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Política exterior

El PAR pide que la oficina de Aragón en Bruselas priorice la defensa y promoción de la Comunidad

El partido quiere fomentar el regreso de los aragoneses que residan fuera de la Comunidad y crear el Registro Voluntario de Aragoneses Emigrados.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 05/09/2013 a las 19:01
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La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón debatirá y votará este lunes una proposición no de ley presentada por el PAR, con la que este grupo pretende que la Oficina del Gobierno aragonés en Bruselas priorice los intereses de la Comunidad en aquellas materias, programas y proyectos relacionados con los presupuestos y la financiación y cofinanciación europea, las infraestructuras, la PAC, las políticas europeas sociales de empleo y crecimiento.

La iniciativa, que será defendida por el portavoz del PAR en las Cortes autonómicas, Alfredo Boné, pide también la "máxima defensa" de los intereses de Aragón en cuestiones como expedientes, quejas o trámites ante las instituciones y órganos de la UE, y que se implementen las medidas necesarias para el cumplimiento de la Disposición adicional quinta de la Ley 10/2012, en lo relacionado a medidas de apoyo a los aragoneses en el exterior.

El PAR ha abogado, en este sentido, por "potenciar las políticas transversales de incentivo dirigidas al fomento del regreso de aquellos aragoneses que se encuentran fuera de la Comunidad autónoma" y recuerda la creación del Registro Voluntario de Aragoneses Emigrados previsto en la misma ley, para los aragoneses que residan en países de la Unión Europea.

El vicepresidente del PAR y portavoz en las Cortes, Alfredo Boné, ha indicado en un comunicado que la Oficina del Gobierno autonómico en Bruselas "viene ejerciendo una intensa labor en diversos ámbitos, como el seguimiento legislativo y administrativo de las instituciones europeas, labores informativas y de defensa de los intereses autonómicos, en coordinación con entidades como Aragón Exterior, entre otros".

Por eso, ha estimado que "una adecuada política exterior de la Comunidad autónoma, dentro del marco competencial, constitucional y de la normativa vigente, resulta fundamental para defender sus intereses estratégicos, tal como se ha demostrado, en diferentes periodos, en aspectos relacionados con el agua y el medio ambiente o las comunicaciones transfronterizas". 







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