El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado sendas iniciativas de CHA e IU contrarias al proyecto de ley orgánica para modificar el Código Penal porque "no protege ni garantiza derechos fundamentales de la persona", que solicitaban al Gobierno autonómico que pidiera al de España la retirada inmediata del mismo. La de IU también proponía un debate "público, transparente y plural" con el resto de fuerzas políticas y sectores sociales afectados por la reforma.

Las dos proposiciones no de ley han contado con el apoyo de los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, y el voto contrario de los que sostienen al Ejecutivo de la Comunidad, PP y PAR. El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha argumentado que "las sociedades modernas deberían tener códigos penales modernos", pero "estamos a punto de que esto no se cumpla", con una modificación "innecesaria", que "endureces penas" y recoge, aunque para casos excepcionales, la prisión permanente revisable, "ajeno a nuestra tradición".

Ha añadido que "lo más grave es la criminalización de los derechos fundamentales de manifestación, reunión, expresión y opinión", para preguntarse "qué miedo tienen a que la gente se junte y proteste". A su entender, "pretenden prohibir la disidencia, algo impropio de un régimen democrático", una "legislación represora, reaccionaria y autoritaria", que se plantea "en un momento de gran conflictividad social contra las políticas de derechas".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha recordado que su formación presentó en el Congreso una enmienda a la totalidad, que no prosperó, y ha lamentado una reforma "para recortar derechos y dar patente de corso a que el Estado sea represor". "Quieren hacer callar, domar a esa parte de la ciudadanía que se revela, lucha y protesta ante agresión a sus derechos", ha recalcado.

"Criminaliza la protesta y el apoyo a la protesta", un texto "más propio de dictaduras", "ideológico, represivo, autoritario y vengativo", ha concluido Barrena. 

No querer debatir

El diputado del PP, Javier Campoy, ha considerado que "pretender que un Gobierno retire un proyecto de ley es negar la democracia" y ha criticado a la oposición por "no querer debatir las reformas en el Parlamento, que es lo democrático", para asegurar que el texto "es respetuoso con los derechos y libertades de manifestación", pero castiga "los actos de violencia sobre las cosas o personas" y "a los que amenazan".

El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha opinado que antes de realizar una "reforma de calado" como esta habría que haber analizado "si las normas vigentes funcionan bien o mal, pero eso parece que poco importa al Ministerio de Justicia", para considerar que el texto "generaliza el populismo punitivo" y recoge figuras que habían desaparecido en 1928, además de "criminalizar la protesta a la vez que protege la conducta de delincuentes de guante blanco".

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha estimado que la "alarma social" generada por cuestiones como la excarcelación de asesinos sin ningún tipo de arrepentimiento hacen "susceptible de actualizar" el Código, si bien "no todo es perfecto" en la propuesta del Gobierno central, y ha abogado por "buscar puntos de encuentro" en esta materia y que sea el Tribunal Constitucional quien dirima las divergencias. 

Centros especiales de empleo

Por otra parte, el pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado otra proposición no de ley, presentada por el PSOE y que ha recibido los mismos apoyos que las anteriores, que pedía mantener las ayudas al sostenimiento de los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo en el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También reclamaba aumentar las ayudas al mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades --discapacidad intelectual, parálisis cerebral, enfermedad mental y discapacidad física mayor del 65 por ciento-- de los centros especiales de empleo al 75 por ciento del SMI.

Además, apostaba por garantizar una dotación suficiente anual para el mantenimiento de las ayudas a la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo y publicar las convocatorias de ambas ayudas dentro del primer semestre de 2014.

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha explicado que "son las entidades las que están diciendo que son necesarias estas medidas" para "superar las barreras y obstáculos que tienen de incorporarse al mundo laboral" y así "puedan llevar a cabo su proyecto de vida". A su entender, el acuerdo con CERMI en esta materia "tiene que ser más que una foto, tiene que cumplirse".

La diputada del PP, Ana Matilde Martínez, ha considerado que la iniciativa es "vender humo" y se hace "de cara a la galería" porque "ya estamos ejecutando" ese acuerdo y le ha preguntado por qué el PSOE cuando gobernó en Madrid no mejoró de forma permanente esas ayudas.

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha comentado que el acuerdo "no solo se ha cumplido, sino mejorado", mientras que el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha estimado la propuesta de "muy razonable" y la de IU, Patricia Luquin, ha argumentado que "en tiempos de crisis" es especialmente el apoyo a estos centros porque sino "es imposible que personas con discapacidad o dificultades puedan acceder a un puesto de trabajo, que es la mejor política de integración".