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HISTORIA DE LA BANDA



Años 60


El grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna - País Vasco y libertad - (ETA) nació el 31 de julio de 1959 como una respuesta radical a la postura del PNV durante el franquismo. ETA fue fundada en Bilbao por José Manuel Aguirre, Julián Madariaga y Javier Imaz Garay y tomó los postulados nacionalistas del fundador del PNV, Sabino Arana. Sin embargo, la banda apostó por el extremismo y la violencia y añadió a su ideario la defensa del idioma vasco, el etnicismo, antiespañolismo y la independencia de los territorios, incluidos Navarra y las tres provincias históricas francesas: Labort, Baja Navarra y Sola.


En mayo de 1962 se celebró la I Asamblea en la que se decidió utilizar la muerte y el terror como vía para lograr una nación vasca independiente. Fue el inicio de los asesinatos y atentados. El 7 de junio de 1968, ETA mató al guardia civil José Pardines. El 2 de agosto, fue asesinado el policía franquista Melitón Manzanas. Fueron las primeras muertes de una larga lista que suma un total de 829 muertos: 343 civiles y 486 miembros de las fuerzas armadas y policiales.


El nacionalismo vasco, que hasta entonces se había mantenido a la sombra del PNV, reaccionó ante la banda terrorista con ambigüedad. Por un lado, se alzaron las voces que criticaban el uso de la violencia como vía para lograr la independencia del País Vasco. Sin embargo, un amplio sector de la población vio en ETA una ayuda para conseguir sus fines. El silencio cómplice ante el rastro de sangre de ETA fue la tónica dominante hasta los años 90, cuando las asociaciones de víctimas y grupos pacifistas tomaron las calles vascas.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 31 de enero de 1987Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 31 de enero de 1987, tras el atentado de ETA junto a San Juan de los Panetes


Años 70


En el año 74 tuvo lugar el primer atentado masivo de la banda. Una bomba estalló en una cafetería de Madrid y causó 12 muertos y 80 heridos. La gratuidad y salvajismo de la acción desató un debate en el seno de la banda, que produjo la primera escisión. Surgió ETA-militar, partidaria de la muerte y el asesinato como vía para lograr sus fines y ETA-políticomilitar, que buscaba la rebelión popular y la acción de masas. Al mismo tiempo, la banda se enfrentaba a una nueva situación política tras la muerte de Franco y el nacimiento de la democracia. Se hizo necesario revisar el ideario y aglutinar todas las organizaciones nacionalistas que fueron surgiendo en el País Vasco. Así, nació Koordinadora Abertzale Socialista (KAS).


En 1976, KAS anuncia los cinco nuevos postulados en la Mesa de Alsasua, que sirvieron durante más de 20 años para justificar ante sus filas los atentados masivos y asesinatos.


1. Amnistía de los presos que la banda terrorista consideraba "políticos".

2. Expulsión de las fuerzas policiales españolas. ETA las denominaba "fuerzas de ocupación".

3. Mejoras para los obreros. En este punto, los terroristas intentaban acercarse al movimiento social para ganar más apoyos.

4. Soberanía de Euskal Herría y creación de estructuras para conseguir los objetivos. Entre estas "estructuras" estaba la creación del partido Herri Batasuna. De esta forma, la banda terrorista se aseguraba la participación en las primeras elecciones democráticas.

5. Integración de los territorios que el nacionalismo vasco consideraba "históricos", Navarra y País Vasco francés.


La 'alternativa KAS' se mantuvo inalterable hasta 1998, cuando ETA firmó el pacto de Estella y volvió a revisar sus postulados.





Años 80


Durante los años 80, ETA llevó a cabo sus atentados más sangrientos e indiscriminados, en los que los muertos no solo fueron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, sino también civiles, incluidos niños. Doce muertos en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid (1986); 21 muertos en el supermercado Hipercor, en Barcelona (1987); 11 muertos en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza (1987), fueron el resultado de algunos de los atentados de la década. Las disensiones internas de la banda se saldaron con el asesinato de dos antiguos miembros, Dolores González 'Yoyes' y Miguel Solaun.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 15 de julio de 1986Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 15 de julio de 1986, tras el atentado en la Plaza de la República Dominicana de Madrid


En 1981 un sector duro ocupó el brazo militar e intensificó la lucha armada. El objetivo de este recrudecimiento era forzar las negociaciones con el Gobierno. La llegada del Partido Socialista al poder en 1982 favoreció los primeros encuentros, que se extendieron hasta bien entrada la década de los 90. El polémico debate sobre si era conveniente que España pactara con ETA y cediera ante el chantaje terrorista obligó a mantener en secreto los encuentros entre el Gobierno y la banda.


