El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado a varios ayuntamientos de la Comunidad autónoma, los consistorios de Moros, Borja, Ateca, Aínsa y Pertusa, que liquiden "a la mayor brevedad" las cantidades pendientes de pago que mantienen con una empresa de instalaciones eléctricas.

Asimismo, en una sugerencia, ha recordado a estos ayuntamientos su obligación de auxiliar a la institución del Justiciazgo en sus investigaciones y ha solicitado que, en un plazo no superior a un mes, comuniquen si aceptan o rechazan la sugerencia formulada, indicando, en este último supuesto, las razones en que fundamentan su negativa.

En este caso, la excesiva tardanza de varios consistorios en liquidar las deudas pendientes con una empresa de instalaciones eléctricas motivó la presentación de queja por parte del contratista y aunque algunos expedientes fueron resueltos tras la información recibida aún quedaban pendientes los de Moros, Borja, Ateca, Aínsa y Pertusa, localidades que no enviaron una respuesta ni se pusieron en contacto con la empresa para resolver el problema.

La queja de esta compañía se recibió el 10 de febrero y en la misma explicaba que había realizado trabajos para diversos ayuntamientos aragoneses y, al concluir y entregar las obras, no ha recibido el pago correspondiente.

La empresa advertía de que ésta no era "una situación aislada" sino que también había ocurrido con otras administraciones, "lo que ha ocasionado unos gastos muy considerables en intereses bancarios y la realización de trámites conducentes al cobro".

"Todo ello ha conducido a que la situación de la empresa sea de suma gravedad, habiéndose visto obligada a presentar un expediente de regulación de empleo, a pesar de tener un alto montante de derechos reconocidos a su favor por obras realizadas correctamente", señala en su sugerencia el Justicia.

Sin respuesta

Tras admitir la queja a supervisión, el Justicia se puso en contacto con los consistorios para recabar información sobre esta cuestión y comprobar si en sus cuentas tenían reconocidas las obligaciones existentes con esta empresa y la previsión de pago de los importes pendientes.

La solicitud de información fue atendida por alguna de las entidades consultadas y tras evaluar las razones expuestas se procedió al archivo de los respectivos expedientes, Sin embargo, de los Ayuntamientos de Pertusa, Aínsa, Ateca, Borja y Moros no se ha recibido contestación, a pesar de haber reiterado la petición en otras dos ocasiones.

"Ello ha supuesto que desde esta Institución no se haya podido instruir el expediente que resulta habitual tras la recepción de quejas, al no disponer de la información que debe proporcionar la administración", indica el Justicia.

"Obligados"

García Vicente recuerda a estos ayuntamientos que están sujetos a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y, por tanto, "obligados frente a la empresa a satisfacer las cantidades correspondientes a la obra contratada y realmente ejecutada, según se acredite en las certificaciones emitidas por el técnico director de la misma y/o las facturas debidamente conformadas donde se detallen los trabajos realizados".

Tras repasar la normativa vigente al respecto, el Justicia concluye que "en ningún caso resulta lícito obviar la responsabilidad derivada de haber sido beneficiario de una obra pública".

Así, "si no hay conformidad con la misma o sobre el precio final debe procederse sin demora a resolver los puntos en que haya discrepancia y, tras el pago de la cantidad resultante, dar por concluida la controversia, pero lo que no puede hacerse es dejar pasar el tiempo sin atender las reclamaciones del contratista para el pago del precio ni aportar alternativas que permitan alcanzar un acuerdo", asevera el Justicia de Aragón.