El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado crear una comisión de investigación para que estudie y depure las responsabilidades políticas, si las hubiera, en la gestión y el desarrollo de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), que ya investigan los tribunales por una presunta malversación millonaria de fondos públicos.

La creación de la comisión, a propuesta del PSOE, CHA e IU, ha salido adelante con el apoyo del PP, mientras que el PAR se ha abstenido al considerar que puede interferir en las actuaciones judiciales y afectar a la imagen de la plataforma logística, que es un proyecto estratégico para el desarrollo de la Comunidad.

La comisión, una vez constituida, tendrá un plazo de seis meses para investigar y su objetivo, ha destacado el portavoz del PSOE, Javier Sada, es depurar las responsabilidades políticas que hayan podido existir en la gestión de Plaza sin interferir con la justicia ni convertirse en "alpiste para los canarios", como manifestó en Madrid el presidente de la Cortes, José Ángel Biel.

Se trata, ha dicho Sada, de dar respuestas a las demandas de los ciudadanos, de "claridad y de transparencia" a través de una comisión que ni es subsidiaria ni secundaria a otras vías y que debe servir, sobre todo, para "analizar, rectificar, mejorar y aclarar las posibles responsabilidades políticas, si hubieran existido" en este caso.

El parlamentario socialista ha defendido que Plaza ha sido y espera que siga siendo un proyecto estratégico para Aragón y ha apuntado que hasta 2009 la inversión de la sociedad había sido de 500 millones de euros, su impacto con las empresas de 1.500 millones y 9.000 los empleos directos creados, además de consolidar el transporte de carga en el aeropuerto de Zaragoza.

Para llevar a cabo el proyecto en un tiempo "récord", ha añadido, se planteó una forma de gestión de sociedad anónima siguiendo como premisas la colaboración entre instituciones públicas y privadas, con cuatro socios que plantaron un consejo de administración que "estaba lleno de una probada profesionalidad, responsabilidad y honestidad", que marcaba como cuestión fundamental la unanimidad en cada una de las decisiones que se tomaban.

Pero, ha admitido, es evidente que lo acontecido provoca en los ciudadanos "inquietud" o "alarma" y obliga a todos, especialmente a los que tuvieron un papel importante en el desarrollo de Plaza, a la mayor "claridad".

Ha hecho hincapié en que la comisión de investigación no trata de suplir a la justicia, que lleva un camino propio y tendrá que definir si hubo y de quién responsabilidades penales en la gestión.

Por su parte, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha hecho un llamamiento a los grupos para que la comisión sea útil para la democracia y la transparencia y no el escenario de "vendetas políticas", y ha avanzado que su grupo está dispuesto a llegar "hasta el final", a "mirar con lupa la actuación pública y seguirle la pista hasta el ultimo euro de dinero publico" y a exigir las responsabilidades políticas "al nivel que sea".

La creación de una comisión de investigación en un parlamento es lo normal en democracia, que se reaccione "frente a presuntos chorizos que han robado dinero público" y, en ese sentido, ha lamentado las "desacertadas" declaraciones de Biel.

No obstante, ha indicado que lo importe no se crear la comisión, sino lo que se haga en ella, que voluntad política real se verá en su sesión constitutiva, cuando se sepa a quien se llama a declarar, qué documentación se va requerir y su periodicidad.

En ese aspecto, ha indicado que su grupo no tendrá inconveniente en ampliar el plazo de seis meses y que sus sesiones sean públicas, si es jurídicamente posible y hay acuerdo.

Patricia Luquin, de IU, se ha congratulado de que se apruebe la comisión al tercer "intento" de su grupo para tratar de saber cómo se usó el dinero público en Plaza y depurar las responsabilidades políticas si las hubiera "caiga quien caiga", sin "vendetas" ni "juicios paralelos".

Ha criticado también las declaraciones de Biel por el "flaco favor" que hace a las instituciones y a la democracia y ha insistido en que las Cortes no pueden dejar pasar la oportunidad de hacer entender a la ciudadanía que las responsabilidades políticas tienen una vía y las penales tienen sus procesos en otra dirección.

Por su parte, el portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha justificado la abstención en que no van ser quienes pongan "trabas" a una comisión de investigación impulsada el PSOE, artífice principal del éxito de este proyecto en las anteriores legislaturas con los aragonesistas como socios en el Gobierno, pero ha apuntado que ve cada vez más claras las posibilidades de interferir en el proceso judicial y puede afectar a la imagen de Plaza.

El PAR, ha agregado, quiere que la justicia llegue "al fondo" de lo que investiga y ha deseado "suerte" al trabajo de la comisión, al tiempo que ha planteado si se podrá llamar a imputados, si será "cerrada" y si se podrá evitar que se convierta "en un espectáculo" que perjudique la imagen y trayectoria de Plaza.

Antonio Torres, del PP, ha explicado que su grupo ha apoyado la creación de la comisión "saltándose" su postura cuando los asuntos están judicializados porque lo conocido sobre Plaza tiene especial trascendencia y sensibilidad social y es necesario avanzar hacia mayores cotas de transparencia y acabar con la corrupción.

Plaza y los asuntos que se derivan es algo "inmenso, enorme en sus cuantías y en el número de imputados" y el PP no se podía quedar al margen porque los ciudadanos reclaman "voluntad decida de acabar con el clima de impunidad que destila" y las responsabilidades políticas, en su opinión, son evidentes "por acción y por omisión".

Ha apuntado que el trabajo de esta comisión será posiblemente el más complejo de todos los casos que ha habido en las Cortes, que el "sentido común y el tino" tendrá que tenerse "a raudales" para dirimir qué pasó y quienes son los responsables políticos del "saqueo de Plaza", ha concluido.