Afectados y colectivos sociales mostraron este jueves su indignación por el ahorro de 1.108 millones de euros que el Gobierno central prevé a nivel estatal en el ámbito de la dependencia durante este año. Consideran que el «tijeretazo» en esta partida planteado a Bruselas a través del Programa Nacional de Reformas de 2013 dará la puntilla a una ley que ya se encuentra casi en «muerte por inanición». Además de dejar en situación de «indefensión y desamparo» a miles de personas, denuncian los miles de trabajos directos que se perderán con el recorte planteado.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, manifestó su malestar por lo que cree que será un nuevo hachazo a una ley que, según su opinión, está ya tan malograda que «tiene fecha de caducidad». «Uno de cada tres euros de los recortes cuantificados lo van a sufrir las personas en situación de dependencia», aseguró Ramírez, que recordó que el informe contempla una reducción del gasto de 1.108 millones de euros en 2013 cuando la partida de atención a la dependencia solo está dotada con 1.087.

Criticó, además, el «baile de cifras y millones» que recoge el documento que el Gobierno central ha entregado a Bruselas, y aseguró que si Rajoy quiere cumplir esas previsiones de ahorro tendrá que aprobar un incremento «brutal» del copago hasta llegar incluso a un 50% (en estos momentos es de un 5% según la renta), así como un recorte en la calidad asistencial (por ejemplo, en una nueva reducción de la prestación que se da a los cuidadores, según Ramírez).

Actualmente, según explicó el presidente de la entidad, hay en España 755.000 beneficiarios de la dependencia y 225.000 en lista de espera. En Aragón, hay 9.229 personas que tienen reconocido el derecho a la dependencia, pero no la reciben. «Aragón es una de las comunidades con una de las tasas de reposición más baja», apuntó el portavoz.

El gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Carlos Ferrer, mostró también su preocupación por las últimas noticias sobre el futuro de una ley que «se encuentra prácticamente paralizada». Aseguró que no se ha materializado el compromiso del Departamento de Sanidad de potenciar las prestaciones vinculadas a los servicios frente a las económicas. De hecho, hizo hincapié en que la concertación de plazas en las residencias privadas se ha paralizado o se dan con «cuentagotas». «Y muchas veces cuando conceden la prestación a los usuarios, los trasladan a una residencia pública», señaló Ferrer, que recordó la difícil situación de muchas familias con personas dependientes.

Dentro de este malestar, la Comisión de Mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) criticó que el el ahorro previsto se anunciara «de tapadillo» en un día festivo. «Estas medidas y las artimañas con que se anuncian demuestran la mala fe del gobierno de la nación y su desprecio hacia las necesidades de los mayores para tener una vejez digna», aseguraron desde la Federación de Barrios. En ese sentido, consideraron que este recorte del gasto podría suponer la pérdida de 100.000 puestos de trabajo directos, «en unos momentos en el que el paro afecta ya a más de 6 millones de personas».

Respuesta desde Sanidad

Ante las noticias llegadas desde Madrid, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, aseguró este jueves no tener constancia de nuevas medidas en el ámbito de la dependencia. Hizo hincapié en que, según su opinión, el ahorro recogido en el Programa Nacional de Reformas de España 2013 se refiere al previsto para este ejercicio con las medidas que se implantaron ya en verano del año pasado. Entonces, el Gobierno redujo la prestación al cuidador familiar un 15%, eliminó el pago de las cuotas de la seguridad social de los cuidadores familiares, fijó el copago ciudadano en un 5% (según la renta) y priorizó las prestaciones vinculadas al servicio a las económicas. Además, afirmó que si las circunstancias cambian, Aragón goza todavía de margen y hará un esfuerzo para profundizar en las políticas de empleo y de bienestar social.

Fuentes del Ministerio de Sanidad también aseguraron a Europa Press que el ahorro de 1.100 millones previsto en 2013 responde a las medidas aplicadas el año pasado y subrayaron que no se prevé endurecer ninguna de estas ni «este año, ni el que viene, ni después», precisaron.

Sin embargo, el documento es en sí mismo bastante ambiguo en ese sentido. Mientras que en varias páginas del mismo se apunta a que el ahorro de 1.108 millones se produce por las medidas implantadas en 2012, en la 53 se deja entrever que se está elaborando un nuevo decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en las prestaciones de la dependencia, «donde se plantea que la aportación al coste de los servicios se incremente en torno a un 5% adicional, en una perspectiva de progresiva implantación en un periodo de 3 años».

Asimismo, el mismo plan avanza que «con el objetivo de adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar los servicios profesionales sobre las cuantías económicas está previsto aprobar en 2013 dos reales decretos».