Las carreteras aragonesas siguen entre las más peligrosas del país. Así lo asegura un reciente estudio elaborado por el RACC que analiza la evolución de los siniestros ocurridos en la red nacional durante la última década.

El informe establece un ranquin por comunidades en función de las probabilidades que tiene un conductor de sufrir un accidente al volante. La lista la encabeza Castilla y León, seguida muy de cerca por Aragón y Galicia. Para ello se ha tenido en cuenta el tráfico que soporta cada vía -convencional, autopista y autovía- y el número de siniestros acaecidos en la misma.

Media docena de tramos aragoneses cuentan con la calificación de riesgo medio-elevado, fundamentalmente en el entorno de Zaragoza y en el Pirineo oscense, mientras que alguno como la N-234 en Teruel se encuentran entre uno de los más peligrosos.

Pese a todo, los resultados obtenidos permiten ser optimistas ya que la probabilidad de sufrir un accidente en Aragón ha descendido un 60% en los últimos diez años. Se trata de una notable mejoría, que va acorde con la mostrada por el conjunto del país, y que según los responsables del estudio sitúan a España con uno de los mejores registros de Europa.

Las cifras

Las cifras señalan que se ha pasado de 144 a 54 muertos por millón de habitantes, pero todavía quedan lejos los registros de países líderes en materia de seguridad vial como Suecia, Holanda, o Reino Unido. Una “evolución fantástica” en palabras del director de la Fundación RACC, Miquel Nadal, que asegura que España “ha salido de la zona de descenso” en la liga europea de la seguridad vial.

A su juicio, estos resultados se deben a dos fenómenos fundamentales: la mejora de las infraestructuras que se han llevado a cabo en el conjunto del país, y el trasvase de tráfico desde las vías convencionales a las de alta capacidad.

Sin embargo, Nadal alerta sobre el riesgo que supondría la introducción generalizada de peajes en España, ya que se produciría un cambio de hábitos de conducción que llevaría más vehículos a las vías convencionales, tradicionalmente más peligrosas. Además, avala la idea del Gobierno central de reducir en estas carreteras el límite máximo de velocidad a 90 kilómetros por hora.

¿Liberalización de peajes?

Por otro lado, los presupuestos presentados la semana pasada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy no parecen un buen incentivo para mejorar la situación de las comunicaciones en la comunidad aragonesa. El propio consejero de Obras Públicas de la DGA, Rafael Fernández de Alarcón, se mostró “decepcionado y molesto” con la reducción de las inversiones de Fomento para Aragón.

Ante esta situación, el Gobierno de Rudi ha asegurado que negociará directamente con la concesionaria de las autopistas AP-2 y AP-68, Abertis, la búsqueda de soluciones a los tramos conflictivos de las carreteras N-II y N-232, entre ellas efectuar obras de enlace que permitirían la liberalización de estos peajes.