La DGA rescinde casi 30 alquileres para ahorrar 3,6 millones de euros

El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha rescindido desde el inicio de la legislatura cerca de 30 alquileres, lo que va a suponer un ahorro anual de 3,6 millones de euros. Los alquileres rescindidos suponen la mitad del dinero --6,3 millones de euros-- que en 2011 supuso el desembolso de todos los alquileres de los diferentes departamentos y organismos públicos del Ejecutivo autónomo.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ha indicado que se trata de "racionalizar el gasto para un funcionamiento normalizado de los servicios que se prestan al ciudadano y siempre pensando en que estos servicios mantengan el mismo nivel e, incluso, mejoren a través de estos traslados de las dependencias".

Los alquileres rescindidos hasta la fecha afectan, entre otros, a servicios administrativos y de atención al ciudadano que se han trasladado a otras dependencias propiedad de la Administración de la Comunidad autónoma, como el propio Edificio Pignatelli, el de San Pedro Nolasco y el recinto Expo en Zaragoza o los edificios de las calles San Jorge y Ricardo del Arco en Huesca.

Entre estos servicios se encuentran el Departamento de Política Territorial e Interior, la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, la Ventanilla Única Empresarial --trasladada a la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza--, las sedes de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y el Instituto Aragonés del Agua, la Oficina de Empleo de La Almozara, trasladado a la Avenida de Ranillas, en la Expo, y las Direcciones Generales de Justicia y Urbanismo.

Además de estos alquileres se han rescindido también otras obligaciones contractuales que mantenía el Gobierno de Aragón como varios locales que se utilizaban para almacenes o plazas de garaje.

Racionalización del gasto corriente 

La cifra de 3,6 millones de euros en alquileres rescindidos durante el primer año y medio de legislatura del actual Gobierno de Aragón supera la previsión hecha inicialmente para este plazo cuando se puso en marcha el Plan de Racionalización del Gasto Corriente actualmente en curso.

Este Plan incluía entre sus 104 medidas y en el apartado de Gestión del Patrimonio la número 58, destinada a evitar la contratación de arrendamientos para la ubicación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la rescisión de los contratos vigentes conforme a los términos pactados en cada uno de ellos y en función de la disponibilidad de espacios propios.

La finalidad de esta medida es racionalizar el uso de los espacios públicos aprovechando mejor los propios y ahorrar en el pago a terceros siempre que sea posible, ya que hay determinadas dependencias que por sus características y necesidades no pueden abandonar sus emplazamientos actuales aunque sean del alquiler.