El presidente de Lares, José Ignacio Santaolalla, que agrupa a 900 residencias de mayores y centros de día, ha denunciado que los "recortes" que se están produciendo en las prestaciones sociales ha llevado a muchos centros a una situación "absolutamente insostenible".

Santaolalla, responsable de la Federación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para presentar el X Congreso Lares, que se celebrará en Zaragoza del 23 al 25 de mayo con el lema 'El arte de cuidar', con la asistencia de 450 profesionales.

Tres vías para los recortes

Ha agregado que cada comunidad autónoma es diferente, pero la tónica general es la existencia de recortes de la administración en tres vías, como son la reducción de prestaciones, la rebaja de los precios concertados y los impagos, ha explicado.

En concreto ha citado a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana, en las que en su opinión la situación es "absolutamente insostenible" y, a veces, "imposible de soportar", al no poder pagar a los proveedores.

"Con cerrar no se soluciona el problema", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que, aunque se pueda acabar dando menos prestaciones, se intenta no reducir la calidad a pesar de que "a medio plazo es imposible sostener la misma calidad con muchísimo menos dinero".

Por ello, ha reivindicado que se cumpla la Ley de la Dependencia y que se garanticen los derechos de los dependientes, además de que las entidades sin ánimo de lucro sean las primeras, antes que las mercantiles, en ofrecer esas prestaciones, con la garantía y financiación del Estado.

Recorte de prestaciones de la Dependencia

También ha recordado que más del 50% de las prestaciones de la Dependencia se destinen a las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar, que se ha convertido en la norma de la ley y un recurso que demandan las familias por la crisis económica y el desempleo.

A la administración le interesa porque supone una tercera parte del gasto de una plaza residencial y, aunque es una "opción buena y respetable" y que "no demonizamos", el problema a su juicio es el trasvase que está habiendo en este tipo de ayudas, algo que debería ser supervisado por los responsables.