Los aragoneses adeudan 94 millones a sus comunidades

Las dificultades de muchas familias para pagar las facturas no son nada nuevo. Desde el año 2008 la tasa de morosidad en España se ha disparado y según señalan desde el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón (CTAFA), las comunidades de vecinos figuran entre las grandes perjudicadas de esta situación. La deuda de los aragoneses con sus comunidades se aproximaría a los 94 millones de euros, según este colegio profesional, que advierte de que el cobro de estos impagos resulta, en muchos casos, imposible.

"Pagar la comunidad de vecinos no es prioritario para muchas personas", explica David Revilla García, administrador de fincas y Vocal del CTAFA. Revilla explica que hoy existen dos perfiles de morosos: los vecinos que no pagan porque no quieren, que siempre han existido; y aquéllos que no pagan porque no pueden, una situación cada vez más común desde que empezó la crisis.

"El vecino que históricamente ha pagado mal, lo sigue haciendo", sostiene este administrador de fincas. “Estas personas solo quieren ir elaborando triquiñuelas para retrasar los pagos, mientras que quienes no cumplen porque van apurados sí que tienen voluntad real de hacer frente a las deudas", indica.

Desde el año 2008 la tasa media de impagos se ha duplicado. Ha pasado de situarse entre el 3 y el 4% en cada comunidad para establecerse en torno al 8%, según los datos de varios despachos de administración de fincas que trabajan en Aragón.

Revilla advierte que este porcentaje aumenta sobremanera en el caso de las fincas construidas a partir del año 2006. “Estas comunidades tienen una situación sustancialmente peor a la media, con una mora del 20-25%”, expresa este administrador que trabaja en Zaragoza. "Esto se debe a que muchos propietarios que adquirieron sus viviendas a unos precios históricamente elevados no están pudiendo hacer frente a sus hipotecas", abunda.

La cantidad que se adeudaría actualmente a las comunidades de propietarios en Aragón se aproximaría a 94 millones de euros, según fuentes del CTAFA, que indican que esta cifra es una estimación basada en la relación de los porcentajes de morosidad elaborados por varios despachos de administración de fincas y el hecho de que las comunidades mueven el 3,5% del PIB, según lo establecido por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

La solución, en los juzgados

Ante los impagos, a los vecinos solo les quedaba acudir a los juzgados – es habitual que una administración de fincas gestione entre 30 y 40 procesos de este tipo al año –, pero ya ni esa vía es una solución. "Antes, a través del procedimiento monitorio – por el que tanto los gastos de abogados como de procuradores corren a cuenta del moroso, según Revilla –, se cobraba todo. Ahora, como los deudores son en su mayoría insolventes reales, las posibilidades de cobro de estas deudas son escasas", afirma.

Solo la ejecución hipotecaria de la entidad financiera puede resolver la situación de impago al adjudicarse la vivienda y hacer frente a las deudas comunitarias. Hasta la reforma de la Ley Propiedad Horizontal el pasado mes de junio, los adjudicatarios estaban obligados a hacer frente a los pagos del año de la adjudicación y del año anterior, ahora se ha ampliado al año de la adjudicación y a tres años anteriores, pero solo para las adjudicaciones posteriores a la reforma de la Ley.

Pero las entidades financieras no tienen mucho incentivo para adjudicarse las viviendas, según Revilla, "con lo cual el problema se alarga en el tiempo". Además desde el Colegio de Administradores de Fincas advierten que las entidades financieras actualmente no son buenas pagadoras, aun siendo propietarias. Los bancos y cajas tardan, de media, de seis meses a un año en hacer frente a los pagos atrasados.

Ante esta situación, a los vecindarios en los que habitan morosos no les queda otra que hacer una derrama extraordinaria para cubrir los impagos. "Cuando el resto de la comunidad tiene dificultades para pagar, entonces ya vienen los problemas, porque pueden llegar sanciones importantes de los ayuntamientos", dice David Revilla, que afirma que hasta ahora ninguna comunidad ha sufrido graves perjuicios derivados de las deudas de sus vecinos.