Últimas noticias de Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel del periódico digital Heraldo.es

UGT y CC. OO. han alertado de que la administración aragonesa podría reducir a lo largo de este año hasta mil empleos públicos de una plantilla de unos 12.000 de distintos servicios, excluidos los trabajadores de sanidad, educación y justicia.

Así lo han afirmado en una conferencia de prensa el secretario de la sección sindical de CC. OO. en la Diputación General de Aragón, Julio Moreno, y el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón, Daniel Alastuey.

Según Alastuey, la principal "amenaza" para el empleo de la administración aragonesa es el "macroconcurso" que anunció en agosto del año pasado el anterior consejero de Hacienda, Mario Garcés, que "vendió" como medida para ordenar el empleo pero aún no se sabe si las 800 plazas que ocupan interinos y que quedarán vacantes van a volver a ser cubiertas o no.

"Nos vamos a encontrar ante un ahorro de 800 puestos de trabajo en la DGA", ha vaticinado Alastuey, quien ha destacado otras "incertidumbres" en materia de personal, entre ellas de procesos abiertos por el anterior gobierno y puestos en cuestión por el actual, como el Plan Red de Carreteras.

Esa postura, ha dicho, "mantiene en vilo" a toda la plantilla de conservación de carreteras de la administración autonómica, porque a estas alturas, ha agregado, el gobierno aún no sabe si se va a ejecutar y en qué medida, y por tanto qué volumen de empleo va a ser necesario.

Además, ha incidido en que se está aplicando una política restrictiva en la cobertura temporal de plazas y no se conoce cuántas jornadas y puestos de trabajo equivalentes se está ahorrando el gobierno de Aragón, que ha congelado las ofertas de empleo público, lo que puede suponer la desaparición de 200 puestos de trabajo cada año que se mantenga esa paralización.

A esta situación, ha agregado, se suma el "goteo" de recortes de empleo que ha ido anunciando el gobierno de Aragón en los últimos meses, sin comunicarlo a los sindicatos.

Ha detallado que afectarán a 220 empleos (del INAEM, de los centros de profesores y recursos de distintas localidades, del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación de Alcorisa, del Parque Deportivo Ebro, de la residencia Luis Buñuel de Teruel, de cinco albergues, del Campamento Fernando el Católico de Tarazoza y del Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria).

De estos puestos, 211 desaparecen de manera directa al estar ocupados por interinos, cincuenta trabajadores tendrán que ser recolocados y el gobierno, aplicando la reforma laboral, despedirá a tres trabajadores laborales fijos del Parque Deportivo Ebro, a los que al parecer "no se les ha encontrado acomodo" en el resto de la estructura de la DGA, cuando desaparezca su servicio.

"Será la primera vez en la historia de la Diputación General de Aragón en que se despida trabajadores fijos" y eso, ha dicho Alastuey, supone "un salto cualitativo en las políticas de personal" del gobierno de Aragón.

En su opinión, el empleo público de la DGA está en situación de "alarma" y puede llevar, según sus cálculos, a una pérdida de 500 puestos a lo largo de este año y de hasta mil, si se confirman sus "peores sospechas".

Según Moreno, el gobierno de Aragón se está limitando a aplicar políticas restrictivas, actuando más como la "delegación regional" del ejecutivo de Mariano Rajoy que como un gobierno autonómico, que evidencian que el presupuesto, cien días después de su aprobación, "o no era cierto o no había voluntad política de aplicarlo", porque persiste el cierre de servicios y la destrucción de empleo, un "binomio" que comenzó con la decisión de amortizar 202 plazas.

Ha destacado que se han "desmontado" prácticamente la mitad de los programas de servicios sociales dirigidos a la atención de personas en riesgo de exclusión y que como consecuencia de los recortes en los presupuestos generales del Estado, están en peligro proyectos de investigación del Instituto de Ciencias del Salud o del Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria -del que han sido despedidas cinco personas, una fija-, y 107 trabajadores serán despedidos del INAEM a lo largo de este año.

Alastuey ha denunciado que el actual consejero de Hacienda, José Luis Saz, sigue unas políticas de "oscuridad total" en materia de personal y con "absoluto desprecio a la negociación colectiva", porque no ha habido "una sola mesa de negociación seria" ni una comunicación de la administración.

Ante esta situación, CC. OO. y UGT exigen que el gobierno de Aragón convoque de manera urgente la mesa de negociación para que informe de sus planes reales en materia de personal y de sus consecuencias y que paralice cualquier despido o recorte de empleo.

De lo contrario, los sindicatos anuncian nuevas movilizaciones, entre ellas concentraciones en todos los servicios en los que se produzcan recortes de empleo e incluso evalúan la posibilidad de convocar a todos los trabajadores de la DGA periódicamente, en días fijos.