Los primeros contactos se produjeron en 1986 en Argel, donde se encontraba deportada la cúpula terrorista. El dirigente etarra Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', se reunió el 12 de noviembre con el director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, para discutir la 'alternativa KAS'. Tras la muerte de Txomin en un accidente de tráfico, el interlocutor de ETA fue Eugenio Etxebeste, 'Antxon', a quien se trasladó desde Ecuador, donde estaba deportado, a Argel. El 10 de agosto se entrevistó con el subsecretario de Interior, Rafael Vera, en compañía de los comisarios Manuel Ballesteros y Jesús Martínez.


La banda no aceptó la tregua que pedía el Ejecutivo y exigió que el Ejército entrara en las negociaciones, lo que distanció a ambas partes. En octubre los contactos continuaron en Argel. El comisario Manuel Ballesteros se entrevistó con Eugenio Etxebeste, 'Antxon'. El 7 de diciembre, la banda terrorista anunció que consideraba "satisfactorios" los contactos mantenidos en Argelia.


Sin embargo, el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, el 11 de diciembre, interrumpió el diálogo. Los continuos asesinatos y secuestros, como el de Emiliano Revilla en 1988, hicieron difíciles los encuentros con la banda, aunque el Gobierno socialista mantuvo su política de "tender puentes" y continuó, en secreto, con las conversaciones.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 12 de diciembre de 1987Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 12 de diciembre de 1987, tras el atentado a la casa cuartel de la avenida Cataluña


El 8 de enero de 1989, Vera y Antxon volvieron a reunirse en Argel. Las partes seguían debatiendo los postulados de la 'alternativa KAS'. En febrero de 1990, el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, manifestó que "la sociedad será generosa si ETA deja de matar y secuestrar durante seis meses". El atentado contra el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Mateo Lage, truncó la negociación.


Los contactos siguieron en secreto en Santo Domingo, donde un emisario de Interior y miembros de HB se entrevistaron con Antxon en agosto y octubre de 1990. En abril de 1991, el Gobierno propuso a la banda negociar en Suecia si ETA mantenía una tregua de dos meses. La banda respondió que haría la tregua si Vera viajaba a Santo Domingo para entrevistarse con Antxon. Asimismo, exigía que el Gobierno incorporase a otros representantes y suscribiera públicamente los acuerdos de Argel. El Ejecutivo se negó, lo que puso fin a las negociaciones.

Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 30 de marzo de 1992Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 30 de marzo de 1992, tras el arresto de Pakito, Fiti y Txelis en Bidart


Años 90


Los años 90 supusieron el inicio de duros golpes policiales contra ETA. En 1992, la Policía francesa detuvo en Bidart a la cúpula de la banda, formada por Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito', José Arregi Erostarbe, 'Fiti', y José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis'. Hasta entonces se había detenido a los "mandos intermedios", destinados a sustituir a los dirigentes. Sin embargo, tras la detención de la "troika", ETA se encontraba con sus mandos altos e intermedios en la cárcel. Todo indicaba que, por primera vez desde la llegada de la democracia, ETA iba a ser derrotada policialmente.


Su facilidad para reorganizarse le llevó a recomponer la dirección y el soporte civil. La salida rápida era la violencia callejera organizada, utilizada como arma desestabilizadora. Aparecieron los grupos violentos "X", encargados de los destrozos callejeros, "Y", que preparaban pequeños atentados, y los grupos "Z", responsables de coches bomba y asesinatos.


La década de los 90 también significó la intensificación de la respuesta social contra ETA en el País Vasco. Hasta entonces, las amenazas y el terror habían impedido a los ciudadanos alzar su voz contra los asesinatos de ETA. El asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, en el que los terroristas pusieron fecha y hora a la ejecución del concejal del PP de Ermua, causó una honda indignación social y precipitó masivas manifestaciones de protesta no solo en las distintas ciudades españolas, sino también en el País Vasco. Por primera vez, los ciudadanos se atrevieron a acudir a las sedes de Herri Batasuna para gritar "asesinos" a los miembros del brazo político de ETA.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 13 de julio de 1997Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 13 de julio de 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco


Desde el inicio de la democracia, el nacionalismo radical no había estado nunca tan acorralado. La postura de Herri Batasuna fue intentar separarse, ante la opinión pública, de ETA. El PNV inició un doble juego mediante pactos secretos con la banda y reuniones públicas con los radicales con el fin de acercar el brazo político de ETA a su seno. Estos acuerdos provocaron la ruptura del Gobierno vasco, formado por PNV y PSOE, y aumentaron más, si cabe, la brecha política en la Comunidad.


