La Generalitat de Cataluña, a través de su consejero de Cultura, Ferran Mascarell, se ha puesto "a disposición" de la sociedad civil catalanoparlante de Aragón para "la defensa y el uso de la lengua catalana", y ha remarcado que lo hace "sin voluntad de enfrentamiento con nadie".

En un comunicado, Mascarell asegura que "le cuesta entender" y que "lamenta" todas aquellas medidas que "tiendan a disminuir el uso del catalán y su libre expresión" y pide "mayor sentido de estado" para que todas las lenguas de España "tengan la oportunidad de desplegarse con normalidad".

Así ha respondido el consejero de Cultura al borrador de la nueva ley de lenguas de Aragón, según el cual los más de 50.000 aragoneses de las comarcas orientales a partir de ahora se considerará que hablan "aragonés meridional" o "septentrional".

Para Mascarell, la protección de la diversidad lingüística y cultural del Estado español es una obligación recogida en el artículo 3 de la Constitución, por lo que resulta "inadmisible" que se fomenten leyes que "tiendan a disminuirla".

De hecho, esto supone, a su juicio, "abogar por el agotamiento cultural y expresivo de una comunidad y de las personas que en ella viven", por lo que ha asegurado que desde la Generalitat se mantiene la "voluntad de dialogar y sumar esfuerzos" a favor del catalán con las autoridades de Aragón, Valencia y las Baleares.

En un sentido similar se expresó el portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, para quien resulta "muy difícil de entender" la decisión del gobierno aragonés de suprimir el reconocimiento legal del catalán.