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El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés que, entre los solicitantes de plaza escolar para primero del segundo ciclo de Educación Infantil, adopte las medidas para que, en futuros procesos de admisión, la tasa de alumnado inmigrante y de minorías étnicas en cada centro no supere el 30 por ciento del total de la población que se escolarice en ese nivel educativo.

Asimismo, el Justicia le propone al Ejecutivo que entre los solicitantes de cambio de centro se conceda prioridad a los alumnos inmigrantes o de minorías étnicas escolarizados en colegios con altas tasas de este alumnado.

La Institución del Justicia se ha pronunciado así tras recibir una queja de un colectivo en la que se pedía que en el Colegio Público Pío XII de Huesca se tuviera en cuenta el contenido del informe emitido por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, en fecha 7 de diciembre de 2010, que incluyen varias recomendaciones a las autoridades españolas en relación, entre otras, con la política educativa.

En particular, los presentadores de la queja solicitan que el Gobierno de Aragón estudie el citado informe y revise el método de admisión de alumnos para garantizar una distribución equitativa de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos en las diferentes escuelas y recuerdan que es una recomendación "prioritaria" y preciso revisar "en el plazo de dos años", según el informe.

Por otra parte, este colectivo ha comunicado a la Institución que el colegio Pío XII de Huesca "no refleja la distribución de población del barrio del Perpetuo Socorro donde está ubicado", en el que hay un 30 por ciento de inmigrantes y un 15 por ciento de gitanos. Además, entre los inmigrantes del barrio, en este colegio se escolarizan los africanos que son dentro del colectivo inmigrante, "los que más ayuda precisan".

Como solución, proponen poner un límite por aula al número de alumnos con necesidad de apoyo educativo y que no se admita a alumnos gitanos que no hayan cursado la Educación Infantil "por el déficit de aprendizaje con el que inician la Educación Primaria, así como no dar facilidades para matricular a alumnos de familias absentistas".

Este colectivo califica de "artificiosa" la zonificación de Huesca pues hay cuatro colegios concertados y dos públicos que están muy próximos y se estima que sólo los colegios públicos Alcoraz y Pío XII tienen zona propia por lo que sugieren una zona única, propuesta que ya fue formulada por el Servicio Provincial de Huesca y rechazada.

Otra queja sobre el centro de educación Infantil y Primaria Sancho Ramírez de Huesca hace referencia al mismo informe del Consejo de Europa y solicita que se revise y modifique el actual proceso de escolarización y adjudicación de plazas en la enseñanza pública y concertada de Huesca, "adecuándose a dicho informe a la mayor brevedad".

Acceso igualitario

El Departamento responde que según una orden del Gobierno "se garantiza el acceso en forma igualitaria" ya que "se basa en requisitos objetivos", que "no merman en absoluto el derecho a la libertad de elección de centro".

Asimismo, argumenta que según la legislación "si en un centro hubiese plazas vacantes suficientes para atender todas las solicitudes recibidas, se entenderán admitidos todos los solicitantes" y esto "no vulnera las condiciones de igualdad en el procedimiento de admisión" ya que estos criterios "sólo se aplican cuando en un centro no existan plazas vacantes suficientes para atender todas las peticiones de ingreso".

Igualmente, indica que el hecho de que un alumno pertenezca a una minoría étnica "no significa que necesite un apoyo educativo específico", sino que "esa necesidad la determinarán expresamente los órganos competentes que prevea la norma".

El Departamento apunta que la normativa aragonesa prevé que todos los centros sostenidos con fondos públicos ponen a disposición del servicio provincial hasta tres plazas por unidad para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación intelectual y de trastornos graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores sociales, económicos, culturales, de salud u otras semejantes.

Educación afirma que el proceso de admisión de Aragón "responde al principio de legalidad, según la normativa vigente" y respeta el principio de no discriminación, "considerando a todos los alumnos iguales".

Al respecto, agrega que la única figura especial son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, cuya calificación viene determinada a través de un procedimiento concreto que respeta todas las garantías y derechos del alumnado. Por tanto, "no se puede diferenciar entre españoles, inmigrantes y gitanos, sino entre alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y los que no necesitan este apoyo".

Respecto a las recomendaciones del Consejo de Europa, el Departamento explica que "quien se tiene que hacer eco de la recomendación es la legislación básica española, ya que la regulación autonómica de la Comunidad autonómica en materia de admisión se encuentra dentro del marco normativo que establece el Estado".

Además, las recomendaciones del Consejo de Europa "no se encuentran entre los actos legislativos de la Unión Europa", no son de obligado cumplimiento y no tienen efectos jurídicos imperativos para el destinatario.

Equilibrada distribución

El Justicia ha estimado que "conseguido" en Aragón "el objetivo prioritario de adjudicar una puesto escolar a toda la población inmigrante que lo solicite, se debería plantear una mejora de la situación actual mediante una más equilibrada distribución de estos alumnos".

En este sentido, opina que se trata de que se escolaricen "en unas condiciones que favorezcan una adecuada atención a sus peculiaridades y la satisfacción de las necesidades de compensación educativa adicionales que presenten, al menos, en un primer momento".

A su entender, es "una medida de discriminación positiva el hecho de que Aragón haya reflejado en su normativa una reserva de plazas en todos los centros sostenidos con fondos públicos para el alumnado que, por hallarse en situaciones desfavorecidas como consecuencia de factores sociales y culturales, presenten necesidades educativas específicas de apoyo educativo".

Para el Justicia, "cabría otorgar esta consideración a gran parte del alumnado de origen inmigrante debido a las carencias y limitaciones con las que estas familias extranjeras llegan a nuestra sociedad".

En esta línea, ha sostenido que se lograría un mayor equilibrio "estableciendo la Administración la proporción de alumnado extranjero y de minorías que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados" y adoptando las medidas oportunas para evitar, en cualquier caso, "que se supere ampliamente esa proporción establecida con carácter general".

Ha agregado que "hemos de tener en cuenta que, cuando en una clase hay un número muy elevado de alumnos con niveles de conocimientos distintos, pueden aumentar de forma importante las dificultades que tienen tanto los profesores, como los alumnos para alcanzar los objetivos académicos fijados".

Por lo que respecta al colegio Pío XII, ha subrayado que se constata que las tasas de minorías escolarizadas es superior a las de la población residente en el área de la ciudad en el que está ubicado y, además, "se detecta que en los últimos años se ha incrementado el índice de alumnado inmigrante".