ETA vivía sus horas más bajas y su salida fue pactar, el 16 de septiembre de 1998, una tregua con el fin de ganar tiempo para rearmarse y capear el temporal social que se vivía en el País Vasco. Fueron 439 días sin pistolas ni bombas, en las que las negociaciones se producían en secreto, pero a ritmo trepidante. Euskal Herritarrok (EH), logró sus mejores resultados electorales. Mientras, el Gobierno autorizó contactos con la banda terrorista y el Congreso pidió mayor flexibilidad en la política penitenciaria.


¿Qué precipitó el fin de la tregua más larga de ETA? Según informó la propia banda terrorista en su comunicado del 28 de noviembre de 1999, los partidos PNV y EA habían roto el acuerdo secreto rubricado en el mes de abril. En él, se comprometían a ampliar los puntos recogidos en el Pacto de Estella-Lizarra. Entre estos objetivos destacaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la necesidad de un diálogo abierto. En este acuerdo secreto entre partidos que seguiría a dicho pacto, ETA obligaba a PNV y EA a abandonar sus relaciones con partidos españoles, "que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herría" y lograr una estructura institucional única y soberana que acogiera todos los territorios vascos. Sin embargo, el PNV y EA rompieron los acuerdos. Según declaró el PNV tras el fin de la tregua, "ETA no es quién para condicionar el proceso político vasco".


El fin de la tregua trajo consigo más asesinatos y un clima político más tenso. Interior informó de que ETA utilizó la tregua para rearmarse y organizar sus comandos, por lo que se descartaba cualquier tipo de acercamiento o conversación con la banda.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 7 de mayo de 2001Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 7 de mayo de 2001, tras el asesinato de Manuel Giménez Abad


Últimos años


A pesar de los intensos golpes policiales y el desmantelamiento de las cúpulas etarras, la banda conseguió sobrevivir y continuó derramando sangre de manera indiscriminada. El "alto el fuego permanente" que la banda comunicó el 22 de marzo de 2006 abrió una nueva esperanza para el fin de la violencia, pero se truncó tras el atentado del 30 de diciembre de 2006 y la ruptura de la tregua anunciada el 5 de junio de 2007.


El 20 de mayo de 2008 en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, fueron detenidos en Burdeos cuatro integrantes de la cúpula de ETA, entre los que se encontraba el número uno, Francisco Javier López Peña 'Thierry'. A finales del mismo año, la lucha policial se intensifica y la cúpula de la banda terrorista vuelve a caer en dos ocasiones en un espacio de tan solo tres semanas. Mikel Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' y Aitzol Iriondo son detenidos.


Desde el fin del alto el fuego en 2007, ETA asesinó a nueve personas. La última de ellas, el 16 de marzo de 2010, fue un gendarme francés.

El 5 de septiembre de 2010, y por medio de un comunicado publicado por la cadena británica BBC, ETA anunció un nuevo alto el fuego, que se convertiría en "permanente, general y verificable por observadores internacionales", desde el 10 de enero de 2011.


En octubre de 2011 se celebró la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián y, tan solo tres días después, y apelando a sus conclusiones, ETA anunció "el cese definitivo de su actividad armada". Tanto el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, aseguraron que era una gran noticia e incidieron en que no se había realizado ninguna concesión política.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 21 de octubre de 2011Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 21 de octubre de 2011, con el anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia


Fue el 17 de marzo de 2017 cuando la banda terrorista anunció su desarme definitivo, que se produjo el 8 de abril de 2017 cuando intermediarios civiles comunicaron a las autoridades francesas la localización exacta de los zulos en los que ETA guardaba su arsenal. Por este motivo, desde el Gobierno ratificaron la necesidad de que la banda anunciara su "disolución definitiva", al tiempo que aseguraban que no iban a realizar concesiones a los presos etarras.

ORGANIGRAMA Y FINANCIACIÓN


La máquina de matar de ETA requería grandes cantidades de dinero para sobrevivir y un rígido organigrama en el que solo algunos miembros tenían el poder de decisión.


ETA se organizaba en torno a una Asamblea Nacional, a la que acudían los comités ejecutivos y los etarras "liberados". Los miembros de la banda no tenían los mismos derechos de decisión y solo los activistas ejercían el mando.


