Los aragoneses se enfrentan a la cuesta de septiembre más dura de los últimos años, marcada por una subida del IVA que agrava la situación económica de la Comunidad, cuyo nivel de desempleo se acerca al 20%. El otoño se presume complicado para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los parados, muchos pequeños comercios que -a diferencia de las grandes superficies- no podrán asumir el incremento impositivo y los padres que afrontan una nueva vuelta al cole.

“Los expertos calculan que la subida del IVA supondrá una media de 600 o 700 euros por familia al año”, señala José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), quien alerta de las consecuencias que puede tener este recorte del dinero disponible de los aragoneses: “Estamos muy enfadados. Los consumidores llevan mucho tiempo tomando las decisiones adecuadas, por lo que es un sarcasmo pedirles que ahorren cuando ya no pueden hacerlo más”, indica Oliván, cada vez más irritado por las decisiones del Gobierno: “Perdonamos a los que defraudan y no pagan impuestos y a la vez les subimos el IVA al resto de ciudadanos”.

Tanto las familias como las empresas, además de sufrir el incremento impositivo en los gastos que tengan a partir de este sábado, deberán asumir la subida del precio del agua, el gas, la luz y el teléfono de julio y agosto, que se gravarán con los nuevos porcentajes en las facturas de septiembre. De esta forma, el agua sube dos puntos (del 8% al 10%) mientras que el resto de las facturas del hogar pasan del 18% al 21%.

Un 'castigo' con carácter retroactivo que ya han criticado desde entidades como la Asociación General de Consumidores (Asgeco). “Puede llevar a recargos importantes en las facturas, así como a una confusión aún mayor para los usuarios de estos servicios a la hora de leer sus facturas”, denuncia Jean-Bernard Audureau, portavoz de esta organización.

“Los hogares van a perder casi un sueldo al año, lo que en esta situación es demasiado. Además, esta medida puede generar un efecto en cadena que tampoco beneficiará al comercio, ya que la subida de los precios conllevará una contracción del consumo”, completa Oliván.

La vuelta al cole más cara

La cuesta de septiembre también toma forma de puerto de montaña para los padres aragoneses que deben afrontar la siempre costosa vuelta al cole, que este curso supondrá unos gastos todavía mayores debido a la suspensión del programa de gratuidad de los libros de texto y el aumento del precio del material, el transporte y el comedor escolar. De esta forma, los miles de alumnos que no tienen derecho a las becas de la DGA y aquellos que, aún cumpliendo las condiciones, no recibirán ayudas por falta de fondos, deberán asumir el importe total del material curricular.

Según las asociaciones de padres de alumnos, la vuelta al cole de este curso será hasta un 40% más cara que la de años anteriores, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra el importe medio de estos gastos en unos 640 euros. Una cifra que se aumenta  en aquellas familias que tienen más de un hijo en edad escolar y que, según alertan desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fapar), podría impedir a cientos de familias hacer frente a todos los gastos.

“Estaba claro que las becas eran insuficientes y el hecho de que miles de niños con derecho a estas ayudas no vayan a recibirlas lo demuestra”, repiten desde hace meses fuentes de Fapar, quienes también advirtieron de que muchos alumnos podrían comenzar el curso sin haber podido comprar el material escolar necesario.

Una situación que se repite con el comedor escolar, que este curso deja de estar subvencionado para todos los aragoneses. La parte que hasta ahora asumía el Gobierno de Aragón -alrededor de un 20%- la pagarán los padres de los alumnos que no reciban beca, por lo que el precio del menú pasará de 77 a 96 euros mensuales. De esta forma, cada familia deberá sumar a su previsión de gastos un desembolso extra de entre 150 -si solo dejan a sus hijos entre octubre y mayo- y 190 euros, si también lo hacen en septiembre y junio. Unas cantidades que deberán multiplicarse por dos, tres o más dependiendo del número de niños en edad escolar que tenga cada familia.

Contracción del consumo

Aunque la intención del Gobierno con esta subida del IVA -del 18 al 21% el general y del 8 al 10 el reducido, mientras que el superreducido se mantiene en el 4%- es recaudar más, desde las asociaciones de comerciantes no se cansan de advertir que la única consecuencia de esta decisión será una contracción del consumo que, además de no engordar las arcas nacionales, dejará en una situación todavía más crítica a muchos negocios.

Especialmente afectados se verán las pequeñas empresas, comercios y locales de restauración, muchos de los cuales deben decidir entre asumir la 'sobrecarga' impositiva, lo que reduciría su ya escaso margen de beneficios, o cargarlo en los precios y arriesgarse a perder clientela. “Algunos establecimientos van a intentar mantener las tarifas, aunque es complicado. Muchos ya están al límite y ellos también sufrirán para pagar el aumento del agua, la luz o el gas”, explica Pedro Giménez, presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza.

Otros de los sectores más perjudicados por esta revisión del IVA serán las peluquerías, las floristerías, los cines y las empresas dedicadas a los espectáculos culturales, que pasarán del impuesto reducido (8%) al normal (21%), un enorme incremento que ya ha puesto en pie de guerra a muchos de los afectados.