La DGA reducirá los 244 liberados sindicales para ahorrar hasta 2 millones

La Administración autónomica tiene 244 liberados sindicales que suponen un gasto de 8,7 millones de euros, según datos del Departamento de Hacienda. El consejero responsable, José Luis Saz, anunció ayer, durante su comparecencia en las Cortes para explicar el plan de ajuste, que recortará el número de dispensados hasta el mínimo legal, lo que supondría un ahorro de hasta dos millones de euros. Esta será una de las medidas que pondrá en marcha la DGA, en la misma línea que otras comunidades, para tratar de cumplir el déficit a final de año y que se incluye en el Plan de Equilibrio Económico-Financiero que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la pasada semana.

Fuentes de la DGA indicaron que actualmente hay 250 liberados sindicales (244 cubiertos), entre educación, sanidad, justicia y administración general. Hay que recordar que los liberados sindicales son trabajadores de la administración dispensados de sus cargos para desempeñar labores sindicales. Su puesto es ocupado normalmente por un interino o un empleado laboral, por tanto se pagan dos nóminas.

Saz explicó que se va a hacer un análisis para conocer exactamente la situación (cuántos son laborales, fijos, horas sindicales...). A partir de ahí, se hablará en las distintas mesas sectoriales con los sindicatos para plantear la reducción. «Se mantendrán los sistemas de derechos y garantías sindicales», afirmaron desde la DGA, que aseguraron que se cumplirá la normativa. No será la única disminución, puesto que el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que modificará la ley para que haya menos liberados sindicales. Si la DGA decidiera, finalmente, reducirlo hasta el mínimo legal (no se concretó cuántos serían) se pasaría de un gasto de 8,7 millones a 6,7.

Por áreas, sanidad es la que más dispensados acumula (104), seguida de educación (71) y administración general (60). El sistema es el siguiente: en función del número de los delegados sindicales de cada centro de trabajo se asignan unas horas sindicales y los sindicatos nombran a sus dispensados para cubrir estas horas. A veces también se acumulan en una bolsa y se reparten. UGT y CC. OO. son los que más liberados tienen.

Críticas a los recortes del plan

Además de esta medida, el consejero enumeró todas las iniciativas incluidas en el plan de ajuste, que supone un recorte de 257 millones de euros (113 en sanidad, 53 en educación y un ajuste del 15% en subvenciones, entre otros). Saz explicó los planes de otras comunidades para defender que su propuesta «es mejor» y «buena para Aragón». Para argumentarlo, resaltó que -al contrario de otras autonomías- se elaboró con dos premisas: no subir los impuestos y no rebajar los sueldos de los funcionarios. Además, reiteró que el 5% de retención de créditos coincide con la inejecución presupuestaria que se registra al final de cada ejercicio. Saz, que evitó en su intervención la palabra recorte, puso especial hincapié en «los ahorros por eficiencias en el gasto» que suponen algunas de las medidas, como la nueva licitación del contrato de telecomunicaciones (40 millones), la compra centralizada en sanidad o las radiografías digitales.

La oposición, en cambio, puso en evidencia los recortes que se van a aplicar sobre todo en sanidad y educación y denunciaron «la pérdida de calidad educativa y sanitaria». La diputada socialista Ana Fernández criticó que la retención sea del 5% lineal para todos los departamenos y exigió que se priorice. Además, advirtió de que con el recorte de subvenciones, muchas entidades van a tener que cerrar y dejar de atender a los ciudadanos.

El diputado de CHA José Luis Soro, que planteó aumentar ingresos como alternativa, admitió los ahorros pero avisó a Saz: «A mí sí que me importan los recortes». «Lo que nos preocupa es la calidad de la enseñanza aragonesa, de la sanidad y, de las infraestructras», dijo. Soro destacó iniciativas como el aumento de las ratios, la reducción de las transferencias de capital en un 80% en Educación y un 11% en Industria, la supresión del convenio con Renfe y el copago farmacéutico para denunciar «el desmantelamiento del estado de bienestar y el recorte en servicios esenciales».

Por su parte, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, señaló que hay otros planes que «reducen salarios a los funcionarios pero no despiden a gente, ni cierran ambulatorios por las tardes, ni privatizan...». Y lamentó que se esté «metiendo el serruchazo» a la minería, la dependencia, al plan de vivienda, al plan de calidad de aguas, a la educación y a la sanidad. Por eso, instó a celebrar un «debate serio y riguroso» sobre lo que se está haciendo.

Inquietud del PAR

El diputado del PAR Antonio Ruspira, pese a que su partido forma parte del Gobierno de Aragón, manifestó que su grupo está «inquieto, desorientado y preocupado» y exigió «una tutela seria» para que las retenciones no afecten a la reactivación económica y a la creación de empleo.

El diputado del PP Jorge Garasa respaldó los recortes y aseguró que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Aragón ha dado «un paso fundamental en la credibilidad».