La DGA asegura que está elaborando los informes de competencias impropias

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha replicado al Ayuntamiento de Zaragoza, que trabaja en la elaboración de sendos informes vinculantes sobre la ejecución y financiación de las competencias que el Consistorio presta, pero de las que ya no ostenta la titularidad al pasar a la Comunidad autónoma tras la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Suárez ha detallado que el Gobierno de Aragón está trabajando en la redacción de los informes. Uno de ellos, que confeccionará cada departamento del Ejecutivo autonómico recogerá la existencia o no de duplicidad de servicios y el otro atañe al grado de sostenibilidad financiera de esos servicios.

Suárez ha precisado que "cuando tengamos dispuestos ambos estudios se emitirá un informe" para su remisión al Ayuntamiento de Zaragoza.

Antonio Suárez ha querido apostillar que el pasado 20 de marzo se ha recibido en el Gobierno de Aragón el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado por unanimidad el 28 de febrero, en el que se solicita al Ejecutivo autonómico que se pronuncie sobre si permite al consistorio seguir ejerciendo las competencias impropias, ya que la Comunidad autónoma ha pasado a ser la titular de hasta 25 servicios que presta la administración local, según recoge la citada Ley.

No obstante, Suárez ha recordado al Gobierno de Zaragoza que "obligatoriamente tiene que seguir ejerciendo las competencias que en la actualidad presta en el área de educación, sanidad y servicios sociales hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación local y autonómica" que ha comenzado a negociar el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con las autonomías.

Al respecto, ha apostillado que esta premisa se recoge en la disposición adicional 15 y en la disposición transitoria 1 y 2 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Impacto sobre los servicios

Esta reforma legislativa tiene un impacto sobre los servicios que presta el Ayuntamiento de Zaragoza que afecta a 760 empleos y a 106,2 millones de euros, calculados por el Gobierno de la ciudad sobre la liquidación del presupuesto municipal de 2012, según se desprende del estudio realizado por los servicios municipales, basado en el Dictamen elaborado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza.

De los 106 millones de euros que supone el montante total de la pérdida de competencias, la de mayor cuantía es la de servicios sociales, con 55,3 millones de euros y 218 trabajadores públicos directos.

Atañe al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia; las subvenciones al programa de apoyo a la iniciativa social; la cooperación al desarrollo; los convenios del programa de integración social; los centros de convivencia de mayores; el alojamiento temporal de Zaragoza-Vivienda; el Centro Municipal de Promoción de la Salud; el Centro Municipal de Prevención de Adicciones; la residencia municipal Casa Amparo; la casa de acogida a mujeres víctimas de la violencia; la Casa de las Culturas; el programa de erradicación del chabolismo; y los servicios de atención a la infancia.

Por volumen económico, le sigue la educación, con 32,4 millones de euros y 254 trabajadores, que incluye las escuelas infantiles; las escuelas artísticas; la Universidad Popular; la Escuela de Jardinería 'El Pinar'; la limpieza y suministro de energía a centros escolares; y las aportaciones complementarias a educación obligatoria.

Hasta 10,7 millones de euros y 185 empleados es el impacto que supone la supresión de las competencias municipales en fomento económico y empleo, que incluye el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEFEZ) y Zaragoza-Activa.

El área de Juventud supone 3,1 millones de euros y 42 trabajadores, que es el coste de los servicios y programa de las Casas de Juventud, y la promoción de la igualdad de género asciende a 2,7 millones de euros y a los 33 trabajadores de la Casa de la Mujer. En medio ambiente, la pérdida de la competencia supone 1,1 millones de euros y 19 empleados de la Unidad de Conservación del Medio Natural.

Este desglose se cierra con los 595.549 euros y los 8 trabajadores de la Oficina Municipal de Protección al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo.