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Las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo han anunciado este lunes que suspenden su colaboración con el Servicio de Salud Aragonés y dejan de realizar esta prestación para la sanidad pública en esa comunidad autónoma al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros, sin que su Administración haya ofrecido "una salida viable" a los centros ni haya presupuestado ninguna partida en sus cuentas para 2012 para hacer frente a esa deuda.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explica que, "en estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país".

Los centros abordaron esta cuestión con el Ministerio de Sanidad en una reunión que mantuvieron la semana pasada con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos que, según las clínicas, no quiso abordar la cuestión al considerar que "no era el momento" ya que, según sus palabras, estaba funcionando con normalidad.

Al término de esa reunión, las ACAI señalaron también que Sanidad no descarta sacar el aborto de la cartera de servicios básicos ya que tiene previsto analizar cómo se está aplicando la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Las clínicas recuerdan que, tras la aprobación de esta ley y con el objetivo de atender la demanda de Aborto, los centros acreditados para la IVE han pasado a ser "de hecho" centros "públicos" a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. Sin embargo, las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están "asfixiándolas económicamente".

En el caso concreto de Aragón, señalan que la deuda de asciende a más de 800.000 euros "que a día de hoy la Consejería no solo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012".

Ante esta situación, ACAI asegura que los centros de Aragón "han intentado han manifestando de manera continuada su predisposición a encontrar una salida económica viable que no perjudique a las usuarias y que garantice a las mujeres su derecho a la prestación, sin que la Administración haya sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés".

Por ello y el pasado 15 de marzo, las clínicas Actur y Almozara, únicos centros que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron a la Administración mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración.

Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, explica ACAI, "y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales".

Dado que no ha habido desde entonces ningún cambio en situación, las clínicas consideran "insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable" por lo que, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo".

Los centros por su parte informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitando a las mismas toda la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración Aragonesa.

No obstante, precisan que seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, "si esté lo acepta", todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal.

La Asociación de Clínicas Acreditadas y de sus centros en Aragón expresa su intención de "llegar a una solución negociada con la Administración de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a sus centros" y recuerda a la Administración Aragonesa su obligación de facilitar el servicio y a garantizar la calidad y la gratuidad de la prestación a todas las mujeres que lo soliciten dentro del territorio.