Universidad de Zaragoza

El rector asegura que no hay problema de legalidad en su plan incentivos a la jubilación

Señala que este informe "no se adapta a la normativa vigente en materia de jubilación y de nombramiento de profesores eméritos".

EL rector de la UZ
El Rector dice que fue "muy difícil" de valorar la "gran envergadura" de las obras
J.M. MARCO

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, ha asegurado que las observaciones de legalidad sobre el plan de incentivos a la jubilación voluntaria que realiza el Informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza del año 2010 elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón "ni siquiera son correctas" porque se refieren a la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), cuando ha habido una ley orgánica posterior.


Concretamente, este informe precisa que el plan de incentivos a la jubilación voluntaria de la UZ "no se adapta a la normativa vigente en materia de jubilación y de nombramiento de profesores eméritos" y recomienda la suspensión de su aplicación hasta que se adopten las medidas legales necesarias.


El rector ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, con ocasión de su participación en la creación de la Asociación BIO-MED Aragón, que "ahora no hay que tomar la decisión" de suspensión de esta medida porque "no estamos en el momento de volverlo a poner en marcha", sino que será en primavera y "de aquí a entonces habrá más información para saber qué hacemos".


Al respecto, ha puntualizado que ese plan "ha tenido fuertes beneficios para la universidad" porque ha permitido un rejuvenecimiento de la plantilla, su reorganización y un ahorro.


Así, ha aclarado, en el informe de la Cámara de Cuentas "hay un cálculo de coste que está equivocado porque no estudia lo que supone de ahorro en el gasto", que es "de un millón de euros aproximadamente al año" y que si continuara "aumentaría".


Según ha precisado, este plan ahorra "porque nosotros lo que hacemos es completar" la diferencia que hay entre el salario de jubilación que percibe un profesor hasta el salario que tenía mientras estaba en activo.


Además, ha defendido que el plan permite "el rejuvenecimiento del profesorado y hacer una redistribución" de la plantilla porque los nuevos profesores "no tiene que ir al mismo sitio donde estaba el antiguo", para señalar que este plan "lo hacen infinidad de universidades y nosotros hemos sido la última en incorporarnos".


Por todo esto, ha afirmado que "estoy totalmente tranquilo, no tengo ninguna preocupación", para poner de manifiesto "cierta contradicción" ya que "se nos habla de que seamos eficientes y cuando lo somos, nos sacan un problema de este tipo".


Técnicos de investigación


Manuel López ha sostenido, sobre la crítica al aumento de personal de administración y servicios (PAS), que hasta que no se aprobó la ley de la Ciencia, que recoge figuras de contratación para técnicos de investigación, "la única forma de contratar" a estos profesionales ha sido como personal de administración y servicios, aunque "si aplicáramos las mismas normas que se aplican al PAS, acabaría el proyecto de investigación y todavía no estaría contratado".


Esto "está claramente explicado" y los sistemas de investigación "necesitan sistemas de contrataciones diferentes y hasta la ley de la Ciencia no hemos tenido un respaldo normativo para hacerlo; lo estamos desarrollando ahora y tenemos aprobaciones en consejo de gobierno al respecto", ha relatado.


López también se ha referido al mayor pago por parte de la Universidad de Zaragoza de complementos retributivos al profesorado de lo ingresado por el Gobierno de Aragón, para señalar que el anterior Ejecutivo "incumplió un contrato programa" porque "nos tenía que dar una cantidad y nos dijo que no nos la daba, que pusiéramos nosotros la diferencia".


Por eso, la universidad llegó a un acuerdo "y pusimos hasta un millón y medio menos de lo firmado con los sindicatos y ahora se nos dice que lo hemos pagado, pues que vamos a hacer, si son ellos los que han incumplido".


Conjunto del informe


El rector de la UZ ha comentado, respecto al conjunto del informe de fiscalización, que todas las objeciones "se pueden explicar" y "son elementos de naturaleza contable, no hay ningún problema de legalidad".


Según ha indicado, la institución académica presentó alegaciones y "nos han aceptado algunas" para recordar que la Cámara de Cuentas "emite informes para toda las Administraciones", también del Gobierno aragonés y de las entidades locales, porque es algo que "forma parte ordinaria de las Administraciones", si bien "a nosotros se nos presta más atención, pero eso está bien".


También ha valorado positivamente que se conozcan "con tanta rapidez los informes", que contribuyen "a la transparencia de las Administraciones" y "lo ha hecho muy bien" ya que antes de que se creara la Cámara de Cuentas de Aragón, era el Tribunal de Cuentas, de ámbito estatal, quien hacía la fiscalización, que representaba los informes con retraso, y, por ejemplo, el de 2006-2007 "se ha dado a conocer hace unos días".