Los presidentes autonómicos ya no tienen margen ni para discrepar de que reciban un trato desigual del Gobierno central. La secretaria general del PP nacional y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, advirtió ayer a las comunidades autónomas que denominan díscolas de que "no es negociable" el apoyo al Gobierno central en su decisión de aprobar un déficit a la carta. "En política de todo se habla y se negocia, pero lo que no es negociable es el apoyo al Gobierno de España para sacar el país adelante", aseveró Cospedal. El mensaje fue directo para los presidentes de Madrid, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Galicia, que son los ejecutivos que han intentado frenar el intento de Hacienda de privilegiar a Cataluña con el déficit.

De Cospedal se mostró además segura de que estos barones regionales entenderán su recado y darán por acabada la guerra de declaraciones. "Habrá consenso", manifestó cuando se refirió a la votación que tendrá que haber dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según algunas fuentes, la número dos del PP ha marcado esta posición después de haber conseguido que el ministro Cristóbal Montoro acepte que Castilla-La Mancha tenga con el déficit un trato similar a Cataluña. Frente a estas dos comunidades y Valencia, las perjudicadas serían Aragón, Extremadura, Castilla y León y Galicia, principalmente.

Ysi el partido fue contundente, el Gobierno central también dejó claro que la rebelión se debe acabar esta semana.La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pidió a las comunidades autónomas que tendrán menos déficit que no expliquen a sus ciudadanos la decisión desde un plano político, sino que expongan "criterios económicos". "Cada uno tendremos que marcarnos metas que seamos capaces de cumplir", indicó, y argumentó que es preferible dar a cada comunidad un objetivo acorde a sus necesidades o incumplirán y "tendremos la desigualdad por la vía de los hechos". La portavoz sí reconoció que "es lógico que cada uno defienda lo que más interesa a su comunidad".

Desde el PP se insistió a los dirigentes de los territorios perjudicados que asuman la justificación económica y dejen de argumentar que el déficit extra que cederán a Cataluña será para financiar su política independentista (como expresó Madrid), sus embajadas (Aragón) o su televisión autonómica (como dijo el presidente de Castilla y León).

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