Queja ante el Justicia por la falta de oferta de empleo público

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a dirigirse al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo para formular una queja por la falta oferta de empleo público del Gobierno de Aragón en los últimos años.

La asociación considera una vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública -que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española-, el que no se aprobase la Oferta de Empleo Público en los años 2012 y 2013.

Tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón imponen la obligación de aprobar con carácter anual una Oferta de Empleo Público que incluya, necesariamente, la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. "La falta de inclusión de éstas motivó precisamente la anulación de las Ofertas de 2007 y 2011, por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aún pendientes de ejecución", aseguran desde la asociación.

La plataforma en defensa del empleo público presentará la queja ante el Justicia dado que "Ni los ajustes presupuestarios ni la grave crisis económica que padece nuestro país son razón suficiente para suspender el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y en los términos previstos en la ley". Dichos términos legales son, según señalan, que anualmente se apruebe la correspondiente Oferta de Empleo Público, incluyendo la totalidad de las plazas ocupadas por interinos.

Reducción de efectivos

La asociación considera además que el respeto a las condiciones de acceso a la función pública no está reñido con el redimensionamiento de las Administraciones Públicas o la reducción de efectivos. "La Oferta de Empleo Público ordena el acceso a la función pública, no su tamaño", explican. "El número de puestos de trabajo de que se dota la Administración se determina en el momento de la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, siendo dicho instrumento el que podrá determinar la innecesariedad de ciertos puestos y proceder a su supresión o a declararlos a amortizar, en el momento en que se produzca el cese de sus titulares". 

Por último, los reclamantes señalan en una nota de prensa que el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo ya alertaron sobre las elevadas tasas de interinidad existentes en el sector público, "cuya precaria situación laboral sirve para debilitar la posición del funcionariado frente al poder político e incrementar los riesgos de arbitrariedad, abusos y corrupción". A su parecer, la no aprobación de Oferta de Empleo Público y la precarización laboral del personal de las Administraciones Públicas constituye "uno de los más graves menoscabos al Estado de Derecho, tanto en lo que se refiere a la garantía de los derechos fundamentales como al debilitamiento del principio de legalidad al que ha de someterse la actuación de las Administraciones y que ha de quedar garantizado por los funcionarios públicos".