Padres y profesores piden las mismas oportunidades para los niños con dificultades

Profesores y padres de alumnos llevaban años reclamando un marco normativo que fijase los protocolos de actuación para asegurar la igualdad de oportunidades de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. No solo de los niños con discapacidad, sino también de los alumnos que, por determinadas circunstancias, necesitan programas especiales o una atención extra prolongada en determinados periodos de su etapa escolar. Por ejemplo, los niños adoptados procedentes de otros países que se incorporan a una edad tardía al sistema educativo, los chavales con déficit de atención o los alumnos con dislexia.

En los últimos días, Educación ha publicado, para someter a la fase de información pública, tres proyectos de órdenes que desarrollan el decreto de educación inclusiva, una apuesta de dos millones de euros del Gobierno de Aragón a desarrollar de aquí al 2017.

Estas órdenes concretan algunos aspectos que hasta ahora dependían de la buena voluntad de los centros educativos y sus profesores. Por ejemplo, regula la posibilidad de que los niños adoptados con un desfase escolar significativo puedan acceder a un curso diferente del que les corresponde por edad. Uno menos en Primaria, dos menos en Secundaria. Algo que ya se venía haciendo pero que dependía exclusivamente del centro y los padres del niño. A veces, del servicio provincial. Ahora, será necesaria una evaluación psicopedagógica previa antes de decidir qué tipo de medidas adoptar en cada caso. La misma orden establece, además, que los niños que no tengan unos conocimientos del castellano del nivel B1, requerirán de un refuerzo del idioma.

Criterios iguales para todos

La presidenta de la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón, Mercedes Navarro, considera que la comunidad está avanzando por el buen camino en este sentido: "Es una reivindicación que veníamos manifestando desde hace mucho. Que las decisiones no dependiesen del centro, la familia o un profesor. Cada vez vienen niños adoptados en edades más elevadas (6 o 7 años) y cuanto más mayores son más se nota el retraso y peor lo pasan. Algunos no han estado nunca escolarizados o lo han estado pero deficientemente", explica Mercedes.

La presidenta de la asociación relata, desde su propia experiencia, lo "difícil" que fue para ella y para sus hijos -que llegaron a España desde Ucrania con 8 y 10 años-, la incorporación al sistema educativo: "Los pusieron en el curso que les correspondía por edad porque vinieron en el 2005 y conseguir otra cosa antes era una auténtica pelea. Ahora la cosa se ha flexibilizado pero cada centro tiene una política diferente y con el nuevo marco regulador habrá unos criterios iguales para todos", expone.

Recursos humanos

Desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía se muestran más críticos con los últimos movimientos del departamento de Educación en materia de inclusión. Su presidente, Juan Antonio Planas, critica la falta de diálogo con los profesionales del sector antes de publicar el primer borrador del decreto y el hecho de que, a posteriori, solo se hayan admitido dos de sus alegaciones al texto. Además, aunque se muestra partícipe de la "filosofía de la inclusión", se teme que el nuevo marco normativo suponga una disminución de los profesionales encargados de la atención a la diversidad: "Está muy bien que se apueste por que los chavales con necesidades educativas especiales se incluyan en el aula pero para que todo eso sea efectivo hacen falta unos recursos humanos suficientes. Las necesidades educativas no se atajan con que los chicos estén juntos y creemos que detrás de esta apuesta por la inclusión habrá menos profesionales".

Planas critica especialmente los cambios en los servicios de Atención Temprana. Su asociación considera que "integrar los equipos de Atención Temprana (responsables hasta ahora de la detección de dificultades en los alumnos de 0 a 3 años) en los servicios generales de orientación (que prestan servicio a todo Infantil y Primaria)" supone "suprimir equipos y una atención menos directa al alumnado". Desde Educación lo niegan y destacan que, a partir del próximo curso "todos los equipos realizarán atención temprana y no solo los cuatro que lo hacían hasta ahora".

La Asociación de Psicopedagogía reitera además su voluntad de que estas órdenes fijen ratios de alumnos por orientador educativo y otros profesionales encargados de la atención a la diversidad (maestros de audición y lenguaje, apoyo terapéutico...): "No es lo mismo un orientador para 300 alumnos que para 3.000 y la Unesco propone uno por cada 250 alumnos", concluye Planas. Una alegación que, de momento, no ha sido contemplada en el decreto.