Siete residencias con sanción de cierre por deficiencias

Siete residencias privadas de mayores en Aragón tienen ya abierto un procedimiento sancionador por infracciones "muy graves", que conllevan el cierre del centro, aunque algunas de ellas se encuentran en periodo de alegaciones.

Así lo ha señalado la directora general de Bienestar Social y Dependencia, Cristina Gavín, durante su comparecencia, a petición del consejero del ramo, Ricardo Oliván, en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, quien a su vez ha pedido intervenir en el Parlamento para informar sobre la inspección de los centros sociales.

Gavín ha explicado que se ha iniciado un procedimiento "totalmente administrativo" a dichos centros, que se han reinspeccionado, pero no quiere decir que estén ya cerrados. De los siete expedientes de cierre abiertos a residencias, en dos casos no se han presentado alegaciones por lo que su cierre está pendiente de la firma del consejero, han explicado fuentes del Departamento, quienes han agregado que todavía podrían recurrir a los tribunales.

Estos centros, cuyos dueños, además de pagar una multa de 30.000 euros, quedarán inhabilitados para ejercer la misma profesión en Aragón, tienen un plazo de entre un mes y un año para recolocar a los afectados.

En el caso de que el dueño no les buscara sitio, un asunto en el que ya se está en conversaciones, serían los Servicios Sociales los encargados de reubicar a esas personas mayores, han agregado las mismas fuentes.

Durante la Comisión, la directora general también se ha referido a que quedan expedientes antiguos que pueden ser archivados o prosperar. En total, los procedimientos abiertos son 25, de los que quince lo fueron por un mal trato a los mayores y diez por cuestiones administrativas, cuya inspección se finalizará a finales del mes de marzo.

También en este mismo mes se aprobará el primer plan de inspección de centros de servicios sociales, ha agregado Gavín, quien le ha dado "mucha prioridad" a esta cuestión, para la que se ha creado una unidad específica. Durante su comparecencia, la directora general se ha referido a la descoordinación que se encontró a su llegada en la valoración a los dependientes y ha dicho que la ley fue paralizada por temas presupuestarios.

Tras afirmar que para el Departamento es un objetivo prioritario que los dependientes tengan reconocidos los derechos que les corresponden, ha querido dejar claro que ellos no han bajado la dependencia y ha informado de que actualmente hay 21.843 dependientes, pero que cuando llegaron al Gobierno en mayo había 27.475 beneficiarios.

Y de mayo a junio, según las estadísticas del Imserso, bajaron "de golpe" unos 3.000 beneficiarios de prestaciones, todavía con el anterior Ejecutivo, y que hasta ayer se ha bajado en un total 5.632, que son los fallecidos que "por alguna razón que se me escapa" no se dieron de baja entre 2007 y 2012, ha agregado.

Este año se han dado bajas de los años anteriores, mediante la comprobación de expediente a expediente por parte de la Dirección General, ha dicho, aunque ha reconocido que no han subido en dependencia debido al presupuesto que se encontraron y que no han dado ningún alta hasta que han podido. "No hemos dejado de trabajar en valoración" y los plazos de la misma están en los tres meses en cuanto a lo que les marca la norma, ha asegurado.

Asimismo ha informado de que entre los 21.843 dependientes aragoneses en las estadísticas del Imserso "no se encuentran" los 2.000 nuevos que el consejero ha dado de alta con fecha de ayer.

"No ha habido una epidemia en Aragón donde en seis o siete meses hayan fallecido 5.632 dependientes", ha dicho. La directora general ha hecho estas afirmaciones para contestar en concreto al diputado Alfonso Vicente, del PSOE, quien le había achacado una demora en la valoración de los dependientes y acusado de crear un "limbo" en el que se encontrarían entre 12.000 y 13.000 dependientes.

Vicente también se ha interesado por la situación real de las residencias privadas y si era necesario cerrarlas, mientras Patricia Luquin, de IU, se ha interesado por las personas que se encontraban en las mismas. Nieves Ibeas (CHA) ha preguntado por quién está marcando las líneas del plan estratégico de servicios sociales para 2012-2015, que según la directora general se aprobará hacia mitad de este año.