El pasado mes de junio, la nueva redacción de la Ley de lenguas de Aragón levantó ampollas que no han sanado todavía. Este martes, la Junta de Portavoces del Parlament catalán aprobó una declaración en la que defiende la unidad del catalán que refleja una clara respuesta de la institución a la política de los gobiernos aragonés y balear, Ejecutivo que eliminó la exigencia de saber el catalán para trabajar en la Administración.

"El catalán es una lengua hablada por más de nueve millones de personas entre Cataluña, Comunidad Valenciana (salvo algunas comarcas del interior), las islas Baleares, la Franja (Aragón), la ciudad de Alguer (en la la isla de Cerdeña), las comarcas históricas del Rosellón, el Conflent, el Vallespir, el Capcir y la Alta Cerdaña, conocidas como Cataluña Norte, el Carche (Murcia) y el Principado de Andorra", comienza la declaración.

El documento contiene ocho puntos sobre el catalán a tener en cuenta. En dos de ellos se cita expresamente a la política del Gobierno aragonés. "La aprobación de las modificaciones legislativas impulsadas por los gobiernos balear y aragonés comportarían un detrimento del estatus legal de la lengua, los derechos lingüísticos de las personas catalanohablantes y de la normalización de la lengua en la enseñanza, la comunicación y el uso social tanto a los respectivos territorios como en el conjunto del dominio lingüístico", dice el punto 2.

"Las iniciativas legislativas de los gobiernos balear y aragonés no se ajustan a la Declaración universal de los derechos lingüísticos, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados", recoge el siguiente apartado.

Estas no son las únicas censuras que han llegado desde Cataluña al borrador del anteproyecto de la nueva ley de lenguas propias de Aragón. Ya se manifestaron en contra de este texto, entre otros, el presidente Artur Mas, quien dijo que el catalán también es patrimonio de Aragón, y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que ironizó en su blog sobre la denominación 'aragonés oriental' incluida en el texto normativo.

La declaración de la Junta de Portavoces finaliza diciendo que el documento será enviado al Gobierno del Estado para pedirle "que actúe por el reconocimiento de la unidad de la lengua catalana y que adopte las medidas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional" y que es necesario emprender medidas e iniciativas de colaboración, "tanto políticas e institucionales como culturales, científicas y académicas", que contribuyan a difundir la realidad de la lengua catalana y su unidad ante organismos oficiales e internacionales, entre ellos la UNESCO.

Senadores socialistas de cuatro CC. AA., se unen a la defensa 

Este miércoles se conocía que una veintena de senadores socialistas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares presentarán tras el verano una proposición de ley para desarrollar el articulo 3.3 de la Constitución Española -- que dice que, a parte del castellano, "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección"-- para impulsar la lengua catalana.

El senador Carles Martí, de L'Entesa, que ha ejercido como portavoz de este grupo de senadores, ha expuesto que el objetivo de esta medida es que la lengua catalana "tenga el reconocimiento que se merece". Martí ha manifestado que no está "nada de acuerdo" con los cambios legislativos que están introduciendo los gobiernos del PP en Aragón y Baleares.

"Aprovechando que hay una crisis, el gobierno aragonés ha tomado una decisión, que es cambiar el estatus jurídico de nuestra lengua", ha dicho José María Becana, senador por Huesca.

Además de Becana y Martí, forman parte de esta iniciativa los expresidentes autonómicos José Montilla (Cataluña), Francisco Antich (Baleares), Joan Lerma (Comunidad Valenciana) y Marcelino Iglesias.