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Propuesta de PSOE, CHA e IU

Las Cortes no recurrirán ante el TC la reforma local

La oposición vota a favor y el PP en contra empatando a 30 votos. El PAR se abstiene.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 13/03/2014 a las 11:42
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Foto de archivo de las Cortes de Aragón

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, en sesión plenaria extraordinaria, la propuesta de los Grupos de PSOE, CHA e IU de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. La oposición ha votado a favor y el PP en contra, empatando a 30 votos, mientras que el PAR se ha abstenido.

El presidente del Grupo Socialista, Javier Lambán, ha defendido la presentación del recurso argumentando que la Ley "lesiona" la garantía de la autonomía local, por considerar que promueve el "desapoderamiento competencial", convierte a los ayuntamientos en "meros apéndices" de las diputaciones provinciales y la Administración autonómica y deja a la oposición municipal "sin capacidad para controlar al Gobierno" local.

Lambán ha pronosticado que las consecuencias de la reforma local serán "devastadoras" para los servicios públicos y supondrá "el fin del modelo político y territorial" sobre el que se ha asentado la convivencia durante los últimos 30 años, añadiendo que el Estado dejará de ser "garante" de la autonomía local.

Ha negado que la reforma local sirva para ajustar el gasto público, indicando que el peso relativo de la deuda de los ayuntamientos es "insignificante", para después afirmar que el conjunto de los ayuntamientos han liquidado las cuentas de 2013 con superávit.

En opinión de Javier Lambán "los ayuntamientos gestionan más y mejor con menos dinero". Ha dicho que el principio de 'una competencia, una Administración' es "otro engaño" y además es "imposible", augurando que muchos ciudadanos dejarán de recibir algunos servicios si los municipios no los prestan.

Ha considerado "más razonable" que las competencias estén repartidas entre distintas Administraciones, puntualizando que se pueden asignar funciones concretas a una sola Administración, pero, dirigiéndose al PP, ha dicho que "lo razonable les interesa poco cuando tratan de enmascarar sus argumentos".

La reforma local conlleva "un recorte brutal" de servicios, democracia y libertad, ha continuado el presidente del Grupo Socialista, quien ha agregado que "se abre el camino a la desaparición de muchos pueblos pequeños".

El modelo socialista de arquitectura institucional, ha comentado, se asienta en "una comunidad fuerte y unos ayuntamientos fuertes" que sean garantes de la calidad de los servicios públicos y el equilibrio territorial. Ha anunciado en sede parlamentaria la presentación de una proposición de ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha negado que se pueda redistribuir y ahorrar porque "no hay tantas duplicidades" y ha hecho hincapié en que los ayuntamientos son las Administraciones menos deficitarias, tras lo que ha alertado de las "tentaciones" del "pensamiento conservador" de nombrar directamente a los alcaldes, en un contexto de "recentralización y falta de democracia".

Con la reforma local, ha proseguido Briz, el Estatuto de Autonomía queda "alicorto, podado vilmente", mientras que las leyes de Administración Local y de Comarcalización salen "muy malparadas". También ha aseverado que las diputaciones "y no las comarcas" prestarán los servicios que dejen de proporcionar los ayuntamientos.

La reforma "desapodera a los ayuntamientos" y empobrece su capacidad de actuación, ha dicho el parlamentario de CHA, quien también ha criticado que a los alcaldes presidencialistas les ponen "un camino de plata" para aprobar algo "fundamental" --los planes financieros-- "sin contar con el Pleno".

En representación de IU, Luis Ángel Romero ha afirmado que la reforma local es "el mayor ataque de la democracia a la autonomía local" porque el Estado se convierte en "el legislador único", dejando sin margen de actuación a la comunidad autónoma y los municipios.

Ha asegurado que algunos artículos del Estatuto de Autonomía quedan "erosionados" con esta Ley y que se invaden competencias recogidas en la legislación aragonesa.

A esto ha añadido que se lesiona la autonomía local y se vulnera el principio democrático en el ámbito local, ya que el Pleno municipal quedará en un segundo plano "y se le da demasiado poder a los alcaldes".

El único objetivo de esta ley, ha considerado Romero, es controlar el gasto reduciendo los servicios públicos, el personal y la calidad en la prestación de estos servicios. Se ha dirigido al PAR para recordarle que la oposición del Congreso de los Diputados ha firmado un acuerdo para promover recursos de inconstitucionalidad en los ayuntamientos en los que gobierna.

Esta es la Ley "del fuerte contra el débil, del Estado contra los municipios", ha aseverado el diputado de IU, quien ha apelado al sentido común y ha pedido a los alcaldes aragoneses que voten a favor de la presentación de los recursos.

Proyecto mejorado


El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha dejado claro que este partido ha mostrado su rechazo a la Ley en diversas fases de su tramitación, resaltando que el proyecto de ley "mejoró bastante" al ser debatido y ha traído a colación la aprobación de una enmienda negociada con el PP para que se contemplen en la Ley las comarcas.

"Para nosotros es determinante" que en una ley básica se diga que Aragón tiene un "sistema propio" en cuanto a la arquitectura institucional, poniendo de relieve la "legitimidad política" de las comarcas, pero también su insuficiencia financiera. Ahora "una ley básica del Estado las contempla como un elemento esencial".

El portavoz del Grupo Popular, Antonio Torres, ha rechazado de plano la presentación del recurso, apelando al informe favorable del Consejo de Estado. Ha dicho que el recurso se ha elaborado "al por mayor, igual para Aragón que para Andalucía o Galicia".

Torres ha negado que haya una extralimitación de la legislación básica estatal y que se lesione la autonomía local, ya que es el legislador el que puede ejercer en un sentido u otro su voluntad.

Ha defendido la Ley para cumplir el artículo 135 de la Constitución, que establece el techo de gasto público, y ha añadido que la ley refuerza a los ayuntamientos, clarifica las competencias, impulsa la competitividad, "acaba con los desequilibrios, garantiza la sostenibilidad de los servicios, refuerza la coordinación entre las Administraciones, pone orden en el desorden de las empresas públicas" locales.







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