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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, ha confirmado que ha pedido su relevo al frente del organismo de cuenca porque, ha dicho a los medios de comunicación, "llega un momento en el que uno siente que las fuerzas no acompañan en la cantidad necesaria".

Alonso, tras la reunión que ha mantenido para preparar el inicio de la reversión de los terrenos expropiados para la construcción del embalse de Jánovas, ha confirmado a los medios que el proceso para su relevo, a petición propia, se ha iniciado ya, aunque "lógicamente" ha comenzado cuando lo ha determinado el Ministerio de Medio Ambiente.

Los años al frente de la CHE, ha agregado, han sido "muy interesantes, apasionantes, en los que ha habido mucho trabajo", porque al trabajo normal ha habido que añadirle la preparación de las riberas del Ebro para la Expo.

Alonso, que volverá a su puesto como funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, ha recordado que su primer acto como presidente de la CHE, puesto que ocupa desde mayo de 2004, fue asistir a la presentación de un libro sobre Jánovas y ha dicho que le "gustaría" que uno de los últimos fuera firmar el inicio del proceso de reversión de los terrenos expropiados.

Reversión de las expropiaciones

El presidente de la CHE se ha reunido con el director general de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, Ignacio Celaya, con el alcalde de Fiscal, Manuel Larrosa, y con la presidenta de la Asociación de Afectados por el embalse de Jánovas, Milagros Palacio, para coordinar el desarrollo del proceso de reversión de las tierras expropiadas y adquiridas por Endesa para la construcción de un pantano descartado definitivamente en febrero de 2001.

El próximo 10 de diciembre es la fecha fijada para que comience oficialmente el proceso administrativo de reversión a sus antiguos propietarios de los terrenos expropiados en 1961 para la construcción del pantano de Jánovas, cuya restauración iniciará la Confederación Hidrográfica del Ebro antes de fin de año.

Según la orden de expropiación forzosa publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca el 28 de diciembre de 1961, se trata de 151 propietarios de 1.290 fincas, con una superficie rústica de 498 hectáreas y de 42.858 metros cuadrados de superficie urbana en los términos municipales de Jánovas, Lavelilla, Lacort, Albella, Ligüerre de Ara, Javierre de Ara, Santa Olaria y Burgasé.

A partir del 10 de diciembre se comunicarán sus derechos a los propietarios, que tendrán un plazo de tres meses para presentar la documentación requerida.

Reunión con la empresa

Los afectados, ha explicado el presidente de la CHE, Jose Luis Alonso, a los medios tras la reunión, van a tener pronto una reunión con la empresa propietaria para hablar de asuntos como el precio de la reversión.

La presidenta de la asociación de afectados ha confirmado por su parte que aún no han hablado con la empresa, tampoco del precio que deberán pagar, y aunque confía en que las cosas van a ser "justas" al final, también ha asegurado que van a pedir "la recuperación de todo" lo que era suyo, porque tienen "derecho".

Los antiguos propietarios están "muy esperanzados" después de mucho tiempo esperando y desean "una reversión justa ante un destrozo que a la vista está que ha sido muy inútil".

Palacio ha advertido, no obstante, de que exigirán un plan de restitución "justo", con servicios esenciales para que los pueblos tengan vida después de muchos años en los que en la zona "no ha habido más que destrozos".

El organismo de cuenca empezará antes de fin de año el proyecto para restaurar la zona afectada por las obras que realizó la compañía eléctrica antes de que el pantano fuese descartado, como una ataguía para desviar el cauce del Ara y un túnel de desvío, que se taponará o, en su caso, podrá usarse como vía verde.

Según ha apuntado Alonso, ya se ha presentado el primer "esbozo" de estas actuaciones, que prevén la devolución del cauce a su estado original y fomentar el uso turístico de algunos de los edificios para aula de naturaleza, por ejemplo.

Por otro lado, se ha acordado que sea la dirección general de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón la que se encargue de coordinar la redacción y puesta en marcha del plan de restitución, una "obligación" de la sociedad, según Celaya, que considerará como afectados a todos aquellos que tuvieron que salir de su territorio, pero también a quienes se quedaron y que vieron cómo durante cincuenta años se dejó sin desarrollar esta zona pirenaica.

En el marco de un proceso participativo, ha agregado, todo el mundo podrá poner encima de la mesa sus propuestas para pactar entre todos "cómo quieren soñar su futuro" y poner en marcha proyectos "que les devuelvan la dignidad y les permitan un futuro".

También el alcalde de Fiscal, Manuel Larrosa, ha mostrado su satisfacción y ha formulado dos peticiones en relación con el proceso: que se limpien los pueblos de la maleza de "cuarenta años de abandono" y que se mejore la accesibilidad a estos núcleos.