El PSOE y CHA exigen a Rudi el cese "fulminante" de Alarcón

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha pedido a la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, que cese "con carácter fulminante" al consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, por poner contra las cuerdas el proyecto logístico de Pla-Za.

Ya que en opinión de Sada el consejero ha primado los intereses personales y ha dicho que parece más una "vendetta" que una situación real.

El portavoz socialista ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa después de que el juzgado haya condenado a la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za) a pagar más de 14 millones de euros a las contratistas por la obras de urbanización que ejecutó.

Sada ha expresado su malestar porque la posición de Fernández de Alarcón con este proyecto está costando y va a costar "mucho dinero al erario público y sin ninguna justificación", y ha acusado al consejero de "cargarse" el prestigio de un proyecto estratégico que era una apuesta importante por la logística.

Además, ha añadido que ha dificultado que las empresas se pudieran instalar en Pla-Za porque ninguna lo ha hecho en los dos últimos años, y Amazon ha preferido irse "ante el desprestigio que este consejero ha provocado conscientemente de lo que hacía".

Para el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, este proyecto estratégico "no puede aguantar a un consejero como éste ni un minuto más", por lo que ha pedido a Rudi que lo cese "con carácter fulminante".

El PSOE ha pedido la comparecencia de la presidenta de Aragón en el Parlamento autonómico para que explique los diferentes juicios que se han perdido en relación a Pla-Za, aunque antes ha reclamado el relevo del consejero, a quien ha definido como un elemento "absolutamente negativo" para el futuro de esta tierra. 

Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA) también ha pedido al consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández Alarcón, que deje su puesto, o que la presidenta de Aragó lo cese, por su "contraproducente gestión" de la Plataforma Logística.

CHA anuncia que pedirá explicaciones en las Cortes de Aragón a Fernández de Alarcón, "por su contraproducente gestión sobre las plataformas logísticas".

"Es dinero público perdido que se suma a su tremenda deuda de casi 110 millones, y no estamos para que se lo jueguen así a costa de toda la ciudadanía", afirma el diputado Gregorio Briz en una nota de prensa.

Briz denuncia que Pla-Za "está sometida a una campaña de desprestigio orquestada por el que es el responsable de sacarla a flote, el consejero Alarcón", y califica de "inaudito" este hecho.

El diputado de CHA considera que estos casi dos años de legislatura han sido "nefastos" y muestra su temor de que "sus efectos sean duraderos y las empresas recelen de instalarse en esta plataforma logística con un gobierno que dedica más tiempo a declarar la guerra que a resolver los problemas y atraer inversiones". 

El PP culpa al gobierno socialista

El PP en las Cortes de Aragón ha dicho que la sentencia es consecuencia de la aceptación de pagarés por valor de 10,9 millones en junio de 2011 por el anterior Ejecutivo aragonés en funciones.

El portavoz del PP en la comisión de Obras Públicas, Javier Campoy, ha criticado las declaraciones de Sada y ha recordado que esta situación es consecuencia de las actuaciones del gobierno socialista que, ya en funciones, el 16 de junio de 2011 aceptó hacer efectiva con pagarés 10,96 millones de deuda generada con algunos contratistas.

Por tanto, la oposición al pago de los mismos es una decisión "ya tomada" por el anterior gobierno de Aragón, ha insistido Campoy, quien ha resaltado que estaba apoyada por los servicios jurídicos del Ejecutivo que advertían de graves irregularidades en las obras realizadas en Pla-Za y que también cuestionó el tribunal de cuentas.

"Cuando existen estas sombras es responsabilidad de un buen gestor intentar aclararlas y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón", ha subrayado el diputado popular, quien ha defendido la gestión del consejero Alarcón que ha recibido la "patata caliente" y ha intentado defender los intereses de los aragonesas y del dinero público.

A su juicio, el anterior Gobierno de Aragón ha dejado a Pla-Za en una situación "tremendamente complicada" y el interés general obligaba a intentar no hacerse cargo de sobrecostes injustos de las obras encargadas por el anterior Ejecutivo.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno aragonés recurra la sentencia, Campoy ha aseverado que se atenderá "lo que dictaminen los servicios jurídicos".