El anuncio hace escasas fechas del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de que el Gobierno trabaja para ampliar la libertad de apertura de establecimientos comerciales en toda España ha abierto un debate que deberá ser cerrado próximamente. Se trata de una medida que afectaría tanto a la horquilla de horarios de apertura como a la posibilidad de trabajar fuera del calendario de festivos marcados por cada comunidad.

Las distintas asociaciones aragonesas de comercio minorista han trasladado al Ejecutivo de Rudi, a través de diversas reuniones, su punto de vista acerca de esta posibilidad, en la que cada Autonomía tiene la última palabra. Margarita Ballarín, vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), considera que "los festivos que tenemos en la actualidad son más que suficientes". Ballarían explica que "la demanda, con los horarios y el calendario actuales, está más que cubierta".

Cada región regula la apertura de establecimientos comerciales. En Aragón se fijó un máximo de ocho festivos al año, mientras que en Madrid son 22 y en el País Vasco, ninguno. Hay excepciones. Los pequeños comercios -de menos de 300 metros cuadrados-, los establecimientos con régimen especial (pastelería, pan, prensa, carburantes...) y las 'tiendas de conveniencia' (como el VIPS) tienen libertad horaria. Estos pueden abrir todos los días del año con el horario que estimen oportuno.

Fuentes del departamento de Economía de la DGA señalaron recientemente que "en Aragón no vamos a modificar la ley actual y continuaremos con la apertura de centros comerciales solo ocho festivos al año".

Las respuestas de los diferentes agentes han resultado similares en todas las comunidades autónomas. Mientras las grandes superficies parecen bastante cómodas ante un posible cambio de legislación, los pequeños comercios se cierran en banda ante esta posibilidad.

Esta situación se repite también en Aragón, donde los comerciantes se han opuesto de forma tajante a que la DGA adopte las medidas abanderadas por, entre otros, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien pretende poner en marcha en su Comunidad la Ley de Dinamización del Comercio Minorista bajo el pretexto de generar "más inversión y más empleo".

La OCU, a favor

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su conformidad con la propuesta encabezada por la Comunidad de Madrid, ya que afirma que los usuarios dispondrán así "de más tiempo para realizar sus compras y gozan de mayor capacidad de elección".

Para la OCU, el papel de la Administración en materia de apertura de comercios debería "limitarse a facilitar que aquellos comerciantes que deseen abrir, lo hagan, y que aquellos consumidores que deseen comprar, puedan hacerlo".