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El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha asegurado este martes que su departamento, y el Ejecutivo autónomo, «daremos todas las explicaciones que sean pertinentes» una vez que «sepamos qué expedientes están siendo objeto» de análisis por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza, si bien ha subrayado su «gran confianza» en los servicios técnicos y jurídicos de la administración aragonesa.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, el consejero Alfredo Boné se ha referido en estos términos a la información publicada por HERALDO que indica que la Fiscalía de Zaragoza ha detectado indicios de delito en 13 contratos del Gobierno aragonés de 2004 y 2005, contratos que suman un importe total de 479 millones, de los que 354,4 corresponderían al Plan Especial de Depuración del Instituto Aragonés del Agua, que depende de Medio Ambiente.

Boné ha señalado al respecto que «tenemos la información que conocemos por los medios de comunicación», ya que «ni nosotros como Departamento ni el Departamento de Presidencia, a quien hemos consultado, tienen información precisa», por lo que ha descartado realizar valoraciones «en ningún sentido» hasta que no conozcan al información con detalle.

No obstante, «lo que si puedo adelantar es que daremos todas las explicaciones que sean pertinentes», ha recalcado el consejero, para destacar que «confío mucho en los servicios técnicos y jurídicos no sólo del Departamento sino de la DGA».

En este sentido, ha explicado que «en planes como los que hacemos nosotros normalmente intervienen todos los servicios de la propia administración y a mí me han dado siempre una gran confianza», ha remarcado, para reiterar que «daremos todas las explicaciones oportunas cuando sepamos qué expedientes están siendo objeto de este análisis y cuáles son las razones por las que se están analizando».