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Administración pública

Los sindicatos planean movilizaciones por la ausencia de oposiciones en prisiones

UGT, CC.OO. y CSIF preparan protestas en Aragón para pedir el aumento de efectivos y no descartan la huelga.

S. Arcega. Zaragoza Actualizada 23/09/2013 a las 17:41
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Imagen de archivo de la cárcel de ZueraHA

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF están organizando movilizaciones por la ausencia de oposiciones en Instituciones Penitenciarias y contra una posible privatización de su labor. “Vamos a ir incrementando la presión y no descartamos nada, incluso la huelga”, asegura José Claudio Gistás, responsable de prisiones del sindicato CSIF.

Las movilizaciones ya han comenzado en algunas prisiones, como en Daroca, donde ya en el mes de julio se concentraron los funcionarios de prisiones. Los sindicatos han señalado que a partir de ahora se recrudecerán las protestas. Mientras se concreta el calendario en Aragón, el próximo día 24 de septiembre en el que se celebra la festividad de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias, se realizará una concentración a las puertas de la sede de la Secretaría General en Madrid.

Dos años es el tiempo que ha pasado desde la última oferta de empleo público para acceder al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. “Y en  2014 va a ser igual”, augura Ángel Moreno, secretario general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias. En las últimas oposiciones de 2011 se ofrecieron 85 puestos, 60 de ellos para el Cuerpo de Ayudantes, los encargados de las tareas de vigilancia. Nada que ver con las 1.123 plazas ofertadas solo dos años antes, en 2009.

“En 2011 había 25.477 trabajadores en toda España, pero en enero de 2013 la cifra es de 24.343. Hemos perdido un total de 1.134 empleados, la dotación completa de dos grandes prisiones”, explica Jesús Otín, responsable de prisiones de UGT. Sin embargo, en este tiempo no se han cerrado cárceles, sino que se han inaugurado los centros de Las Palmas II, Pamplona, Nanclares de Oca (Álava) y Murcia II que “funcionan a un 70% por falta de personal”, afirma Ángel Moreno. Además, algunos ya construidos han visto reformadas y ampliadas sus instalaciones, como Teruel que está “a medio gas”, indica José Claudio Gistás.

Con un déficit estructural de trabajadores, “no podemos realizar nuestro trabajo ni garantizar la seguridad de funcionarios e internos”, explica Ángel Moreno. ACAIP no participa en las movilizaciones, pero se une a la protesta y ejemplifica los problemas de la falta de personal: “Facilita la entrada de objetos prohibidos, como el que permitió tomar las imágenes de Bárcenas”, explica su delegado de prisiones. “Los funcionarios tienen que estar para evitar que se creen mafias y grupos de presión”, asegura.

Miedo a la privatización

En Aragón hay 820 funcionarios de prisiones (en 2011 en Aragón y la Rioja había 1017 funcionarios, frente a los 996 actuales, de los cuales 820 están en la comundidad aragonesa). En ellos se engloban tanto los pertenecientes al cuerpo de ayudantes (ocupado en un alto porcentaje en labores de vigilancia), como al cuerpo especial (gestión y dirección) el personal sanitario o técnico, y el personal laboral. En enero de 2011 el número de reclusos en Aragón era de 2.517, frente a los 2.304 actuales. Sin embargo, para Jesús Otín la ausencia de oposiciones “no está vinculada a esta disminución: son hechos coincidentes en el tiempo, pero la decisión de anular el acceso de nuevo personal se había adoptado antes por cuestiones ideológicas".

Todos los representantes sindicales coinciden en el temor por la privatización de los servicios, como ya se está probando en la seguridad exterior de las prisiones de Zuera y Daroca desde el pasado mes de mayo. La evaluación de esta experiencia piloto se realizará en diciembre, pero Jesús Otín asegura que el resultado ya se puede adelantar: “va a ser positiva”. “Parece que se va a extender a todos los centros”, explica Ángel Moreno. José Claudio Gistas añade: “Se dijo que sería para emplear a escoltas, pero luego han sido tres o cuatro, y las empresas de seguridad se están lucrando y resulta más caro que emplear a guardias civiles”.

El riesgo a la privatización se une a un “cuestionamiento” de la función pública, asegura Jesús Otín. La escasez de personal, que impide además los traslados de los actuales funcionarios a otras prisiones, se suma además a los “recortes en la limpieza y el mantenimiento, las rebajas en el sueldo, la supresión de la paga extraordinaria, la disminución de las aportaciones al plan de pensiones, la disminución de los días libres…” que llevan soportando desde hace años.







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