Del Comité Ejecutivo dependía el aparato militar, logístico y económico de la banda. El brazo militar ejecutaba los atentados. El logístico conseguía artefactos y el resto de materiales, organizaba cursillos y preparaba los zulos. El aparato político se encargaba de elaborar y escribir las publicaciones internas de la banda.


Además, por debajo del comité estaban los responsables de las finanzas y la seguridad, que daban acogida a los presos fugados, así como a los terroristas después de perpetrar un atentado.




Los activistas tenían apoyos en los "liberados". Estos eran el último escalafón de la banda. Se conoce como "liberados" a los militantes refugiados en el sur de Francia y "liberados legales" a los miembros de ETA que compaginaban las actividades en la banda con su vida diaria. Una variedad de liberado era el "quemado", miembros de ETA puestos en libertad después de ser detenidos.


Las principales fuentes de ingresos de ETA eran el "impuesto revolucionario", los rescates solicitados tras los secuestros y el blanqueo de dinero. Según un informe de la Ertzaintza, en 1996 ETA necesitaba 15 millones de pesetas diarios y 5.400 anuales para su supervivencia.


El "impuesto revolucionario" consistía en el envío de cartas amenazadoras a empresarios en las que la banda fijaba una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra la vida del destinatario o de su familia. En caso de no pagar a tiempo, ETA cobraba intereses de demora. La cantidad de dinero variaba según las posibilidades de cada empresario.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 2 de julio de 1997Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 2 de julio de 1997, tras el fin del secuestro de Ortega Lara


Los secuestros eran otro de los métodos de la banda. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, empresarios como Cosme Delclaux o Emiliano Revilla llegaron a pagar hasta 1.500 millones de pesetas por su liberación. Ambos estuvieron secuestrados casi un año por la banda. En total, ETA secuestró a 77 personas a lo largo de su historia. Los más largos fueron:


· José Antonio Ortega Lara: funcionario de prisiones en Logroño. Secuestrado el 17 de enero de 1996. Fue liberado tras pasar 532 días en un zulo.

· José María Aldaya: empresario vasco retenido el 8 de mayo de 1995. Liberado 342 días más tarde.

· Emiliano Revilla: empresario soriano capturado el 24 de febrero de 1988. Su secuestro duró 249 días.

· Cosme Delclaux: empresario secuestrado el 11 de noviembre de 1996. Su tortura duró 233 días.

· Julio Iglesias Zamora: ingeniero secuestrado el 5 de julio de 1993. Su retención duró 116 días.

· Luis Súñer: el empresario estuvo privado de libertad durante 91 días. El secuestro se perpetró el 13 de enero de 1981.

· Adolfo Villoslada: ingeniero secuestrado el 24 de febrero de 1989. Estuvo 84 días privado de libertad.

· Diego Prado y Colón de Carvajal: presidente de una entidad bancaria secuestrado el 25 de marzo de 1983. Fue liberado 73 días después.


ETA también desarrolló una trama empresarial para blanquear dinero y captar beneficios. En 1992, la red llegaba a mover hasta 2.000 millones de pesetas anuales, repartidos en países como Cuba, Panamá, Venezuela o Cabo Verde. La Fiscalía alemana también relacionó a la banda con el contrabando de tabaco. La Audiencia Nacional llevó a cabo distintas acciones judiciales contra el entramado financiero, desmantelando empresas paralelas a la coordinadora KAS y numerosas herriko tabernas.




España ha luchado contra el terror de ETA mediante operaciones policiales que han logrado desmembrar la banda y poner contra las cuerdas a los asesinos. La lucha antiterrorista estuvo presente desde los primeros atentados y apareció como departamento en 1974, durante la investigación del atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco. La introducción del topo Mikel Lejarza en la cúpula de ETA permitió su traslado a Madrid y la posterior detención de dos comandos en 1975. Dos años después, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, dio luz verde al Mando Único de la Lucha Contraterrorista. Los medios todavía eran rudimentarios y se basaban en chivatazos y entrevistas con arrepentidos, así como la información que obtenía de los interrogatorios a detenidos.


En los primeros años de lucha contra ETA, España estaba sola frente a la pasividad de sus vecinos y, en especial, de países latinoamericanos. México, Venezuela y Uruguay eran refugio de terroristas buscados por las fuerzas de seguridad y en numerosas ocasiones negaban a España el derecho de extradición. En estos países, la población española exiliada tras la Guerra Civil tenía un gran peso social. Así mismo, eran numerosas las colonias de inmigrantes vascos, muchos de ellos relacionados con el PNV, que dejaron España durante la represión política del franquismo.


