El proyecto de ley de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento continúa su trámite parlamentario después de que el pleno de las Cortes, con los votos del PP y del PAR, haya rechazado las enmiendas de devolución de los grupos de la oposición, que la consideran "descafeinada", "sin alma" y "para salir del paso". 

En defensa de la ley ha intervenido el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, quien ha destacado la "amplísima" participación en la elaboración de la ley, que tiene por objetivo garantizar la presentación integral y adecuada de estos servicios.

También potenciar los servicios operativos de los bomberos profesionales, coordinar y mejorar la operatividad y calidad de estos servicios y homogeneizarlos, fijando unas bases mínimas y comunes.

El texto fija las competencias en materia de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, de forma que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar el servicio y, en el resto de casos, será el Gobierno de Aragón.

Mientras éste crea su organización propia, seguirán siendo las diputaciones provinciales o los consorcios u otras entidades asociativas las que garanticen la prestación de este servicio.

El Gobierno de Aragón deberá promover e impulsar la prestación de los servicios; determinar los criterios para su organización territorial y regular la estructura, funcionamiento y organización, así como coordinar los Servicios locales de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

El Proyecto de Ley prevé la creación de una Comisión de Coordinación, como órgano consultivo en esta materia, así como de una Academia Aragonesa de Bomberos.

El Gobierno regulará, a través de tres reglamentos, la coordinación de los servicios, el personal y la creación de la Academia.

Respecto a la coordinación, el reglamento desarrollará, en el plazo de un año, la estructura, organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, así como los criterios de despliegue de los parques de bomberos, las dotaciones mínimas de personal y las instalaciones y equipamientos básicos.

Sin embargo, PSOE, CHA e IU han pedido la devolución del texto al considerar que carece de ambición, que no soluciona los graves problemas de descoordinación que existen y porque cierra la puerta a la creación de un servicio aragonés de bomberos.

En ese sentido, la diputada del PSOE Carmen Sánchez ha afirmado que el texto no llega avalado por un acuerdo político, que solo se presenta para "salir del paso" y que no garantiza un servicio público de calidad para toda la ciudadanía.

Además, ha insistido en que la ley cierra la puerta a la creación de un Servicio Aragonés de Bomberos que unificara los distintos modelos y tampoco resuelve los problemas de financiación.

Para CHA, la ley debía servir para clarificar el complejo panorama existente en Aragón en esta materia, creando un Servicio Aragonés de Prevención y Extinción de Incendios, algo no tan complicado por su coste, 16 millones según ha dicho el diputado Gregorio Briz, pero el texto carece de "alma", no soluciona los graves problemas de descoordinación que existen y supone volver a no gastar un solo euro en algo fundamental para los ciudadanos.

Por su parte, Luis Ángel Romero, de IU, ha tachado la ley de "absolutamente descafeinada", sin "ambición alguna", que no recoge el espíritu de una Ley que sea capaz de crear un servicio único que aglutine el conjunto de los servicios en torno a la figura del Servicio Aragonés de Bomberos, que además resuelve los problemas de coordinación, estructura y financiación que estas materias precisan y que además se ha abordado sin diálogo con las partes implicadas.

Por el contrario, la diputada María del Mar Vaquero ha defendido el texto y ha recriminado al PSOE que no hiciera los deberes en tres legislaturas, mientras que María Herrero, del PAR, ha resaltado que la ley refuerza la figura del bombero profesional y reconoce a los voluntarios y crea un servicio que se cataloga como público.

Tras la votación, una decena de bomberos que asistía como público al debate se han levantado para mostrar varios carteles de rechazo al proyecto, con lemas como "basta ya de hipocresía" ya que esperaban, según ha manifestado un cabo bombero de la Diputación de Teruel, que la ley regulara de verdad un servicio aragonés de bomberos que hiciera una prestación integral para todos los ciudadanos.

"Esta ley lo que hace es vestir un mal santo, como está hoy la prevención y extinción de incendios en Aragón", porque el ciudadano está "totalmente desprotegido" dependiendo de donde se produzca un siniestro, ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que nadie tome en serio el asunto, porque los populares reclaman en la oposición un servicio aragonés de bomberos y ahora se desdicen y el anterior Gobierno PSOE-PAR no hizo nada en ocho años