La plataforma prevé gastar más de medio millón de euros en abogados e informes periciales

La batalla legal emprendida en los tribunales por la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) le va a costar más de medio millón de euros a las arcas de la sociedad pública. Solo la minuta del despacho madrileño Oliva-Ayala, fichado para ejercer la acusación particular en tres de los cinco casos abiertos, supondrá una «cuantía aproximada de 300.000 euros». Y a esta cifra hay que sumar el importe de los informes periciales ya encargados, que superan los 200.000 euros.

El fichaje de la prestigiosa firma de abogados, que ya levantó críticas entre la abogacía zaragozana, fue aprobada por unanimidad del consejo de Plaza. En un primer momento se le contrató para defender los intereses de la compañía en el caso Plaza, aunque luego se ampliaron sus servicios y pasó a ejercer también la acusación particular en el caso Naves. El acuerdo de los socios de la empresa pública, controlada por la DGA y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI, establecía que iba a ejercer también acciones legales en las causas abiertas en los juzgados por presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En el caso Caladero no llegó a personarse, pero sí lo hará en el del apartadero ferroviario y la ampliación de la plataforma, que acumula el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza y por el que está imputado el exgerente, Ricardo García Becerril.

Los informes periciales contratados por Plaza para defenderse en la primera causa civil, perdida contra la UTE por el impago de unos pagarés millonarios, ya supusieron un desembolso de 65.166 euros, sin sumar el IVA. El primer trabajo pericial que se encargó se remonta a septiembre de 2012 y lleva la firma de Ezimutal, que cobró 16.800 euros por estudiar el movimiento de tierras que consta en la liquidación de las obras de la plataforma logística.

Una semanas más tarde se contrató a EID Consultores, cuyo extenso informe certificó que el desfase de la urbanización de Plaza era millonario, sin que surtiera efecto por la vía civil. Sus honorarios ascendieron a 16.000 euros.

Al mismo tiempo, Plaza suscribió un convenio con la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial para analizar también la gestión de las obras de Plaza, con un coste de hasta 35.000 euros y una vigencia de un año. Ambas sociedades públicas tienen como presidente al consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, y como gerente a Jesús Andreu.

El ex director general de Construcción de la Expo, Eduardo Ruiz de Temiño, asumió esta labor pericial y llegó a las mismas conclusiones de EID Consultores.

El acuerdo con Expo Empresarial se amplió por otro año, de febrero de 2013 hasta febrero de 2014, aunque el importe se disparó a 148.219 euros y se aprobó el pasado mes de diciembre. El objeto del convenio se amplió a la «coordinación, dirección y supervisión de informes periciales» con el fin de comparar lo facturado y lo realmente ejecutado en la urbanización de Plaza, además de la contratación de empresas para sondeos geotécnicos y la preparación de documentación para los juzgados.