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Tribunales

El socio de Agapito dice que no podrá pagar 6,7 millones a Plaza del suelo de Decathlon

La empresa a la que Codesport desvióel alquiler millonario de la nave justo antes de ir a concurso no logra la financiación para saldar su deuda.

Jorge Alonso Actualizada 03/05/2013 a las 21:48
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Javier Bazaco, socio de Agapito Iglesias, antes de declarar.GUILLERMO MESTRE

El socio de Agapito Iglesias al que cedió el millonario contrato de alquiler de la nave de Decathlon en Plaza, Javier Bazaco, aseguró este jueves que carece de ingresos y de financiación para afrontar el pago final de la parcela a la sociedad pública, que asciende a 6,7 millones de euros y debe abonarse en julio de 2014. Así lo afirmó ante el titular del Juzgado Mercantil número 1 de Zaragoza, que debe decidir si se reintegra ese activo, el más importante que tenía la constructora de Agapito Iglesias, Codesport, y cuya salida provocó un «grave perjuicio» a sus acreedores, tal y como sostiene la entonces administración concursal de la empresa.

En un tenso interrogatorio con la abogada de la administración, Eva Castejón, señaló que la firma titular del alquiler, Multi-Inversiones 2010, de la que es dueño y apoderado, no logra financiación para saldar su deuda, 26 millones, contraída en su mayor parte con Codesport por la construcción de la nave y con Plaza por la compra del suelo. «Tenemos un problemón con Plaza porque a priori no se va a poder pagar. No podemos atender la deuda», sentenció Bazaco tras aclarar que la renta mensual de Decathlon se destina a ir saldando los pagos pendientes.

Multi-Inversiones fue creada por el dueño de Codesport y del Real Zaragoza con el fin de cederle su principal activo, el contrato de alquiler de Decathlon. Y lo hizo tres meses antes de solicitar el preconcurso en junio de 2011. La operación ha impedido que sus acreedores pudieran compensar la deuda, 84,4 millones, con este arrendamiento, que estipula el cobro durante 25 años de una renta anual de 2,6 millones (más IVA y la actualización del IPC), tal y como publicó este diario en abril.

A juicio de la administración concursal, Codesport pretendió «evitar» que un bien con una rentabilidad asegurada permaneciera en su patrimonio como garantía para los acreedores. En el juicio, Eva Castejón recordó que la constructora se allana a la reintegración con el argumento de que el proyecto empresarial fue negativo y cedió Multi-Inversiones sin una «contraprestación adecuada».

Agapito Iglesias no llegó a comparecer como testigo a solicitud de la administración concursal y acudió la representante legal de Codesport, Clara Blasco, quien defendió que el negocio para la constructora era encargarse de la obra y que en su objeto social no está la promoción ni los arrendamientos. Sin embargo, Castejón recordó que Codesport sí lo hizo en Euskadi y lo pretende en Benasque, para lo que Blasco no tuvo respuesta.

Javier Bazaco recordó que la financiación pactada con Caja Madrid se perdió a finales de 2010 por el incumplimiento de Plaza a la hora de escriturar la parcela y que, desde entonces, ha intentado infructuosamente obtenerla con otras quince entidades financieras. También reconoció que no logra comprador para la nave de Decathlon que esté dispuesto a pagarle siquiera los 26 millones que debe pese a que, dijo, se la ha ofrecido a más de cien. En este sentido, declaró que la mejor oferta no supera los 18 millones.

El empresario explicó que el acuerdo de adquisición del suelo, por 12,8 millones, establecía un pago mensual de 100.000 euros a Plaza desde que Multi-Inversiones percibiera la primera renta, que deberá pagar hasta que venza el último pago, el de los 6,7 millones de euros, en julio de 2014.

El perito de Multi-Inversiones, el economista Gerardo Ortega, consideró que la empresa no logrará financiaron antes de «tres o cuatro años porque los bancos no están dispuestos a asumir riesgos». Precisamente la ausencia de financiación ha sido clave para valorar el 90% de las acciones de Multi-Inversiones que cedió Codesport a la empresa de Bazaco, Technology Engineering Design, por su precio nominal, 2.790 euros. Así lo entendió este perito, que difiere de la designada por la administración concursal, Mercedes Ródenas (a su vez socia), que fija un valor mínimo en 400.000 euros.







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