Un total de 2.554 aragoneses perdieron su puesto de trabajo a lo largo de 2013 como consecuencia de un despido colectivo. Se trata de una cifra un 5,4% superior a la del año anterior, cuando fueron 2.423 los trabajadores de las tres provincias de la Comunidad que dejaron de percibir su nómina por esta misma razón.

Los despidos colectivos han crecido en los dos últimos años al calor de la última reforma laboral. En el año 2011, antes de la aplicación de la nueva normativa en materia de trabajo, se registraron 2.105 ceses en Aragón por este motivo.

Antes de la reforma laboral, este tipo de despidos se abordaban mayoritariamente a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que requería una autorización administrativa de la autoridad laboral. Ahora se elimina dicha autorización administrativa, y aunque se respeta la exigencia de llevar a cabo un periodo de consultas con los trabajadores, si este no concluye con acuerdo el empresario puede acometer igualmente por decisión unilateral el despido colectivo.

La indemnización correspondiente a estos despidos colectivos es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, igual que antes de la reforma. En cualquier caso, con la legislación anterior lo que ocurría es que la mayor garantía de conseguir la autorización administrativa era que hubiera un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Por ello en el proceso de consultas, los trabajadores solían conseguir de la empresa indemnizaciones mayores a los 20 días que ponía la ley.

Uno de los despidos colectivos más sonados el pasado año en la Comunidad fue el de la empresa Tata Hispano en Zaragoza. Tras siete reuniones mantenidas en el Servicio de Mediación y Arbitraje, trabajadores y empresa pactaron una indemnización de 39 días por año de servicio con un tope de 30 mensualidades.

Un acuerdo que para el presidente del comité de empresa, José Luis Chueca, se puede considerar "digno" y un reconocimiento "a la lucha y unión de la plantilla" en esos momentos. El acuerdo contemplaba, asimismo, la fecha tope para la salida de la empresa, que se fijó para el pasado noviembre para 267 de un total de 280 empleados. El resto permanecerán hasta el próximo 30 de junio para tareas de postventa, mantenimiento y garantías.

¿Crecerán este año?

CC. OO. y UGT advierten de que en 2014 cerca de 200.000 empleos públicos estarán amenazados de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tras la aplicación de la reforma local pero, además, temen que el año próximo se produzca un repunte de los despidos colectivos en sectores como los servicios y la industria.

El secretario de Acción sindical de UGT, Toni Ferrer, señala que su previsión de repunte del despido colectivo se basa en el hecho de que se ha registrado "una caída significativa de la vía de reducción de jornada", instrumento que tras la reforma laboral pueden adoptar más fácilmente las empresas en crisis para evitar el despido. En opinión de Ferrer, esto podría ser bueno si significara que las empresas están remontando, "pero parece más creíble que se haya agotado esa vía y los empresarios opten por despedir directamente a la gente".

Sin embargo, la tendencia en Aragón en el primer mes del año es a la baja, con 31 despedidos, un 85% menos que en el mismo mes de 2013.