El puesto de trabajo de 2.000 discapacitados, de cuarenta centros especiales de empleo de Aragón, se encuentra en peligro por falta de financiación, unas personas que si tuvieran que ir al paro podrían hacer multiplicar por dos o tres el coste de los servicios sociales en la comunidad.

Así lo ha denunciado este jueves el presidente de la Patronal Aragonesa de Discapacidad (Padis), Javier Guiu, en una rueda de prensa en la que ha informado de que serían necesarios entre 1,8 y 2 millones de euros para mantener el empleo de dichas personas, especialmente de 900 de ellas con especiales dificultades.

El presidente de Padis junto con el del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Aragón, Santiago Villanueva, y su secretario general, José Antonio Bes, han presentado un documento conjunto en el que se pone de manifiesto la "grave" situación que atraviesa este colectivo en la comunidad autónoma por falta de financiación para desarrollar los proyectos que llevan a cabo.

Y especialmente se han referido a los centros especiales de empleo, de los que 40 se integran en Padis, y que es el "escollo principal" que se están encontrando en sus conversaciones con el gobierno aragonés, ha dicho Villanueva.

Porque, ha agregado, la crisis se está cebando con los más débiles, que tienen derecho a afrontar su vida como el resto de los ciudadanos, por lo que han pedido igualdad de condiciones en el acceso al trabajo.

En este sentido, Guiu ha explicado que los centros especiales de empleo se regulan desde hace años por una subvención estatal del 50% del salario mínimo interprofesional por cada puesto de trabajo de los colectivos más desfavorecidos, que se incrementó hasta el 75% para paliar los efectos de la crisis.

Sin embargo, el gobierno central decidió volver al 50% a finales de 2011 cuando más se necesitaba esa ayuda al haberse agudizado la crisis, ha agregado el presidente de Padis.

Asimismo, ha afirmado que si no se vuelve a incrementar la subvención se pone "en riesgo" el puesto de trabajo de 2.000 discapacitados, sobre todo el de 900 con especiales dificultades, y significaría "cargarse el empleo protegido".

Unas personas que pasarían al subsidio o a centros especiales de día, lo que podría multiplicar por dos o por tres los costes de los servicios sociales en la comunidad, ha subrayado Guiu.

Ante este "momento crítico" de esos centros, que además han visto reducidas sus ayudas de las obras sociales de las cajas y las contrataciones de servicios de las empresas, tanto Padis como Cermi Aragón han pedido al ejecutivo autonómico que se haga cargo de ese 25%, que supondría entre 1,8 y 2 millones de euros, y que consideran "estrictamente necesario".

El presidente de Padis también ha añadido que si se cierra algún centro, que prevén que será más de uno si no cambia la situación, sería difícil que se volvieran a abrir de nuevo, y ha dicho que "llueve sobre mojado" porque en este año ya se han visto afectados 350 puestos de trabajo, de ellos 50 de discapacitados intelectuales y 300 físicos.

Por otra parte, Bes ha explicado que llevan meses trabajando con diferentes departamentos del gobierno autonómico, como Economía, Hacienda, Presidencia y Sanidad, con negociaciones que han sido "positivas" y "fluidas y cordiales" en algunos casos, en los que se ha llegado a acuerdos verbales, pero no en otros como el de los centros de empleo.

Entre los acuerdos verbales, ha citado el del mantenimiento de una subvención de 1,7 millones de euros para programas de discapacidad, aunque se ha reducido "considerablemente", y el de concertar nuevas plazas en residencias, centros de día y ocupacionales para discapacitados, por un importe de 2.190.000 euros para este ejercicio, ha dicho Villanueva.

Y que aunque es un esfuerzo importante por parte del gobierno aragonés no es todo lo que la discapacidad necesita, ha afirmado, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la modificación de la ley de la dependencia por lo que supone de recortes importantes en derechos y prestaciones.

Sobre las asociaciones que forman parte de Cermi Aragón, unas veinte que agrupan al 95% de los discapacitados aragoneses, ha informado de que algunas están "al límite" manteniéndose con recursos propios y créditos bancarios y que podrían empezar a peligrar el pago de las nóminas de sus trabajadores, que todavía se pagan.