El departamento de Sanidad del Gobierno aragonés ha denunciado que, como ya publicó Heraldo.es, el anterior Ejecutivo autonómico no dio de baja a unas 7.000 personas acogidas a las prestaciones de la Ley de Dependencia y siguió cobrando del Estado alrededor de 14 millones de euros hasta 2011.

Fuentes de este organismo autonómico aseguran que no sólo no se dieron de baja a estos fallecidos que estaban en la base de datos de la dependencia, sino que en la inmensa mayoría de los casos el dinero no llegó a sus familiares.

Con estas afirmaciones, el Salud sale al paso de las críticas vertidas por el grupo del PSOE en las Cortes de Aragón contra el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, para instarle a pedir disculpas por la "demolición y derribo de la Ley de Dependencia tras los ajustes establecidos por el Gobierno central.

Las fuentes citadas afirman que tras asumir sus nuevas responsabilidades al frente del Gobierno aragonés, sus representantes políticos tuvieron que devolver al Estado más de 14 millones de euros cobrados para los dependientes fallecidos y que no llegaron a su destino.

La regularización llevada a cabo por el IMSERSO en mayo de 2011 hizo bajar el número de beneficiarios de la dependencia de 27.536 a 24.515, según informó por carta el Ministerio de Sanidad al Ejecutivo aragonés en junio de 2011.

Además, siempre según las referidas fuentes, el consejero Oliván encargó a un equipo de personas la labor de verificar que no existiesen más beneficiarios de dependencia fallecidos, detectando 3.993 personas fallecidas que constaban como beneficiarias.

En total, los últimos datos en manos del departamento de Salud revelan que 7.304 personas que figuraban como beneficiarias de las prestaciones de dependencia han sido dadas de baja por fallecimiento hasta 2011.

Entre 2012 y febrero de 2013 se han producido 998 nuevos fallecimientos y 1.158 altas de personas vinculadas al servicio; se han registrado el fallecimiento de otras 2.186 que percibían ayudas por cuidados en el entorno familiar y se han dado de alta 2.341 más; mientras que han muerto 50 personas cuidadas en centros de día y se han incorporados a éstos otras 267.

A juicio de las referidas fuentes, que se preguntan por el destino que se dio al dinero que fue percibido de forma supuestamente irregular, esta situación explicaría por qué la cifra en cuanto a dependientes se mantiene "estable" y no se dan nuevas altas de dependencia.

Desde el departamento de Sanidad se asegura que en el segundo semestre se llevaron a cabo modificaciones presupuestarias para incrementar la partida a la dependencia prevista por el Gobierno saliente.

Además, el Gobierno aragonés, añaden estas fuentes, se encontró bloqueado por "insuficiencia presupuestaria" el sistema de atención a la dependencia, lo que obligó a una ampliación del crédito a fin de garantizar las prestaciones económicas.

El departamento de Sanidad, argumentan, defiende que estas prestaciones económicas sean "excepcionales" y se primen "poco a poco", para que se destinen con mayor intensidad a servicios profesionales como residencias y teleasistencia.

A este respecto, añaden, los servicios profesionales no sólo generan empleo sino que pueden incrementar la calidad de la atención prestada a los dependientes.