Aragón, entre las comunidades más vigiladas por Hacienda

Un marcaje en corto. Así se podría definir la forma en la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Agencia Tributaria, controla todo lo relacionado a los impuestos cedidos desde el Estado en Aragón si en vez de hablar del sistema tributario lo hiciéramos de una práctica deportiva.

Un informe de este Ministerio, incluido como información complementaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, señala que 157 personas controlan todo lo relacionado con la recaudación tributaria en Aragón. Es decir, hay un inspector para cada 8.581 aragoneses.

La cifra alude al ejercicio 2012 y es el dato más actualizado que existe al respecto. Aunque el grupo de población que tiene 'asignado' cada inspector puede parecer desmesurado lo cierto es que revela la estrecha vigilancia aludida más arriba, porque el análisis de los datos nacionales indica que, de media, hay un inspector por cada 12.263 españoles.

De esta forma, Aragón figura entre las comunidades autónomas más controladas por Hacienda, en términos muy similares a Galicia (8.511) y Extremadura (8.558) y solo por detrás de La Rioja (la más 'vigilada', con un inspector cada 6.440 habitantes) y Castilla y León (7.159). 

Los datos presentados junto a los PGE 2014 fueron recabados por un inspector de servicios del Ministerio que visitó los servicios gestores de Huesca y Zaragoza en abril y mayo de 2013.

Más funcionarios, mejor servicio

El inspector pone de relieve en su informe que el personal dedicado a estas tareas en Aragón aumentó en ocho personas entre 2011 y 2012, pasando de 149 a 157, y que el 96,2% de esta plantilla se correspondía con personal funcionario.

De este cómputo se ha excluido el personal que trabaja en las Oficinas Liquidadoras de los Distritos Hipotecarios y el de las empresas de servicios, así como el personal que figura en la estructura orgánica de los servicios de gestión de tributos cedidos "pero no realizan tareas relacionadas con estos". Teniendo en cuenta a estos trabajadores, el personal dedicado a estas tareas de gestión alcanzaría las 242 personas.  

La inspección ha valorado positivamente el hecho de que el personal funcionario dedicado a la gestión de tributos en Aragón represente un amplísimo porcentaje del total de trabajadores, porque se reduce el índice de precariedad, pero ha criticado que la participación de empresas de servicios u otros medios personales externos haya disminuido en 14 personas en dos ejercicios.

"La pérdida de estos colaboradores ha supuesto el lógico deterioro en la prestación de los servicios [...] con especial incidencia en el ámbito de la atención y asistencia al contribuyente", dice la memoria. El documento añade que en el caso de la Subdirección Provincial de Economía y Hacienda de Huesca, la reducción de personal "se ha traducido en la necesidad de reducir el horario de asistencia a los contribuyentes en la cumplimentación de los modelos de declaración".

Misión: evitar el fraude

La principal misión de estos trabajadores es comprobar que todos los contibuyentes cumplen con su obligación para asegurar el sostenimiento del sistema, ya que los ingresos que obtienen las comunidades autónomas por la cesión de los tributos de recaudación estatal suponen una de sus principales sustentos económicos.

De hecho, durante la crisis muchas regiones, entre ellas Aragón, por la menor recaudación y también por el aumento del fraude, han visto cómo disminuían estas transferencias y sus cuentas generales se han resentido. 

Pero el fraude fiscal no solo incide sobre las cuentas generales de las administraciones públicas: también acaba repercutiendo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Según señala un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los contribuyentes de Aragón se sitúan entre los españoles que más tributan por culpa de los evasores fiscales.

Gestha estima que la tasa de economía sumergida en Aragón es del 25,5% del PIB y que la evasión fiscal que practican parte de los contribuyentes le cuesta a cada aragonés 2.285 euros al año.