La ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón ha comenzado este jueves su tramitación, con el rechazo por parte del Pleno del Parlamento aragonés de sendas enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas a este proyecto por CHA e IU.

Ambas han sido rechazadas por los grupos que sostienen al Gobierno, PP y PAR, y apoyadas por los de la oposición, PSOE, CHA e IU. El debate se ha iniciado con la defensa del texto por parte del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, Ricardo Oliván.

Según ha subrayado, este texto "no va en contra de nadie, sino a favor de los profesionales de la sanidad y los servicios sociales, de los pacientes y usuarios, de todos los ciudadanos", una propuesta "no improvisada", sino que cumple un compromiso electoral del PP que, a su vez, se hace "eco de una amplia demanda de profesional".

Oliván ha señalado que "lo más relevante" es que "reconoce la condición de autoridad pública, tanto al personal de la sanidad, como al de los servicios sociales" para que "gocen de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones", así como para que cuenten con la "protección reconocida jurídicamente".

El consejero ha explicado que se creó un grupo de trabajo específico, en el que los profesionales reconocieron la "necesidad y conveniencia" de este texto y pidiendo ampliarlo a todo el personal no sanitario y al de los servicios sociales, como se hizo, además de obtener el voto favorable del Consejo de Salud y del Consejo Aragonés de Servicios Sociales.

Ignorar las carencias 

La diputada de CHA, Nieves Ibeas, ha considerado "indiscutible" el papel del personal al que va dirigida esta ley y "cualquier medida que lo refuerce debe ser apoyada", pero ha mostrado su rechazo al proyecto porque "su mero reconocimiento como autoridad supone ignorar deliberadamente las carencias que tienen nuestros sistemas públicos".

A su entender, respaldar a estos profesionales "pasa por dotarles de medios", en vez de "desorganizar la plantilla, cerrar plantas, servicios y consultas", realizar "continuos recortes" y "denostarlos en sus intervenciones" y ha pedido una memoria sobre las agresiones a estos profesionales que sirva de base "para poder debatir" puesto que "no hay datos contrastados, ni ningún informe".

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha comentado que este va a ser el único compromiso electoral que cumpla Oliván, cuando "debería estar en el puesto 2.000 o 3.000 de la lista de prioridades", ante el "ataque sin precedentes" a la sanidad pública y a los servicios sociales y le ha solicitado al consejero que "primero, crea en estos profesionales" y les dote de "más recursos y medios".

Asimismo, ha opinado que Oliván posee "toda la legalidad, pero poquísima legitimidad", tras sus declaraciones en las que "llamó mini Bárcenas" a profesionales y usuarios de la sanidad, le ha reclamado "autocrítica" y, "si quiere radicar los conflictos, atacar el problema de raíz", mediante la prevención, la creación de espacios para resolver los problemas y la participación.

Apoyo de los profesionales

La diputada del PP, Carmen Susín, ha recalcado que los profesionales "han apoyado esta iniciativa" y la ley incluye sus propuestas, un texto que contribuirá a "la total libertad en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos a la amenaza y el menosprecio" y ha comentado que según el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial, en 2012, se contabilizaron 416 en España, el 18% con lesiones.

El parlamentario del PSOE, Eduardo Alonso, ha argumentado que esta ley "parece una cortina de humo para ocultar la pérdida de poder adquisitivo" que han sufrido estos profesionales y "ocultar el empeoramiento de sus condiciones de trabajo" y "si sale como está, será ni chicha, ni limoná" por lo que su grupo ha presentado 66 enmiendas parciales para mejorarla, una normativa que ha reconocido que "siempre han reclamado" los profesionales.

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha sostenido que estas agresiones "se suelen producir cuando hay un fallo en las expectativas", situaciones ante las que Aragón "no tienen establecidos planes concretos", algo que "viene a resolver esta ley", que es "necesaria", igual que "la mejora de las condiciones de trabajo".