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Caso Plaza

El juez ordena el peritaje de las firmas con las que Agapito controla el Real Zaragoza

El instructor del caso Naves admite las tres sociedades ofrecidas como garantía, pero quiere saber si cubren los 18,8 millones de la fianza. Concede cinco días al empresario para que acredite la titularidad de las compañías desde las que controla a su vez el club deportivo

Jorge Alonso. Zaragoza Actualizada 06/04/2014 a las 17:18
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Agapito Iglesias, rodeado de periodistas, tras declarar por el caso Naves, el pasado mes de febrero

El juez que investiga el desfase millonario en la promoción de naves que Plaza encargó a Codesport ha ordenado el peritaje de las tres sociedades que el dueño de la constructora y del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, ha puesto como garantía para cubrir los 18,8 millones de euros de la fianza impuesta a él y a los otros tres imputados. Yquiere saber la tasación económica que un experto independiente haga de las tres firmas presentadas –Inversiones Agapito Iglesias S. L., Agapito Iglesias García S. L. y Clipasodes 2006 S. L.– para determinar si realmente se cubre o no el importe fijado. A través de las dos últimas compañías controla la sociedad tenedora de las acciones del club deportivo.

Según aseguraron los abogados del empresario, su valor es «bastante y suficiente» para cubrir las eventuales responsabilidades civiles que podrían imponerse al dueño de Codesport y al resto de imputados, Carlos Esco (exviceconsejero de Obras Públicas), Ricardo García Becerril (exgerente de Plaza) y Miguel Ángel Pérez Cervantes (exdirector técnico de Plaza).

En una providencia firmada hace tres días, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, admite dichas sociedades como fianza, siempre y cuando Agapito pueda acreditar que las acciones son suyas. Para ello, le concede un plazo de cinco días. Picazo señala que en el escrito de los abogados del empresario «únicamente se hace manifestación de la cantidad que de ellas posee el imputado», por lo que requiere que lo demuestre.

Como adelantó este diario, Agapito Iglesias considera que solo con la primera de las tres sociedades que ofrece como garantía, Inversiones Agapito Iglesias S. L., cubriría los 18,8 millones de la fianza conjunta y solidaria a los imputados. Por ello, solicitó al juez que, salvo que su valoración fuera insuficiente, no trabe las acciones de las otras dos compañías, Agapito Iglesias García S. L. y Clipasodes 2006 S. L., por una cuestión estratégica para sus intereses: ambas compañías ostentan a su vez el 59% de Zaragoza Sport Arena XXI, la empresa a través de la cual posee a su vez el 90% de las acciones del Real Zaragoza y cuya venta se encuentra en plena negociación.

La venta del Zaragoza, pendiente

En sentido, los abogados del empresario, Javier Sánchez-Junco y Miguel Ángel Alemán, argumentan su petición al juez en la finalidad de «no poner en riesgo ni comprometer la subsistencia de la entidad deportiva y su eventual venta a potenciales compradores». En el escrito, inciden en que la precaria situación económica del Real Zaragoza ha obligado a Agapito Iglesias a negociar su venta «con la finalidad de garantizar su viabilidad mercantil y deportiva a largo plazo».

La maraña societaria del grupo empresarial de Agapito Iglesias ha salido a relucir a raíz de la respuesta de sus abogados al juez. Así, explican que el dueño de Codesport posee el 99.10% de Inversiones Agapito Iglesias, la primera de las tres sociedades que ha puesto como garantía para la fianza y que, a su vez, ostenta el 84,40% de Grupo Codesport S. L. Esta última compañía tiene un capital social de seis millones de euros tras la ampliación hecha hace cinco años.

En las dos otras sociedades puestas como garantía también tiene el 99,967% de las acciones y el porcentaje restante, Codesport S. A. En todos los casos, la defensa de Agapito Iglesias aportó las escrituras públicas de constitución, ampliación de capital, compraventa, alteración del valor nominal de participaciones. Todo ello consta en catorce documentos adjuntos al escrito de prestación de la fianza, aunque el juez ha solicitado que el empresario acredite «la titularidad de las acciones y participaciones» de las tres sociedades mercantiles.

Si el instructor del caso Naves considera suficiente su valoración para cubrir la fianza de 18,8 millones, fijada de forma conjunta y solidaria con el resto de imputados, Carlos Esco, Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez se librarán del embargo de sus propiedades para cubrir las posibles responsabilidades civiles en caso de ser condenados.

Ninguno de los tres exdirectivos de Plaza disponía de los 18,8 millones, por lo que se iniciaron los trámites para embargar sus bienes. En el caso de Carlos Esco, ya consta su patrimonio en el juzgado: el domicilio familiar (un unifamiliar en Nueno), un apartamento en la playa (L’Hospitalet de l’Infant) y otro en la montaña (Escarrilla). Además, posee un todoterreno Volvo XC90, un Mini y una ‘scooter’ Yamaha YP 125R.

El juez considera que «de lo actuado» se desprenden «suficientes indicios de criminalidad sobre la conducta de los imputados», aunque no concreta las pruebas. En el auto de imputación de Agapito, sostuvo que el empresario se repartió junto a Esco y Becerril 14 de los 17,8 millones del desfase en las obras de las naves, adjudicadas por 14,5 millones y por las que se acabaron pagando 32,3 sin que la denunciante, Plaza, considere ahora justificados los sobrecostes y revisiones de precios.







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