Mientras, Francia se convirtió durante años en un "santuario" etarra. Tanto el país galo como Bélgica practicaron una política de asilo que permitió a dirigentes etarras refugiarse y escapar así de la Justicia española. Francia mantuvo una visión "romántica" de la banda como grupo separatista, que se vio reforzada durante la "guerra sucia". Los etarras lograron "residencia" primero en el País Vasco francés y, más tarde, en Las Landas.


La percepción de ETA como banda terrorista cambió en Europa y Latinoamérica gracias a una intensa campaña iniciada por el Gobierno socialista para mostrar la violenta realidad de ETA y la insoportable situación en la vida política española, con amenazas y asesinatos a políticos. Asimismo, Francia cambió sus posiciones a mediados de los 80, lo que permitió grandes avances en la lucha antiterrorista, con la expulsión de etarras de su territorio.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 22 de diciembre de 1999Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 22 de diciembre de 1999, tras la incautación de la Guardia Civil de una furgoneta con una tonelada de explosivos


El punto de inflexión en la cooperación antiterrorista con Francia fueron las detenciones que tuvieron lugar en Bidart el 29 de marzo de 1992, meses antes de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. La banda fue decapitada, lo que supuso un espaldarazo a la lucha antiterrorista, que logró importante información sobre los métodos de organización y sus vías de financiación. La banda quedó muy debilitada e incluso pidió una tregua de dos meses, con el fin de rearmarse. El diálogo con el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, no se materializó y ETA volvió a atentar en 1993.


La operación en Bidart puso en evidencia la necesidad de que Francia adoptase medidas que evitaran la proliferación en su territorio de santuarios terroristas y empresas destinadas al blanqueo de dinero. Además, las buenas relaciones económicas entre ambos países, sobre todo durante la construcción del AVE entre Madrid y Sevilla, favorecieron las operaciones en tierras francesas y el consiguiente debilitamiento de la banda.



LA BATALLA JUDICIAL CONTRA ETA


La lucha antiterrorista se amplió en los últimos años a través de reformas en el Estado de Derecho que permitieron ahogar política y económicamente a la banda. Los atentados del 11-S también contribuyeron a incluir a ETA entre los grupos terroristas con conexiones internacionales, lo que permitió congelar los fondos de la banda en países como Venezuela, Cuba o Panamá.


El fin de la tregua de ETA en 1999 supuso un cambio en la dirección de la lucha antiterrorista desde los partidos políticos. El Partido Popular y el PSOE firmaron el 12 de diciembre de 2000 el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido como pacto antiterrorista, en el que pedían a PNV y EA el abandono del Pacto de Lizarra, suscrito con ETA, y su reincorporación en el "marco de unidad de los partidos democráticos". Uno de los puntos principales de este acuerdo suponía la posibilidad de introducir reformas legales que permitieran una lucha más activa contra el terrorismo.


Esta unidad entre PP y PSOE permitió la reforma del Código Penal y la creación de una nueva Ley de Partidos que permitía luchar contra ETA desde todos los frentes. A pesar de la "impopularidad" de algunas reformas y las duras críticas de la sociedad vasca a las medidas, PP y PSOE se comprometieron a no usar esta lucha como arma política y a impulsar las reformas sin fisuras.


La primera de las medidas se cristalizó a finales de 2002, cuando el Gobierno anunció una Ley de endurecimiento de las penas que preveía el cumplimiento "efectivo" de las sentencias en caso de delitos de terrorismo, que podían ser de hasta 40 años. De este modo, los acusados no podrían acceder a beneficios penitenciarios a no ser que se produjera un "arrepentimiento activo", como el abandono de la lucha armada y la colaboración con la Justicia. La Ley también incluía la posibilidad de que Hacienda investigara en el patrimonio etarra con el fin de lograr fondos para la indemnización a las víctimas de terrorismo.


A pesar de la oposición del Gobierno vasco, la Ley fue aprobada el 29 de mayo de 2003 por el Congreso de los Diputados, junto a la reforma de la Ley Penitenciaria, que impedía a los presos de ETA cursar estudios en la Universidad del País Vasco. CiU, IU, PNV, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Chunta Aragonesista rechazaron la reforma, coincidiendo en que la nueva Ley vulneraba el precepto constitucional en el que el objetivo de la prisión es la reinserción de los delincuentes.

Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 20 de junio de 1987Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 20 de junio de 1987, tras el atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona



LOS ATENTADOS MÁS SANGRIENTOS


A lo largo de su historia ETA llevó a cabo numerosos atentados. Entre los que se cobraron un mayor número de vidas destacan los siguientes:


· 13 de septiembre de 1974: Estalló un artefacto en la cafetería 'Rolando', en Madrid. 12 civiles murieron y 80 resultaron heridos.


