La Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de La Muela han pedido al juez instructor de la Operación Molinos que no acceda a la solicitud que recientemente hizo María Victoria Pinilla de que le liberara 152.169 euros para pagar un abogado que se haga cargo de su defensa, de la que carece desde hace más de tres meses. Ambas acusaciones se oponen por razones diferentes, aunque sí coinciden en un extremo: que un abogado de oficio puede representarle con todas las garantías.

La exalcaldesa de La Muela planteó al magistrado que por su situación económica (con todos sus bienes y cuentas embargados) no puede pagar un letrado, ni siquiera de oficio, y que tampoco le corresponde el beneficio de la justicia gratuita. Por eso le pidió que le desbloquease la mencionada cantidad, que corresponde con un presupuesto que le hizo el despacho de José Antonio Visús, Ilex Abogados.

El juez pidió la opinión de las acusaciones y estas, a la espera de conocer la postura de la Fiscalía, se han negado. La abogada del Estado, en su doble función de representación y asistencia técnica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), recuerda que las medidas cautelares (como el bloqueo de sus bienes) tienen como objeto garantizar el pago de las responsabilidades que pudieran derivarse ante una eventual sentencia condenatoria, entre ellas el daño causado a la AEAT. Señala que el derecho a la defensa no puede entenderse como el «derecho a nombrar un abogado en concreto», sino que se satisface con la designación de uno de oficio. La acusación cree que a pesar de la complejidad del asunto (80.000 folios) la dedicación del profesional que se le designara está garantizada. También le dice que esa cantidad puede abonarse al final del proceso, en función de su resultado.

Por su parte, los abogados del Ayuntamiento de La Muela, Ricardo Pina y Francisco Javier Ausejo, señalan al juez que Pinilla no puede alegar indefensión ya que siempre tendrá asistencia letrada de oficio. Admiten que el asunto es de una gran complejidad, pero añaden que se pueden articular mecanismos que permitan garantizar una justa defensa y hacen referencia al juicio de los atentados del 11-M, en el que el trabajo de los letrados de oficio fue calificado de «excepcional» por el magistrado de la Audiencia que presidió la vista, Javier Gómez Bermúdez.