El empleo sumergido se agudiza con la crisis en Aragón

Dicen que en época de crisis, la picaresca y el fraude viven sus mejores momentos. Y en la actualidad, parece que así es. Los baremos para medir el empleo sumergido son múltiples aunque poco precisos dada su clandestinidad, pero sindicatos, trabajadores y el propio Gobierno reconocen que es unos de los frentes de batalla más importantes para mejorar la situación económica.

Un simple vistazo al número de afiliados a la Seguridad Social en Aragón (501.400) y al de personas ocupadas según la EPA (498.600) ya deja entrever que miles de trabajadores se declaran como tal, pero no por la vía legal.

De hecho, un informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraba hace un par de años en 2.800 millones de euros el coste del empleo irregular a las arcas públicas. Según otros estudios hasta 70.000 personas trabajan de forma ilegal en la Comunidad.

Por otro lado, uno de los termómetros más fiables para evaluar el mercado laboral sumergido proviene de la labor de los inspectores del Ministerio de Empleo. El año pasado, solo en Aragón, y tras más de 23.000 actuaciones realizadas, salieron a la luz 1.895 empleos ilegales. Como consecuencia de estos resultados, se impusieron sanciones por valor de 4,1 millones de euros.

Pero las formas de fraude son muy variadas. Por ejemplo, los inspectores consiguieron transformar en indefinidos 2.439 contratos que se mantenían de forma irregular como temporales, gracias a casi 5.000 visitas a empresas. Las sanciones, solo por esta causa, alcanzaron el medio millón de euros.

Los sectores 'a vigilar'

Los sindicatos, en contacto directo con trabajadores y empresarios, reciben cada año miles de consultas, reclamaciones y denuncias que tienen como objeto sacar a la luz el empleo sumergido en Aragón. Son quizá, por ello, los que mejor conocen la situación.

“En crisis, trabajar en 'b' es muy beneficioso para los empresarios, que juegan con la precariedad de los empleados”, explica José de la Morena, secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón. “No se puede cuantificar, pero hay sectores que los fraudes se detectan más a menudo”.

Son la hostelería, la construcción, la agricultura, los transportistas, el servicio doméstico... Y este último pese a la reciente regularización. “Se ha dado un paso, pero todavía quedan muchas personas fuera de la ley, y ha quedado demostrado que es uno de los sectores con más empleo en negro”, apunta De la Morena.

Coincide con él Juan Carlos Cantín, responsable de Empleo y Formación de CC.OO. en Aragón: “El 75% de los empleados de hogar siguen en la economía sumergida”. Por otro lado, a su juicio el sector agrícola, pese a haber mejorado en los últimos años, sigue abusando de la contratación de temporeros de manera irregular. “Últimamente hemos detectado a extranjeros sin papeles no solo trabajando de forma ilegal, sino operando con maquinaria agrícola, lo que agrava los riesgos”, critica.

También revela que “hay autónomos con sus cuadrillas, a las que da de alta a tiempo parcial pero luego trabajan jornadas completas”, principalmente en actividades que se realizan en lugares poco visibles, como las reformas de viviendas.

“En la hostelería también sucede esto”, apunta De la Morena. A su juicio, “la vigilancia debe recaer sobre el empresario, que es quien debe cumplir como el resto con la ley, y así evitar que se den situaciones de explotación de trabajadores”.