· 29 de julio de 1979: ETA colocó artefactos en dos estaciones de tren de Madrid. Fallecieron cinco civiles, un guardia civil y un miembro de la Policía Nacional.


· 14 de julio de 1986: Un coche bomba estalló en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Murieron 12 miembros de la Guardia Civil.


· 19 de junio de 1987: La banda hizo estallar un coche en el aparcamiento del centro comercial Hipercor, en Barcelona, causando la muerte de 21 civiles y heridas a otros 45.


· 11 de diciembre de 1987: ETA colocó un coche bomba en la Casa Cuartel de Zaragoza. Fallecieron 11 personas, entre ellos 4 niños.


· 29 de mayo de 1991: Un atentado en la Casa Cuartel de Vic, en Barcelona, acabó con la vida de 10 personas.


· 21 de junio de 1993: Murieron seis militares y un civil al explotar un coche bomba al paso de una furgoneta militar en Madrid. Otras 36 personas resultaron heridas.


· 11 de diciembre de 1995: ETA hizo estallar un coche al paso de un furgón militar en Vallecas (Madrid) causando la muerte de 6 civiles que trabajaban para la Armada.






La guerra sucia contra ETA fue uno de los episodios más tristes y oscuros de las fuerzas de seguridad españolas. Altas autoridades y cargos de la Guardia Civil se vieron salpicados por un escándalo en el que el lavado de dinero, la corrupción y los asesinatos se unieron a la lucha antiterrorista. Estuvieron implicados el Ministerio del Interior, a través de su Secretaría para la Seguridad, el cuartel guipuzcoano de la Guardia Civil de Intxaurrondo, su general Enrique Rodríguez Galindo, y la Policía de Bilbao, de donde salieron los agentes Amedo y Domínguez, encargados de contratar a los mercenarios que ejecutaron los asesinatos y secuestros.


Los principales ejecutores de la guerra sucia fueron los Grupos Terroristas de Liberación (GAL), que inicialmente se hicieron pasar por organización terrorista. Los GAL aparecieron entre los años 1984 y 1986, durante los cuales perpetraron hasta 23 asesinatos contra miembros y simpatizantes de ETA en territorio vascofrancés. Su primer golpe de efecto tuvo lugar en octubre de 1983, con la desaparición y posterior asesinato de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. La investigación de este crimen llevó, años más tarde, a desmantelar la guerra sucia del Gobierno a ETA, en la que los GAL eran financiados con fondos reservados de Interior.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 22 de marzo de 1995Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 22 de marzo de 1995. Las autopsias confirmaban que los cuerpos encontrados enterrados en cal viva pertenecían a Lasa y Zabala

En 1984, los GAL secuestraron por error al empresario Segundo Marey. Mientras, confidentes de la Policía señalaban a altas esferas del Gobierno como responsables de asesinatos como el del miembro de Herri Batasuna Santiago Brouard. El 2 de febrero de 1986, los GAL cometieron su última acción terrorista y asesinaron por error a los ciudadanos franceses Cristophe Matxikote y Catherine Brion. Ese mismo mes de febrero, varios mercenarios fueron detenidos en París y declararon haber sido contratados por policías españoles.


En el centro de todas las actividades de los GAL aparecían los policías de la Comisaría de Bilbao, José Amedo y Míchel Domínguez, encargados de reclutar a mercenarios en Francia, España y Portugal. Una antigua novia de Amedo implicó a más altos cargos policiales, como Miguel Planchuelo. En febrero de 1988, Baltasar Garzón se hizo cargo de la investigación y envió a Amedo y Domínguez a prisión. Garzón intentó desentrañar el organigrama de los GAL, en el que se incluyó a los más altos cargos del Ministerio de Interior y se señaló con una "x" al cerebro de la trama.

