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Cortes de Aragón

El PP y el PAR aprueban solos la ley de autoridad del profesorado de Aragón

La oposición ha considerado la normativa "innecesaria" y "caduca" y han opinado que "conllevará la judicialización de la vida educativa".

Efe. Zaragoza Actualizada 13/12/2012 a las 12:20
33 Comentarios
La ley reconoce la autoridad pública a los docentesJOSE MIGUEL MARCO

El pleno de las Cortes ha aprobado, con el apoyo del PP y el PAR, la ley de autoridad del profesorado de Aragón, que han rechazado los tres grupos de la oposición al considerarla innecesaria y caduca, además de que conllevará la judicialización de la vida educativa. 

La ley reconoce la autoridad pública a los docentes de los centros no universitarios y la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, fija la necesidad de que cada centro elabore un plan de convivencia y establece las medidas para reparar daños, entre ellas la obligatoriedad del alumno de pedir perdón en el caso de agresiones físicas o morales a cualquier miembro de la comunidad educativa sin perjuicio de la posible responsabilidad en que se haya podido incurrir.

Según ha afirmado la coordinadora de la ponencia que ha estudiado la ley, María José Ferrando, del PP, la política educativa del "colegueo" de los socialistas es la que ha conducido a la situación actual y la ley que se aprueba va a aportar un decidido apoyo al sistema educativo al respaldar el pilar fundamental sobre el que descansa la educación, el profesorado, en un intento de solucionar los problemas de convivencia de los centros al prestigiar y proteger a los docentes.

Por el contrario, la portavoz de educación del PSOE, Mayte Pérez, ha aseverado que es innecesaria, improcedente e inoportuna y ha advertido de que es muy peligroso, legislando, hacer de la excepción norma, por la visión "casi delictiva" que el PP tiene de las aulas, y de que se va a judicializar la vida en los centros cuando se debería apostar por el pacto y el diálogo.

Para Pérez, la ley es un "sarcasmo y una provocación en toda regla" en un día de movilizaciones en defensa de la escuela pública, porque el profesorado no se merece el trato "denigrante" que está recibiendo del gobierno de Aragón y del central, con recortes salariales y sociales.

Y porque la autoridad no se consigue "colgándoles una chapa", sino con presupuestos, disminuyendo ratios, convocando oposiciones, con infraestructuras suficientes y con respeto a sus horarios y a la formación permanente.

El diputado de CHA Gregorio Briz ha opinado que la ley es innecesaria e irrelevante, un "fraude de ilusión" puesto que no va a cambiar nada respecto de la seguridad en las aulas, recuperando un sistema jerárquico, autoritario y "rancio educativamente".

Porque, además, la autoridad pública ya está recogida en las leyes y la valoración social de los docentes se consigue con recursos y medios, no quitándoles la paga de Navidad y con leyes "caducas".

Briz ha advertido a la consejera de Educación, Dolores Serrat, de que se va a judicializar la vida educativa porque los padres no van a asumir con facilidad la presunción de veracidad de los docentes, que es un exceso antidemocrático.

Además ha rechazado la percepción de desorden en las aulas del gobierno, porque "esto no es Beirut", y ha emplazado a Ferrando a que presente, dentro de un año, un informe serio sobre las mejoras en la convivencia de los centros que haya producido la ley.

Adolfo Barrena, de IU, ha considerado que las Cortes aún estaban a tiempo de evitar "la aberración jurídica, legal, constitucional y democrática" que en su opinión supone la ley, con "clarísimas connotaciones fascistas de estado totalitario", ha dicho, al dar siempre la razón al profesor y obligar al alumno a pedir perdón si se ha equivocado en algo que el docente considere inadecuado, lo que conllevará que las familias acaben en los juzgados.

Ha criticado que se puedan recabar datos personales del alumnado, en lo que ha calificado un "fichero policial", y que se obligue a las familias a prestar su colaboración pudiendo ser objeto de sanción, porque representa tocar derechos y libertades y acabará ante el Tribunal Constitucional.

Barrino ha remarcado al tiempo que los profesores, padres y alumnos están movilizados en contra de los recortes y no para reclamar más autoridad para el profesorado.

María Herrero, del PAR, ha acusado a la oposición de estar en contra de la ley "por estar en contra" ya que, a su juicio, algunas de las enmiendas son "excusas" para no apoyar una norma que "no hace mal a nadie", aporta aspectos positivos y ha tenido una buena acogida entre la comunidad educativa.

Finalmente, Ferrando ha instado a Pérez a reconocer que el PSOE, por su "despilfarro" en el gobierno, es el último responsable de los recortes y de que el actual ejecutivo se haya visto obligado a incrementar las ratios o a ampliar el horario lectivo de los docentes.


