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Reactivar la economía es el objetivo final. Y uno de los mecanismos para coseguirlo es cancelar las obligaciones que la Comunidad Autónoma tiene pendientes de pago con sus empresas proveedoras de bienes y servicios.

Por ello el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que el Gobierno de Aragón se adhiere al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las Comunidades Autónomas aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión del pasado 6 de marzo de 2012.

De este modo, se remitirán al remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del próximo 15 de abril, una relación de las obligaciones certificada por la Intervención General. "En el momento en que se empiece a ejecutar el plan, que puede ser en un plazo de dos meses, se ponen en el mercado y en manos de los proveedores 35.000 millones de euros, una operación gigantesca de financiación al sector privado, y eso es una magnífica decisión del Gobierno de España a la que nosotros nos adherimos como creemos que harán todas las Comunidades Autónomas", ha apuntado el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz.

Aragón reclamará al Estado en los tribunales 370 millones de euros

También este Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado la interposición de un recurso contencioso administrativo al Estado con el que reclamar 370 millones de euros por las mermas tributarias porque “este gobierno va a velar siempre por los intereses de los aragoneses, esté quien esté en el Gobierno Central, sea cual sea su color político. Entendemos que es positivo reclamar estas mermas y por ello seguimos con el compromiso adquirido. Lo hacemos los dos partidos que sustentan a este Gobierno porque consideramos que es justo reclamar esta deuda tributaria que debe ser pagada a Aragón”, según Roberto Bermúdez de Castro, Portavoz del Ejecutivo.