En julio de 1991, José Amedo y Míchel Domínguez fueron sentenciados a 108 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. En diciembre de 1994, se hicieron públicas las confesiones de los dos expolicías, que sirvieron para implicar al exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, al exdirigente de los socialistas vascos, Ricardo García Damborenea, al ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, Francisco Álvarez, y al comisario jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo. El Gobierno había pagado a Amedo y Domínguez 200 millones de pesetas de los fondos reservados. Estos fondos eran controlados por el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. El ministro de Interior en ese momento era José Barrionuevo.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 30 de julio de 1998Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 30 de julio de 1998, tras la condena del Tribunal Supremo a Vera y Barrionuevo


Pero el segundo escándalo estaba por destaparse. El 1995, la Guardia Civil investigó al general Enrique Rodríguez Galindo, responsable del cuartel de la Guardia Civil de San Sebastián, en Intxaurrondo, por el asesinato de Lasa y Zabala. Era, precisamente, el cuartel con más éxitos en las detenciones de etarras y desarticulación de comandos. En septiembre de ese mismo año se publicaron los famosos "papeles del CESID", que implicaban al equipo de Galindo en Intxaurrondo en la muerte de los "refugiados" vascos. Según esos informes, el CESID tenía planeado el secuestro de Josu Ternera en Francia y utilizaron como cobayas a tres indigentes en Madrid para probar un anestésico que pensaban utilizar con el dirigente etarra.


La guerra sucia fue un grave retroceso para la lucha antiterrorista y perjudicó la imagen de los cuerpos de seguridad ante la opinión pública. Sin embargo, en los últimos años, el éxito de las operaciones policiales permitió recuperar la confianza y mantener el pulso contra ETA desde la legalidad.







EL PACTO DE AJURIA ENEA


El primer acercamiento político en el País Vasco para lograr un frente común contra el terrorismo fue el Pacto de Ajuria Enea, firmado el 12 de enero de 1988 por los partidos nacionalistas y no nacionalistas, con excepción de Herri Batasuna.


El pacto de Ajuria Enea se abría con una serie de ideas cautelares en las que se explicaba la necesidad de un pacto democrático contra el terrorismo. La creación del Estatuto de Guernica dio al País Vasco una nueva vía para lograr los niveles de autogobierno que solicitaban, deslegitimando así la lucha armada y la violencia política.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 13 de enero de 1988Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 13 de enero de 1988, con la noticia de la firma del Pacto de Ajuria Enea


Los 17 puntos del pacto de Ajuria Enea eran:


1. Rechazo de la violencia y de su pretensión para expresar la voluntad del pueblo vasco.

2. Aceptación y futuro desarrollo del Estatuto de Guernica.

3. El Gobierno vasco encabezará toda acción política y social contra la violencia.

4. Necesidad de que la acción policial contribuya a la erradicación del terrorismo.

5. Promover la colaboración internacional entre Gobiernos para la erradicación de la violencia.

6. Velar porque la lucha contra el terrorismo se produzca dentro de la legalidad.

7. Llamamiento a los que utilizan la violencia para que renuncien a ella y se incorporen a los cauces democráticos.

8. Llamamiento a los que ostentan representación parlamentaria y no ejercen sus derechos que defiendan desde ellas los planteamientos políticos.

9. Apoyo a las vías de reinserción para aquellos que decidan abandonar la violencia.

10. Si se producen las condiciones para un final de la violencia, apoyo a los procesos de diálogo.

11. Derogación de la legislación especial contra el terrorismo.

12. Apoyo a las ayudas para las víctimas de atentados y sus familiares.

13. Medidas para paliar las consecuencias de la crisis económica en el País Vasco, agudizada por la violencia.

14. Llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que trabajen por la tolerancia y el respeto.

15. Invitación a todas las instituciones vascas a que se sumen a este acuerdo.

16. El contenido del acuerdo se trasladará al Gobierno y los partidos firmantes.

17. Garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, con el lendakari como líder del proceso.


Los firmantes fueron Julen Guimón Ugartechea (Alianza Popular), Alfredo Marco Tabar (Centro Democrático y Social), Kepa Aulestia Urrutia (Euskadiko Ezkerra), Xabier Arzalluz Antía (Partido Nacionalista Vasco), José María Benegas Hadad (Partido Socialista de Euskadi - PSOE) y el lendakari vasco José Antonio Ardanza Garro (PNV).

Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 1 de diciembre de 1998Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 1 de diciembre de 1998, con la noticia de los diálogos entre el Gobierno y ETA para acabar con el conflicto armado



EL PACTO DE ESTELLA-LIZARRA


El 12 de septiembre de 1998 se firmó en Lizarra el pacto de Estella, en el que intervino, por primera vez, el brazo político de ETA, Euskal Herritarrok (EH). El País Vasco vivía una situación inédita desde el inicio de la democracia. Por primera vez, los ciudadanos pedían a ETA que dejase de matar y señalaba a EH como responsable de los asesinatos de la banda. PNV, EH y la propia ETA utilizaron el pacto de Estella para superar la tensión política y social.


