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Caso Plaza

La DGA ha inyectado 34 millones en Plaza en los 2 últimos años para evitar la quiebra

Le ha prestado 26,5 millones y cubre una ampliación de capital de 7,5 ante la falta de ventas y al deber aún 107 millones a la banca.

Jorge Alonso Actualizada 07/04/2014 a las 17:16
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El enlace de Plaza con la autovía de Madrid es una de las obras pendientes de pagar a la UTE

El Gobierno de Aragón se ha visto obligado a inyectar 34 millones de euros para evitar la quiebra de su sociedad pública más endeudada y que más quebraderos de cabeza le está provocando desde el punto de vistas económico y legal, la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). A través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, ha cerrado un préstamo participativo de 26,5 millones de euros que unifica todo el dinero que ha ido aportando en los dos últimos años, puesto que la sociedad no vende suelo y ya debe 107 millones a las entidades financieras. Por si fuera poco, ha tenido que acudir en solitario a una ampliación de capital de 7,5 millones, ya que el resto de socios -el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI– han descartado hacerlo.

La situación está lejos de estabilizarse, porque ni siquiera se cumplen las previsiones oficiales del equipo gestor, liderado por el presidente y consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, y su gerente, Jesús Andreu. El último ejemplo son las cuentas de 2013, que se cerraron con unas pérdidas que rozan los 26 millones, el triple de la cifra reflejada en los presupuestos. Esto supone volver a los peores años, los de 2010 y 2011, cuando las ventas se frenaron y las pérdidas fueron de 26,4 y 27,9 millones, respectivamente.

Obligado rescate

El Gobierno de Rudi tuvo que rescatar la sociedad pública a los pocos meses de llegar al Pignatelli, consciente de que la plataforma logística es el proyecto estrella de Aragón. «Supone un auténtico problema. No se le puede dejar caer porque se cortaría el grifo de la financiación bancaria al Ejecutivo autonómico», aseguraron fuentes de la DGA conocedoras de la operación.

La Corporación Empresarial hizo un primer préstamo participativo de diez millones en 2012 porque ningún socio de Plaza quería cubrir una ampliación de capital con la que cuadrar las cuentas y el gabinete PP-PAR se negaba a hacerlo en solitario para no variar los porcentajes de participación. Y así lo ha seguido haciendo a lo largo del año pasado, concediendo más y más préstamos a una plataforma logística que carece de mayor crédito bancario, tras refinanciar otra vez su deuda en el verano de 2012.

Las cifras, como casi todas las que reflejan las necesidades financieras de la plataforma logística, son de siete dígitos: en enero de 2013, la Corporación tuvo que hacer un desembolso de 4.440.560 euros para atender el plan de pagos con la multinacional Gazeley, con la que Plaza saldó definitivamente su deuda en julio con otros 4.318.363 euros que salieron de la misma Corporación. Además, en abril y julio de 2013 tuvo que aportar otros 3.000.000 euros. Y Plaza volvió a recurrir de nuevo a la Corporación para poder abonar, tras una sentencia condenatoria, 4,3 millones de los pagarés de la UTE Acciona-MLN que durante meses se negó a reconocer. Todo este dinero, unido a los intereses, suman los 26,5 millones que ahora se han fundido en un solo préstamo participativo, ratificado por el consejo de administración el pasado mes de diciembre.

Plaza no informa del préstamo

Dicho préstamo, del que Plaza ha decidido no dar ni la más mínima información, supondrá la particular herencia que deje la presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, ya que no se empezará a devolver hasta 2021, dentro de dos legislaturas. Según las condiciones acordadas, se deberán pagar en seis años, aunque se estipula que se podrá devolver mediante una compensación de ampliación de capital. Esta posibilidad es, precisamente, la que ha evitado la DGA, ya que supondría disparar su porcentaje en el accionariado (hasta la última ampliación de 7,5 millones de 2013 tenía el 52,12%) y, por tanto, le correspondería una mayor cuota de la deuda actual con los bancos, de 105 millones.


Esta carencia de ocho años tiene, no obstante, su sentido, ya que con antelación se tiene que devolver el crédito sindicado de 113 millones que se refinanció hace dos veranos y que, al cierre de 2013, ascendía a 107,8 millones. Precisamente, este crédito se debería terminar de amortizar en 2020, por lo que se ha optado por retrasar el préstamo participativo porque, sencillamente, las condiciones impuestas por los bancos impiden otra cosa.

La sociedad debe 24 millones de la obra, pero la batalla judicial le da un respiro


 

Las diligencias penales abiertas por las presuntas irregularidades en la urbanización de Plaza han supuesto todo un respiro económico para la sociedad pública. Por un lado, ha bloqueado el pago de los 24 millones que tiene reconocidos a las contratistas de la obra, Acciona y MLN, y por otro, la reclamación adicional de 5,8 millones que las mismas empresas interpusieron por la vía civil por una serie de trabajos adicionales ejecutados.

El equipo directivo de la sociedad tiene muy claro que la deuda comercial con la UTE de la urbanización «no será exigible a corto plazo» al considerar que los procedimientos judiciales abiertos tendrán «un horizonte temporal superior».
El propio gerente de Plaza, Jesús Andreu, le detalló por escrito al juez del caso Plaza que la deuda con Acciona y MLNasciende a 24,1 millones, cantidad en la que se incluyen impagados de la segunda y la tercera fase de urbanización, así como de la obra del enlace con la autovía de Madrid.

La deuda adicional de 5,8 millones está bloqueada por petición de las propias empresas, que plantearon el pasado mes de septiembre al magistrado que dejara en suspenso su demanda civil hasta que se resuelva la causa penal.
La deuda millonaria de Plaza se podría disparar aún más en el caso de que Acciona y MLNejecuten la opción de devolver dos parcelas que la sociedad pública le entregó como dación en pago al cerrar la negociación de la deuda de la urbanización. Esto supondría desembolsar otros 14,4 millones, aunque la cláusula no vence hasta 2016 y está condicionada a la devolución previa del crédito de 107 millones.







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