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Diversos ámbitos de la vida social y política de nuestro país se han visto afectados por corruptelas de todo orden y condición en este año. 2011 ha dejado portadas de periódico que nadie habría acertado a imaginar hace tan solo unos años: el duque de Palma citado a declarar en un juzgado, un presidente autonómico imputado o una trama de malversación de fondos en la cúpula de una sociedad como la SGAE, entre otras noticias.

La trama Gürtel es, quizás, el proceso judicial más célebre de los últimos años, no solo por lo transnochado de algunos aspectos de la red de corrupción y porque sus ramificaciones que se extienden por toda España, sino sobretodo por los cargos públicos y políticos que se han visto implicados.

La causa de los trajes, como también se conoce a este caso aunque sea solo una parte de él, se ha llevado por delante a un presidente autonómico, Francisco Camps; a altos cargos del Partido Popular, como Ricardo Costa --secretario general de los populares valencianos-- o Luis Bárcenas --tesorero del PP, ya absuelto de la causa por falta de pruebas--; a varios diputados regionales --madrileños y valencianos--; y a varios alcaldes.

La investigación de la red de corrupción comenzó en febrero de 2009 y desde entonces ha estado en las primeras páginas de los medios de comunicación, sobre todo desde mediados del mes de diciembre, cuando en un banquillo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pudo ver a Camps y Costa dando explicaciones ante el juez de sus relaciones con la trama corrupta que dirigía Rafael Correa.

Otro político, en este caso exministro y exportavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hombre fuerte del PSOE, José Blanco, también tendrá que vérselas con la Justicia a lo largo de 2012. El pasado mes de noviembre comenzaban las investigaciones de la Operación Campeón. Blanco estuvo bajo sospecha desde el principio, pero la noticia de que el Tribunal Supremo investigará al exministro, porque apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias, no saltó hasta el 28 de diciembre. 

Pero la imputación que más expectación ha levantado, también la más reciente, ha sido la de Iñaki Urdangarin, duque de Palma, que tuvo lugar el pasado jueves. El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, citó al yerno de don Juan Carlos tras levantar el secreto de sumario de la investigación por presuntas irregularidades en el Instituto Nóos, que presidió hasta 2006, en el marco del caso Palma Arena.

En el caso Palma Arena también tuvo otros imputados de 'renombre', como el empresario televisivo José Luis Moreno o el arquitecto Santiago Calatrava.

Otra de las grandes tramas de corrupción descubierta este año ha sido la que tuvo lugar en la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE). En el marco de la operación Saga, el primer día del mes de julio, fueron detenido cuatro altos cargos de la SGAE entre los que estaba su presidente, Teddy Bautista, por un presunto desvío de fondos en la sociedad.

Bautista fue detenido y dos días más tarde quedó en libertad con cargos y sin fianza. El 12 de julio dimitió de su puesto como presidente de la SGAE, pero a finales del mes de octubre demandó a la institución por despido improcedente.

El mundo del deporte tampoco se ha librado de la cita con los tribunales. La atleta Marta Domínguez fue imputada como sospechosa de suministrar sustancias dopantes a otros deportista. Fue detenida en el marco de la Operación Galgo, una de las mayores redes de dopaje desmanteladas por las fuerzas de seguridad españolas.

La palentina fue exculpada de todos los cargos que se la imputaban, entre ellos un delito fiscal.

Corrupción en Aragón

La comunidad autónoma aragonesa tampoco se libró de las irregularidades en 2011. En marzo, funcionarios de distinto nivel de la DGA fueron imputados por su presunta participación en delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas y falsedad documental en el marco de la operación Minas.

El coordinador del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, dimitió de su cargo después de ser detenido y puesto en libertad por dos nuevos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Esas dos nuevas imputaciones se suman a las de tráfico de influencias y revelación de secretos que ya tenía el socialista, desde que hace tres años el mismo juzgado iniciara una investigación cuando era concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza a raíz de las escuchas telefónicas de la operación Molinos.

En mayo, la Policía Nacional registró el Ayuntamiento de Mallén. Su alcalde, Antonio Asín (PSOE), y tres tenientes de alcalde declararon al día siguiente del registro en calidad de imputados por presuntos casos de corrupción urbanística.

Asín obtuvo ocho concejales en las elecciones municipales del 22 de mayo, uno menos de los que tenía.