravísima irregularidad sino una flagrante ilegalidad, al haberse prescindido de las más elementales normas de procedimiento". Además, los abogados recriminan que no les diera la más mínima posibilidad de poder efectuar alegaciones o dar explicaciones.


Para sostener su recurso de reforma contra la retirada de pasaporte, los letrados señalan que era "absolutamente incierto" que Agapito Iglesias hubiera reservado billetes para viajar a Perú y que hace medio año voló a Ecuador y volvió a España. En este sentido, añaden que el arraigo de su defendido es "incuestionable".


Pese a la contundente respuesta de Agapito Iglesias, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha respaldado por el momento los criterios del instructor del caso Naves, que investiga el desfase de 17,8 millones de euros en la construcción de 119 naves encargadas por Plaza a Codesport y por el que ha imputado al empresario, al exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y al exgerente y exdirector técnico de Plaza, Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez, respectivamente. Así, el tribunal desestimó los recursos presentados por Agapito Iglesias y el exgerente de Plaza contra la imposición de una fianza solidaria de 18,8 millones de euros al entender que sí había "indicios racionales de criminalidad" y que su medida tenía "justificación".


El dueño del Real Zaragoza puso como garantía para cubrir dicha fianza sus acciones en tres sociedades, a través de las cuales controla el club deportivo. Su valoración económica la tiene que hacer un perito judicial tras haberlo solicitado el juez.


También está pendiente de que Hacienda entregue su informe económico de los flujos económicos y patrimoniales de los imputados entre los años 2005 y 2010, el periodo en el que se fraguó el desfase millonario en la promoción de las naves industriales.


A petición de la acusación popular, ejercida por Irene Romea en representación de UPyD, el juez solicitó no solo el rastreo del dinero que movieron, sino el estudio de todas sus "cuentas bancarias, declaraciones tributarias o cualquier otra documentación de los ejercicios 2005 a 2010, inclusive".


El informe pericial sobre el coste de construcción de las 119 naves, encargado al arquitecto Teodoro Ríos a mediados de marzo, será clave para el caso. Otro encargado por Plaza confirma el desfase, que Agapito Iglesias pretende contrarrestar con otro.Personación de Manos Limpias

Por otra parte, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso del sindicato Manos Limpias para personarse como acusación popular en otro de los casos abiertos de la plataforma, el que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza por el desfase millonario en las obras de la planta de Caladero en Plaza, de cuya tramitación se encargó la sociedad pública Plaza Desarrollos Logísticos.