"Si nos ponen las mismas cotas que a los pueblos grandes habrá que entregar las llaves"

Los niños de Castelnou llegan todos los días al colegio gracias a un transporte escolar municipal gratuito para todos. El colegio más cercano está en Samper de Calanda, a cinco kilómetros de Castelnou, y cada día recorren cuatro veces esa distancia porque, gracias a ese transporte, incluso pueden ir a comer a casa. En total, son 16 los niños del pueblo que hacen uso de este servicio costeado por las arcas municipales.

El ayuntamiento de este modesto pueblo de 177 habitantes -según el censo de 2012- colabora también para que los libros escolares y la ayuda a personas mayores gestionada por la comarca salga a coste cero a sus vecinos y, además, tiene contratados dos vehículos adaptados para minusválidos que lleva a los castenloros al hospital cuando lo necesitan, a más de 40 kilómetros.

Como Castelnou, son muchos los ayuntamientos de la comunidad aragonesa que, por su geografía o las características de su población, asumen competencias 'impropias' -según el texto de la reforma local- que de otra forma por ahora no existirían. Una vez entre en marcha la ley, los municipios tendrán un plazo de un año para devolver las competencias en servicios sociales a la comunidad autónoma y José Miguel Esteruelas, alcalde de Castelnou, está seguro de que estos servicios desaparecerán.

Los servicios públicos, a evaluación

De los 731 municipios que conforman Aragón, 727 se verán sometidos a evaluación por tener menos de 20.000 habitantes. La reforma, que entrará en vigor en 2014, prevé que todos los servicios públicos prestados por municipios de menos de 20.000 habitantes serán estudiados minuciosamente. Si resultan más caros que el coste estándar fijado por el Gobierno -aún por determinar-, estos municipios se verán privados de la gestión de la competencia, que pasará a ejercer la diputación correspondiente.

Ante esta norma el alcalde de Abejuela, de 55 habitantes según el último censo y de 36 según su alcalde, se teme lo peor para él y sus vecinos. Vicente Cervera reconoce que los mismos servicios "salen muchos más caros" en los pequeños pueblos pero se pregunta cómo podría la Diputación de Teruel hacerse cargo de las cosas básicas de Abejuela como el alumbrado o el arreglo de calles y tuberías, si se encuentra a 30 kilómetros del pueblo más cercano de su comarca y en invierno la nieve bloquea las carreteras durante semanas: "Si nos ponen las mismas cotas que a los pueblos grandes lo único que podremos hacer será desfilar en procesión todos los pequeños a entregar las llaves de nuestros pueblos", lamenta este alcalde que, cuando le toca, ejerce también de 'conductor de ambulancia' para llevar a sus vecinos al hospital más cercano -a 80 Km-.

Cuatro meses para adaptarse

Saúl Pedro Herrero es el alcalde de Atea, un municipio de la provincia de Zaragoza de 152 habitantes, y está convencido de que esta reforma "no es la solución": "Claro que hay duplicidades pero hay que hacer justo lo contrario, derivar competencias a los pueblos que somos los que trabajamos desinteresadamente y no el Gobierno, ni las diputaciones ni las comarcas -afirma seguro-. De chico me enseñaron que el camino más corto era la línea recta, si pasa algo aquí se arregla aquí, pero nos empeñamos en hacer curvas y curvas y al final nos escayolan el brazo cuando lo que tenemos roto es la pierna".

Según informó esta semana el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, antes del verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas el coste estándar al que deberán adaptarse los municipios en un plazo de cuatro meses si no quieren perder sus competencias. El ministerio de Hacienda informó también esta semana de que el 92,11% de los municipios de menos de 5.000 habitantes -de los que hay 706 en Aragón- son ineficientes. Los pueblos aragoneses ven con preocupación como se acerca la reforma y se preguntan cómo frenarán la despoblación si pierden la capacidad de ofrecer servicios a sus ciudadanos.