El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha dicho que hasta que no se produzca la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, en el plazo aproximado de un mes, no se conocerá el efecto de las cifras estatales en las cuentas autonómicas.

Por eso, durante una comparecencia en las Cortes de Aragón, ha rechazado de nuevo estimar cómo los presupuestos estatales podrían influir en los autonómicos hasta el punto de que éstos tengan que ser modificados.

"Los PGE afectarán a Aragón, no lo niego, pero hay que esperar a que estén aprobados definitivamente en el Congreso de los Diputados", ha enfatizado, para después insistir en que no sería bueno "anticiparse" respecto a unos datos "que todavía no existen".

En este sentido, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha ironizado con la posibilidad de que él mismo pudiera tener "más información" que el consejero, y que aunque no conoce las cifras exactas de los PGE al no estar aprobados definitivamente, sí que tienen acceso al proyecto inicial y a las enmiendas y, además, "podría levantar el teléfono y llamar al ministro".

A juicio de Soro, el consejero podría haber hecho "una aproximación" acerca de las cantidades que va a llegar a Aragón, teniendo en cuenta, ha vaticinado, las pocas enmiendas que van a prosperar de la oposición.

"Ya le adelanto que a nosotros -las del diputado de La Izquierda de Aragón Chesús Yuste, integrado en el Grupo de IU- no nos han aceptado ninguna".

Además, Soro ha considerado que "lo más triste" del asunto es que el responsable de Hacienda de Aragón "no pueda decidir cómo va a ser su presupuesto", y ha añadido: "Ojalá llegue un día en el que el consejero decida libremente cuál es este presupuesto, como hacen Navarra y País Vasco en función de unos derechos históricos que Aragón también tiene reconocidos".

Javier Sada, del PSOE, después de denunciar que el gobierno de Aragón anda "enrocado" y "paralizado", ha lamentado también su "autocomplacencia" cuando toma medidas que se demuestra que "no funcionan" y que, sin embargo, "siguen instalados en ellas".

A su juicio, los PGE son "un nuevo golpe a la línea de flotación del estado social y tienen un impacto directo sobre la economía y los ingresos".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, se ha interesado especialmente por el impacto que tendrá el recorte de 300 millones de euros que le corresponde aplicar a Aragón de los 10.000 anunciados por el Gobierno central para Educación y Sanidad, que la diputada del PP Yolanda Vallés ha insistido que no son un "recorte añadido" sino medidas de ahorro del gasto.

Barrena ha lamentado que el Gobierno de Aragón se apreste a "cumplir las órdenes de Madrid, que suponen "meter mano al autogobierno, vulnerar el Estatuto de Autonomía y poner en marcha el serrucho" para recortar servicios, cuyas consecuencias pagarán los aragoneses.

Por el PAR, Antonio Ruspira ha dicho que hay cierta "empanada mental" referida a los 10.000 millones de ajustes en Sanidad y Educación, y aunque ha dicho que es una decisión del Gobierno autonómico aplicar o no las medidas contenidas en los decretos del Estado, también ha reconocido que "está claro" que llevarían a "ahorrar costes".

Ha desgranado varias medidas adoptadas por el Gobierno central que afectan a las autonomías, también la reforma laboral, que más allá de otros efectos, ha dicho, "permitirá flexibilizar la gestión laboral del personal de la comunidad".