  • Juan14/12/12 00:00
    La autoridad emana del grupo, el poder de la ley.
  • crm14/12/12 00:00
    Me parece muy bien que se de autoridad al profesor. Nunca se la tenían que haber quitado. Lo primero que tienen que aprender los alumnos es a respetar las normas y para eso hace falta autoridad. En estos momentos hay una falta de valores en nuestra sociedad muy preocupante y hay que empezar a cambiar la situación.Y las familias también tienen que colaborar. El respeto y la autoridad se enseñan primero en casa. 
  • Pensando en todos14/12/12 00:00
    Para un porcentaje importante del alumnado los IES desempeñan una función fundamental, tener a los alumnos controlados a edades en las que estar en la calle les pondría en la situación de caer en la droga, la delincuencia, etc. Con este alumnado poco se puede hacer académicamente, algunos hasta se logran reenganchar cuando cumplen 17 ó 18. Para algún caso puntual de conflicto con este tipo de alumnado podría servir esta ley.
  • Un padre13/12/12 00:00
    Me parece perfecta la ley, igual que un policía tiene la presunción de veracidad y respeto, deben de tenerla también los profesores, por supuesto que no se debe de cometer abuso de autoridad pero en ningún caso y no solo en ese colectivo, pero lo que no podía ser lo que hay ahora que los han convertido en peleles, y los padres que se salgan un poco de la escuela que al final van a tener que consultar los profesores que les ponemos de examen a sus hijos. Ya vale. Es protestar por protestar y estar en desacuerdo siempre con lo que hacen los otros. Que lástima de país.
  • marino13/12/12 00:00
    Es cierto que un sector progre-retro-vintage del proesorado está en contra de la Ley. Son aquellos que prefieren que todo se quede como está. La Educación ees un desastre, pero prefieren que siga siéndolo. Se echan las culpas a los padres y al Ministro Wert y a seguir vegetando como hasta ahora. Para más de uno la ley les provoca sarpullidos, porque con una legistalación que les ampare, no tendrán justificación para semejante fracaso
  • JL13/12/12 00:00
    Soy maestro y me parece una medida innecesaria. El respeto se gana en el dia a dia, con tu forma de ser y la palabra. No debemos ser autoridad publica.
  • Lorena 13/12/12 00:00
    Un aplauso por esta deicision, basta de que los profesores no puedan corrsgir a los alumnos y tengan que aguantar insultos, chuleria y amenazas por parte del alumnado (muchas veces respaldado por los propios padres). Si en casa no se establecen ciertos limites, estoy de acuerdo a que en el colegio puedan enseñar a los chicos que no todo vale, y que la libertad de uno temina donde empieza la libertad de otro. A ver si al fin podemos ver un poco de respeto.
  • Ángel González13/12/12 00:00
    Como profesor de Instituto de Sevilla quisiera dar mi enhorabuena a mis colegas aragoneses y manifestarles mi envidia. En Andalucía, desgraciadamente, no tenemos ni esperanza de obtener un logro similar porque desde que existe democracia en España no hemos conocido otro ?gobierno? que el del mal llamado ?socialismo?. Es curioso que estos señores autodenominados de izquierdas estén siempre proclamando la idea de que las leyes se deben ajustar a las nuevas circunstancias del país, pero que ignoren por completo este principio cuando se trata de la enseñanza. En los institutos de Secundaria ya no estamos preparando exclusivamente a los alumnos para la Universidad. Ahora estos centros, a los que también se les da nuevo nombre, Centros de Secundaria, sufren una esquizofrenia delirante: por un lado están los alumnos que aspiran a estudiar en la Universidad y que están hartos, con razón, de la excesiva regulación de todos los aspectos del funcionamiento (empezando por tener que sufrir un control de entradas y salidas propio de un centro penitenciario), y por otro están los menores de los cursos bajos de la ESO (que antes estaban en los colegios, ¡afortunados maestros!) que en razón de su edad sí deben ser controlados en todo momento. Los Centros de Secundaria actuales poco tienen que ver con los Institutos de Bachillerato donde sólo estudiaba el primer tipo de alumnos. En algunos centros de Andalucía, la permisividad y hasta la complicidad de las autoridades educativas han herido de muerte a los centros públicos. Si la Directiva de un Centro y/o la Inspección Educativa que correspondan son fundamentalistas de los derechos de los padres y de los alumnos, la enseñanza se hace imposible. Este drama lo viven profesores andaluces todos los días, agravado por la masificación y el aumento salvaje de la jornada laboral, pues entre reuniones de Departamento, Claustros, Equipos Educativos, evaluaciones, preparación de clases, correcciones, informes, papeleos, guardias, aprendizaje de los recursos Tecnológicos, lectura y atención a las notificaciones on-line de la Directiva y demás zarandajas salimos por mucho más de 45 horas semanales. Y eso es terrible si se considera que una de las 20 horas de clase directa ante más de 30 alumnos desgasta mucho más que cualquier otro trabajo por tratarse de una actividad que exige una concentración absoluta (ya nadie lee el periódico en el aula, por cierto). Y es terrible, repito, si los alumnos son disciplinados. Cuando hay que enfrentarse a alumnos que no conocen ni el significado de la palabra ?respeto? o ?educación? (por supuesto, ni hablamos del cumplimiento de normas básicas), la palabra ?tortura? se queda corta. Y si a ello añadimos una Directiva acomodada y cómplice  con los infractores de las normas de convivencia, me quedo sin calificativo. Y, lo más terrible de todo, los maltratados profesores tienen que soportar esta injustísima situación mientras asisten impotentes a la pérdida del derecho a la formación de los alumnos que sí desean estudiar y no pueden pagarse un centro privado. Señores ?progres?, ése es el modelo de instituto que más abunda, por desgracia: sean coherentes con principios que Vds tanto se jactan de defender, y pongan freno a este atropello. No tienen que hacer nada, porque después de tantos años ya sé que nunca van a hacer nada, pero por lo menos dejen que este gobierno haga bien al menos una sola cosa. No es una medida fascista ni retrógrada: es simplemente una cura de urgencia y un primer paso para poner un poco de sentido común en esta locura en que se ha convertido el trabajo de los profesores. Repito: enhorabuena a mis colegas de mi querida Aragón.
  • Juan13/12/12 00:00
    El poder lo otorla la ley, la autoridad la confiere el grupo.
  • Pedro13/12/12 00:00
    ¡ENHORABUENA! Ya era hora que alguien pusiera racionalidad en las aulas. Pero qué sabrán esos de la oposición lo que está ocurriendo en los centros. Pero si hay padres que creen en la palabra de los críos antes que en la del profesor, al que se le cuestiona permanentemente, cuando es el técnico en educación.
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