El pleno de las Cortes ha aprobado, con el apoyo del PP y el PAR, la ley de autoridad del profesorado de Aragón, que han rechazado los tres grupos de la oposición al considerarla innecesaria y caduca, además de que conllevará la judicialización de la vida educativa. 

La ley reconoce la autoridad pública a los docentes de los centros no universitarios y la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, fija la necesidad de que cada centro elabore un plan de convivencia y establece las medidas para reparar daños, entre ellas la obligatoriedad del alumno de pedir perdón en el caso de agresiones físicas o morales a cualquier miembro de la comunidad educativa sin perjuicio de la posible responsabilidad en que se haya podido incurrir.

Según ha afirmado la coordinadora de la ponencia que ha estudiado la ley, María José Ferrando, del PP, la política educativa del "colegueo" de los socialistas es la que ha conducido a la situación actual y la ley que se aprueba va a aportar un decidido apoyo al sistema educativo al respaldar el pilar fundamental sobre el que descansa la educación, el profesorado, en un intento de solucionar los problemas de convivencia de los centros al prestigiar y proteger a los docentes.

Por el contrario, la portavoz de educación del PSOE, Mayte Pérez, ha aseverado que es innecesaria, improcedente e inoportuna y ha advertido de que es muy peligroso, legislando, hacer de la excepción norma, por la visión "casi delictiva" que el PP tiene de las aulas, y de que se va a judicializar la vida en los centros cuando se debería apostar por el pacto y el diálogo.

Para Pérez, la ley es un "sarcasmo y una provocación en toda regla" en un día de movilizaciones en defensa de la escuela pública, porque el profesorado no se merece el trato "denigrante" que está recibiendo del gobierno de Aragón y del central, con recortes salariales y sociales.

Y porque la autoridad no se consigue "colgándoles una chapa", sino con presupuestos, disminuyendo ratios, convocando oposiciones, con infraestructuras suficientes y con respeto a sus horarios y a la formación permanente.

El diputado de CHA Gregorio Briz ha opinado que la ley es innecesaria e irrelevante, un "fraude de ilusión" puesto que no va a cambiar nada respecto de la seguridad en las aulas, recuperando un sistema jerárquico, autoritario y "rancio educativamente".

Porque, además, la autoridad pública ya está recogida en las leyes y la valoración social de los docentes se consigue con recursos y medios, no quitándoles la paga de Navidad y con leyes "caducas".

Briz ha advertido a la consejera de Educación, Dolores Serrat, de que se va a judicializar la vida educativa porque los padres no van a asumir con facilidad la presunción de veracidad de los docentes, que es un exceso antidemocrático.

Además ha rechazado la percepción de desorden en las aulas del gobierno, porque "esto no es Beirut", y ha emplazado a Ferrando a que presente, dentro de un año, un informe serio sobre las mejoras en la convivencia de los centros que haya producido la ley.

Adolfo Barrena, de IU, ha considerado que las Cortes aún estaban a tiempo de evitar "la aberración jurídica, legal, constitucional y democrática" que en su opinión supone la ley, con "clarísimas connotaciones fascistas de estado totalitario", ha dicho, al dar siempre la razón al profesor y obligar al alumno a pedir perdón si se ha equivocado en algo que el docente considere inadecuado, lo que conllevará que las familias acaben en los juzgados.

Ha criticado que se puedan recabar datos personales del alumnado, en lo que ha calificado un "fichero policial", y que se obligue a las familias a prestar su colaboración pudiendo ser objeto de sanción, porque representa tocar derechos y libertades y acabará ante el Tribunal Constitucional.

Barrino ha remarcado al tiempo que los profesores, padres y alumnos están movilizados en contra de los recortes y no para reclamar más autoridad para el profesorado.

María Herrero, del PAR, ha acusado a la oposición de estar en contra de la ley "por estar en contra" ya que, a su juicio, algunas de las enmiendas son "excusas" para no apoyar una norma que "no hace mal a nadie", aporta aspectos positivos y ha tenido una buena acogida entre la comunidad educativa.

Finalmente, Ferrando ha instado a Pérez a reconocer que el PSOE, por su "despilfarro" en el gobierno, es el último responsable de los recortes y de que el actual ejecutivo se haya visto obligado a incrementar las ratios o a ampliar el horario lectivo de los docentes.