En 2011 el departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón dictó una orden por la que los agentes forestales dejarían de cobrar las dietas generadas durante las campañas de incendios.

Una norma que implica que el forestal cobra lo mismo por las guardias sean o no en su localidad de destino. Antes, si tenía que realizar la jornada fuera, recibía 14 euros extra para la comida. "Nos siguen obligando a hacer servicios en otras localidades y nos niegan el pago de la dieta cuando todo funcionario de nuestra categoría tiene derecho a percibir una si pasa la jornada fuera de su casa", protesta Francisco Serrano, representante de estos trabajadores por parte de UGT.

De los 360 agentes forestales en Aragón, ya son cuatro -tres en Teruel y uno en Zaragoza- los que han recurrido esta instrucción ante los tribunales de lo contencioso-administrativo de sus respectivas provincias. Los cuatro han ganado.

La DGA debe pagar

Hasta ahora, los tribunales han comprendido que, por ley, los agentes forestales tienen derecho a cobrar 14 euros extra por cada día de trabajo fuera de casa y obligan a la DGA a pagar las dietas acumuladas desde 2011 a estos trabajadores.

El departamento de Agricultura y Medio Ambiente certifica estos datos e informa de que, aunque no cabe recurso, de momento está estudiando las sentencias para actuar en consecuencia. Matiza, sin embargo, que son unas cantidades económicas "poco significativas".

Desde UGT, calculan que cada forestal genera unos 500 euros al año en estas dietas y responden que esa cantidad puede ser muy importante para las familias. El sindicato opina además que, si el Departamento no se sienta a negociar o retira la medida, estará avocando a los demás agentes a interponer recursos.

"Sabiendo que lo tenemos ganado, me parece una temeridad por parte del Departamento porque si vamos los 360 forestales por separado a los tribunales, aparte de que nos tendrán que pagar nuestro dinero con atrasos, estarán condenando a la DGA a pagar las tasas de todos los juicios", señala Serrano antes de añadir: "Es ilógico que para que yo pueda ver cumplidos mis derechos la DGA tenga que afrontar unos costes judiciales con dinero de todos". Según afirma, algunas de las reclamaciones son de cantidades "muy pequeñas" -250 euros- y los costes judiciales pueden llegar incluso a tripicarlas: "Cuesta más la salsa que los caracoles".

Desde Agricultura y Medio Ambiente confirman que se decidió suprimir estas dietas como una medida de ahorro y consideran que las guardias que cobran los APN pueden considerarse, en sí mismas, una dieta. Los tribunales, sin embargo, le llevan la contraria.

Se podrían evitar

Los recursos por la vía contencioso-administrativa suelen tardar entre ocho meses y un año según la provincia y el sector insiste en que una reunión con el Departamenteo podría evitar inundar los juzgados con este tema. "Hay situaciones en las que es inevitable generar esa dieta pero hay otras en las que se podrían evitar con una mejor organización, pero es que no nos quieren escuchar ni recibir. Muestran un desprecio absoluto", protesta Serrano.

Agricultura, sin embargo, niega que se esté ignorando a este colectivo y asegura que se han reunido con ellos en varias ocasiones.