Animan a los médicos a objetar en el cobro a los sin papeles

La Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón ha animado este martes a los profesionales de la salud a ejercer su derecho a la objeción después de que el Salud "ya haya hecho públicas" las tarifas que va a aplicar por la prestación de servicios sanitarios a las personas en situación administrativa irregular, tal como publicaba ayer Heraldo.

La Plataforma ha asegurado en una nota de prensa que los gobiernos central y autonómico están creando una situación social "insostenible", en la que "las personas más vulnerables se han quedado, de facto, en la más absoluta desprotección".

Este colectivo ha estimado que los profesionales pueden objetar puesto que estas disposiciones "contravienen el deber principal de asistencia y el derecho básico de cualquier persona a tener asistencia sanitaria, sin la cual se nos priva de la dignidad que toda vida merece".

La Plataforma ha calificado de "inhumana y xenófoba" la medida de que los inmigrantes sin papeles solo vayan a poder recibir asistencia sanitaria a partir del 31 de agosto previo pago de las tarifas establecidas, algo que "supone un atentado gravísimo contra los derechos fundamentales".

Según este colectivo, esto supone "excluir al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria, que entendemos es un derecho humano básico". A este respecto, han apuntado que la mayor parte de ellos, sin permiso de trabajo y con salarios y condiciones laborales "muy precarias", no podrán pagar "los 500 euros diarios que cuesta la estancia en un hospital, ni los 135 que cuesta la consulta médica, por poner solo unos ejemplos".

Asimismo, la plataforma ha asegurado que, tanto los políticos, como los responsables del Ministerio de Sanidad "nos mantienen permanentemente en un estado de confusión al no aclararnos qué pasará con todas aquellas personas con las que no exista un convenio bilateral con sus países o bien no pueda pagarse los 710 euros de póliza".

La Plataforma ha estimado que esta medida "discriminatoria, inmoral e injusta" tiene como objetivo el incrementar la facturación de servicios sanitarios y por tanto, "aumentar la recaudación a costa de las personas más vulnerables".

Según la organización, si se aplicasen otras medidas relativas a los ingresos, como la persecución del fraude fiscal; el incremento de los controles sobre el IVA que se deja de recaudar, y la supresión de las subvenciones a la patronal, "se podría, no solo mantener el sistema sanitario, sino duplicar el actual".