Por un lado, la banda terrorista pasaba por horas muy bajas. A la presión policial se unía el clamor social que, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, había perdido el miedo y pedía que los asesinos entregasen sus armas. ETA necesitaba tiempo para reorganizar la banda y cambiar su rostro ante el sector social que hasta entonces había apoyado o aceptado de manera cómplice la violencia. Para ello, propuso un acuerdo secreto con el nacionalismo vasco y aceptó una tregua-trampa que se extendió durante más de un año. Ese acuerdo secreto, firmado en agosto de 1998, obligaba a los nacionalistas a romper relaciones con los partidos españolistas (PSOE y PP), justo en el momento en que el PNV formaba equipo de gobierno gracias al apoyo del PSOE. Tras la ruptura, y mediante una unión de fuerzas nacionalistas, los firmantes de Estella pretendían llegar a un referéndum que aprobase la autodeterminación en el País Vasco.


El PNV vio en la situación política una oportunidad para separar a EH de las garras de ETA y ofrecer a los ciudadanos una nueva imagen del nacionalismo vasco, más dialogante y unido que nunca. Mientras, intentaba seguir jugando su baza con los partidos no nacionalistas, lo que provocó la ruptura del acuerdo con ETA y la posterior vuelta a las armas de la banda terrorista.


EH, por su parte, también hizo un doble juego político. Mientras intentaba convencer a su electorado de la separación entre el partido y los terroristas, la realidad era que EH seguía siendo el brazo político de ETA y era utilizado por la banda para lograr la soberanía vasca y la exclusión española. Muchos ciudadanos confiaron en la nueva imagen del partido y dieron a EH los mejores resultados de su historia en las elecciones locales de 1999.




Contenido del pacto de Estella / Lizarra:


1. Los firmantes del pacto proponen aplicar en el País Vasco los acuerdos de Viernes Santo en Stormont, Irlanda del Norte. Según se afirma, el conflicto irlandés se solucionaba porque ninguna parte pretendía ser vencedor militar y todos apostaron por la "reflexión". El diálogo fue fundamental para sacar adelante el proceso.


2. Los firmantes consideran que existe una "potencial aplicación" de este ejemplo en el País Vasco. Afirman que el conflicto histórico tiene una naturaleza política y puede resolverse políticamente. La resolución solo puede plasmarse a través de un proceso de diálogo y negociación abierto, en un momento de ausencia de expresiones de violencia.


3. El pacto de Lizarra propone un referéndum para que el pueblo vasco tenga la última palabra en el camino hacia la autodeterminación.

EL PACTO DE LOYOLA


En 2006, Jesús Eguiguren, presidente del PSE, y Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, que habían mantenido contactos discretos durante los años previos, concluyeron que era necesario arrancar el diálogo político, aunque con ello incumplieran la premisa "primero la paz y después la política". Ambos acordaron también la incorporación del PNV, en la persona de su entonces presidente, Josu Jon Imaz, a las conversaciones, convencidos de que sin su participación cualquier acuerdo carecería de valor.


Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 26 de octubre de 2006Portada de HERALDO DE ARAGÓN del 26 de octubre de 2006, tras tras el apoyo de la Eurocámara al diálogo con ETA


El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el previo conocimiento del presidente Rodríguez Zapatero, autorizó los encuentros y situó en la delegación socialista a Rodolfo Ares, secretario de Organización del PSE y persona de su máxima confianza. Otegi incorporó a la representación de los radicales vascos a Rufi Etxeberria y a Olatz Doñabeitia, que posteriormente sería sustituida por Arantza Santisteban, e Imaz hizo lo propio con Íñigo Urkullu, entonces líder del partido en Vizcaya.


Los encuentros en el santuario jesuita de Loyola se prolongaron durante todo el mes de octubre de 2006, hasta que las partes consensuaron un texto y se emplazaron para su firma el día 25 del mismo mes. El documento pactado, que llevaba por título 'Bases para el diálogo y el acuerdo político', abría con una introducción en la que PSE, PNV y Batasuna reconocían que la sociedad vasca vivía un momento histórico y se comprometían a "estar a la altura de las circunstancias para poner fin a un periodo de nuestra historia reciente caracterizado por el enfrentamiento y el sufrimiento".


Las dos reivindicaciones clave de la izquierda 'aberzale', la territorialidad y el derecho a decidir, aparecían recogidas de manera ambigua en el texto, sin aludir de manera explícita a la independencia o a la unión del País Vasco y Navarra en una sola comunidad, pero sin excluir ambas posibilidades.


Sin embargo, las exigencias de la banda para modificar algunos aspectos del documento acabaron por arruinar el que por muchos fue el intento más firme de acabar con la violencia de manera dialogada.